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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 15/02/2026 12:36
Los esfuerzos continuos de los multimillonarios para descarrilar la cooperación fiscal multilateral están en el centro de un programa global para sustituir la gobernanza democrática por un gobierno coercitivo de los extremadamente ricos, o lo que llamamos cesarismo del siglo XXI. Por tanto, cualquier estrategia para contrarrestar este programa debe reconocer que gravar la riqueza extrema es esencial para salvar la democracia. Por suerte, ha habido algunos avances. La Unión Africana sigue defendiendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional; Colombia, Brasil, España y Túnez han implementado reformas fiscales progresivas; el público francés ha manifestado un fuerte apoyo a un impuesto del 2% a los ultrarricos; y una iniciativa electoral propuesta en California establecería un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios. Pero la justicia fiscal sigue siendo muy disputada. En las negociaciones del Marco Inclusivo OCDE/G20 a principios de enero, más de 145 países acordaron dar un pase libre a las grandes multinacionales estadounidenses. Pero tras una intensa presión de Donald Trump, grandes empresas de energía, tecnología y farmacéuticas estadounidenses consiguieron amplias exenciones del impuesto mínimo global del 15% acordado en 2021 tras una década de negociaciones minuciosas. Este nuevo acuerdo socava el principio de que las multinacionales deben pagar un tipo impositivo mínimo coordinado dondequiera que operen. También otorga a las multinacionales con sede en Estados Unidos una ventaja competitiva sobre otras multinacionales, todas las cuales siguen sujetas al impuesto mínimo global del 15%. Bloqueos, portaviones, secuestros Como advirtió Oswald Spengler hace un siglo sobre el colapso de la democracia y el auge del cesarismo, «las fuerzas de la economía monetaria dictatorial» están desmantelando el Estado regulador y el multilateralismo. La agresiva estrategia neomercantilista de Trump declarar unilateralmente aranceles punitivos, amenazar e imponer bloqueos, secuestrar líderes nacionales, manejar portaaviones como barcos corsarios y proponer «juntas de paz» diseñadas para restablecer el control colonial elude las instituciones internacionales existentes. El objetivo es apropiarse de recursos y evitar que rivales percibidos como China accedan a ellos. Pero ningún país debería renunciar a su derecho soberano a gravar a las multinacionales y a los superricos. Ceder esta prerrogativa no solo es moralmente corrupto y estratégicamente equivocado; también es económicamente insensato. Para ver esto, hay que considerar la recuperación económica de Brasil bajo el presidente Luiz Ignácio Lula da Silva, el sólido crecimiento de España bajo el presidente Pedro Sánchez, o el crecimiento de Colombia desde la introducción de reformas fiscales progresivas. Estos gobiernos se enfrentaron a Trump y lideran una coalición democrática global contrarreaccionaria. Su éxito aporta pruebas empíricas contundentes de que las políticas fiscales progresivas y la mayor capacidad estatal se correlacionan con indicadores económicos positivos y una mayor cohesión social. Muchos en Europa también están llegando a esta conclusión. En Francia, el «Impuesto Zucman» el impuesto mínimo del 2% propuesto por Gabriel Zucman sobre la riqueza de los ultrarricos cuenta con casi el 90% del apoyo público y domina la conversación nacional. Aunque inicialmente rechazado por la Asamblea Nacional, este año se retoma el debate. En California, este año los votantes decidirán si imponen un gravamen único del 5% sobre la riqueza de los multimillonarios para financiar la salud, la asistencia alimentaria y la educación. Golpe a las empresas locales Las normas fiscales actuales para las multinacionales, creadas en los años 20, ya no son adecuadas para la economía digital actual. En Nueva York se reanudarán las negociaciones hacia la Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional. La cuestión crucial es cómo deberían asignarse los derechos para gravar los beneficios de las multinacionales. Los negociadores en Nueva York deben aprovechar esta oportunidad única. Deberían abandonar la ficción de que una empresa multinacional es solo un conjunto de entidades independientes, una idea que las grandes corporaciones utilizan para trasladar beneficios a jurisdicciones de bajos impuestos. La arquitectura actual priva a los gobiernos de al menos 240.000 millones de dólares anuales, obliga a las empresas locales a competir en un terreno de juego desigual y conduce a impuestos más altos para los trabajadores (cuyos ingresos son menos móviles) mientras los países intentan compensar la pérdida de ingresos. Los ingresos globales de las multinacionales deberían asignarse a diferentes jurisdicciones en función de factores verificables como ventas y empleados, en lugar del principio obsoleto de las transacciones «a distancia». El texto de la convención fiscal debería reflejar esto. Si no logra eso, las normas actuales, profundamente defectuosas, se arraigarán y comprometerá tanto la ambición como los objetivos de la Convención Fiscal de la ONU. El resultado sería otro ajuste infructuoso a un sistema que está fallando. Si la democracia quiere prevalecer sobre el cesarismo, debemos gravar la riqueza extrema, y debemos hacerlo rápido. (*) Premio Nobel de Economía y profesor universitario en la Universidad de Columbia, fue economista jefe del Banco Mundial (1997-2000. Copyright: Project Syndicate, 2026.
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