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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 15/02/2026 13:38
El nuevo esquema impulsado por el gobierno busca modernizar el mercado de trabajo y reducir costos para las empresas. Pero detrás del discurso de flexibilización y competitividad, crecen las críticas por el debilitamiento de garantías laborales y la precarización encubierta. *Por AF para Confirmado La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei marca uno de los cambios más profundos en la regulación del trabajo en las últimas décadas. Bajo el argumento de estimular la contratación y eliminar rigideces del sistema, el Ejecutivo avanzó con una batería de medidas que modifican la relación entre empleadores y trabajadores. Como ocurre con toda transformación estructural, el impacto no es uniforme. Hay aspectos que el oficialismo presenta como avances necesarios para reactivar la economía, pero también puntos que despiertan preocupación por el retroceso en derechos laborales conquistados durante años. Lo que el Gobierno celebra Entre los principales cambios que el oficialismo defiende aparece la reducción de costos asociados al empleo formal. La lógica es clara: si contratar es más barato y menos riesgoso, habrá más puestos de trabajo. También se flexibilizaron mecanismos de contratación y desvinculación, con mayor margen para acuerdos individuales entre empleador y trabajador. Para las empresas especialmente pymes esto representa menos carga administrativa, menor litigiosidad potencial y mayor previsibilidad frente a conflictos laborales. Otro eje central es la promoción de esquemas alternativos de contratación, con modalidades más adaptables a la estacionalidad o a proyectos específicos. El Gobierno sostiene que esto facilita la incorporación de trabajadores que antes quedaban fuera del sistema formal. En el plano discursivo, la reforma se presenta como un intento de sincerar un mercado laboral que llevaba años estancado, con altos niveles de informalidad y baja generación de empleo privado. Lo que preocupa y mucho Sin embargo, la otra cara de la reforma es más áspera. El abaratamiento del despido y la ampliación de figuras contractuales más flexibles son señalados por especialistas y sectores sindicales como un incentivo a la rotación laboral y a la pérdida de estabilidad. La lógica de reducir costos empresariales puede traducirse, en la práctica, en menor poder de negociación para los trabajadores. Cuando el empleo se vuelve más fácil de reemplazar, el margen para exigir mejoras salariales o condiciones dignas se reduce. También genera alarma el desplazamiento de la negociación colectiva hacia acuerdos individuales. En contextos de desigualdad estructural entre empleador y empleado, esa libertad de pactar no siempre es simétrica, y puede terminar funcionando como una formalización de relaciones laborales más frágiles. Otro punto crítico es el riesgo de expansión de formas de trabajo que, aunque legales, se acerquen peligrosamente a la precarización: menor protección social, mayor inestabilidad y una transferencia del riesgo económico desde la empresa hacia el trabajador. ¿Modernización o retroceso? El debate de fondo es ideológico, pero también práctico. ¿Flexibilizar genera empleo genuino o simplemente abarata el trabajo existente? ¿Reducir derechos laborales estimula la economía o deteriora la calidad del empleo? El Gobierno apuesta a que el mercado responda con más contratación. Los críticos advierten que puede ocurrir lo contrario: más empleo, sí, pero más inestable, peor pago y con menor protección. La reforma laboral no es solo una herramienta económica. Es, sobre todo, una redefinición del equilibrio de poder en el mundo del trabajo. Y como toda redefinición de ese tipo, no reparte beneficios y costos de manera neutral. El tiempo dirá si se trató de una modernización necesaria o de un ajuste estructural disfrazado de eficiencia. Mientras tanto, el mercado laboral argentino entra en una nueva etapa con menos reglas, más incertidumbre y un debate que recién empieza.
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