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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 13/02/2026 11:46
En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa reduce la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14 años y ahora espera su tratamiento en el Senado. La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso decisivo al aprobar, con 149 votos a favor y 100 en contra, el nuevo Régimen Penal Juvenil. La diputada Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, defendió el dictamen de mayoría argumentando la necesidad de reemplazar una ley de la dictadura de 1980. Por lo tanto, el proyecto busca modernizar el sistema de juzgamiento para adolescentes que cometen delitos penales. Además, la norma establece que la privación de la libertad debe utilizarse solo como último recurso para los jóvenes. Sin embargo, la medida genera fuertes cruces políticos, ya que la oposición cuestiona la falta de políticas de prevención. En este sentido, el legislador Germán Martínez denunció que existe un vacío de acción pública alrededor de la niñez en situación de vulnerabilidad. Posturas de los legisladores entrerrianos En la votación, los representantes de la provincia de Entre Ríos mostraron posiciones divididas frente al proyecto del oficialismo. Los diputados Beltrán Benedit, Andrés Laumann y Francisco Morchio votaron a favor de reducir la edad de imputabilidad. Igualmente, acompañaron la propuesta los legisladores Alicia Fregonese y Darío Schneider, mientras que el bloque de Unión por la Patria votó en contra de manera unánime. Por su parte, el diputado Guillermo Michel, aunque votó en contra del proyecto general, se mostró de acuerdo con la idea de la baja de edad. Según declaraciones recogidas por el sitio APFDigital, Michel sostuvo que un adolescente de 14 años posee discernimiento suficiente para entender la gravedad de sus actos. No obstante, el legislador aclaró que el Estado debe garantizar cárceles adecuadas para estos menores. El debate legal: La opinión de los juristas La comunidad jurídica y académica ha manifestado una oposición técnica casi unánime frente a la reducción de la edad de punibilidad. Diversos especialistas coinciden en que la medida aprobada en la Cámara de Diputados es anticonvencional e inconstitucional, ya que viola de forma directa el principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Según este principio, el Estado tiene prohibido retroceder en la cobertura de un derecho ya adquirido, y Argentina ya había fijado los 16 años como piso mínimo de protección tras la recuperación de la democracia. El jurista Alejandro Javier Osio sostiene que bajar la edad de punibilidad es una decisión meramente política que carece de una base empírica verificable. En sus términos, la ampliación del sistema penal a niños de 15 años no demuestra capacidad para reducir los delitos, sino que simplemente amplía el poder penal selectivo del Estado sobre un sector de la población históricamente vulnerabilizado. Por su parte, la abogada Claudia Cesaroni enfatiza que el sistema penal es estructuralmente discriminatorio y selectivo, ensañándose con los pibes que son el eslabón más débil de las organizaciones criminales y no con sus jefes adultos. Desde la magistratura, el juez Víctor H. Violini ha calificado esta reforma como un retroceso peligroso que ignora el conocimiento especializado sobre el desarrollo adolescente. Asimismo, la Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina ha denunciado que la medida funciona como un efecto placebo. Los magistrados advierten que el endurecimiento de penas omite las realidades estructurales de la niñez y que el Estado está renunciando a su obligación de implementar políticas de prevención integral, optando por el castigo como única herramienta. Finalmente, el especialista Emilio García Méndez criticó duramente el proyecto al considerar que es peor que la ley de la dictadura que rige actualmente. García Méndez subraya que es vital distinguir entre imputabilidad (capacidad de ser juzgado) y responsabilidad penal (responder de forma diferenciada), señalando que Argentina sigue siendo la vergüenza de las estadísticas al no contar con datos claros sobre cuántos menores están realmente privados de su libertad. En conclusión, para los expertos, el derecho penal debe ser la última ratio (último recurso) y no una herramienta de demagogia punitiva para calmar el clamor mediático.
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