13/02/2026 20:00
13/02/2026 20:00
13/02/2026 19:57
13/02/2026 19:56
13/02/2026 19:56
13/02/2026 19:56
13/02/2026 19:56
13/02/2026 19:55
13/02/2026 19:55
13/02/2026 19:55
Parana » AIM Digital
Fecha: 13/02/2026 10:52
El tratamiento legislativo sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve a instalarse en la agenda pública en un contexto de alta sensibilidad social, con antecedentes de proyectos similares y una discusión que, según especialistas consultados por AIM, se repite sin resolver las causas profundas de la violencia y la exclusión juvenil. La reducción de la edad de imputabilidad penal aparece de manera periódica en el Congreso desde hace más de una década, impulsada en distintos momentos por oficialismos y oposiciones frente a hechos de inseguridad que generan conmoción pública. Según pudo saber AIM que, en los últimos años, se presentaron iniciativas orientadas a modificar el régimen penal juvenil vigente, aunque ninguna logró consenso suficiente para convertirse en ley. El esquema actual establece la responsabilidad penal a partir de los dieciséis años, mientras que para menores de esa edad se prevén medidas de protección y abordaje desde el sistema de niñez. La discusión sobre su modificación suele reactivarse ante casos de delitos graves cometidos por adolescentes y en escenarios de presión social por respuestas punitivas. Antecedentes legislativos y tensiones políticas Durante distintos períodos parlamentarios se debatieron proyectos para reducir la edad de imputabilidad a catorce años, con argumentos centrados en la necesidad de adecuar la normativa a la realidad delictiva. Sin embargo, esas propuestas generaron fuertes resistencias de organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores del ámbito judicial. Según constató AIM los intentos de reforma coincidieron con momentos de crisis económica y aumento de la conflictividad social, lo que alimentó posiciones contrapuestas entre quienes promueven un endurecimiento del sistema penal y quienes advierten sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y la adolescencia vulnerable. La mirada integral que reclaman especialistas Informaron a AIM especialistas en políticas públicas que la discusión no puede limitarse a la edad de imputabilidad, sino que debe incluir el estado del sistema de protección de derechos, el acceso a educación, salud mental, consumos problemáticos y políticas de inclusión social. En ese marco, advierten que el abordaje punitivo sin una estrategia integral tiende a reproducir ciclos de exclusión. Sostienen que la evidencia internacional muestra que el descenso de la edad penal no reduce por sí mismo la criminalidad juvenil y que la intervención temprana del Estado resulta más efectiva para prevenir trayectorias delictivas. Impacto social y desafíos estructurales Fuentes consultadas por este medio señalaron que la problemática de la violencia juvenil se vincula con desigualdades persistentes, fragmentación institucional y debilidades en los sistemas de acompañamiento a adolescentes en situación de riesgo. La falta de dispositivos territoriales y de programas sostenidos en el tiempo aparece como uno de los principales déficits. En ese sentido, la discusión legislativa debería avanzar junto con la revisión del régimen penal juvenil, la inversión en políticas de prevención y el fortalecimiento de la justicia especializada, evitando respuestas coyunturales frente a episodios de alto impacto mediático. El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, así, vuelve a evidenciar una tensión histórica entre demandas de seguridad inmediata y la necesidad de construir políticas públicas de largo plazo que atiendan las causas estructurales de la violencia juvenil en Argentina.
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por