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Concordia » Diario Junio
Fecha: 12/02/2026 20:55
Causa Mutual de Músicos: fijaron fecha para el juicio abreviado de Carlos Corcho González, el ex tesorero que admitirá los cargos El próximo 18 de febrero de 2026 a las 9:00 horas se realizará la audiencia de juicio abreviado en la que Carlos Alcides Corcho González, ex tesorero de la Sociedad Mutual de Músicos de Concordia, aceptará los cargos en su contra por su participación en la maniobra fraudulenta que derivó en la venta del histórico inmueble de calle Sarmiento 563. La audiencia fue fijada en el marco del expediente GONZÁLEZ, CARLOS ALCIDES s/ ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA y Otros. Así lo dispuso este 12 de febrero la Directora de la OGA Concordia, la Dra. Fiorella Cracco, quien ordenó pasar las actuaciones al vocal interviniente, Dr. Maximiliano Larocca Rees, el mismo magistrado que en abril de 2025 condenó al entonces presidente Mariano Guerrero y a la secretaria Delia Catalina Martínez por los mismos hechos. Con esta audiencia, el proceso judicial que se inició tras la investigación periodística de DiarioJunio y la posterior denuncia penal de los músicos Omar Kueider y Mauricio Vázquez, se encamina a cerrar el círculo sobre los tres principales directivos de la mutual al momento de la cuestionada operación. Según el acuerdo alcanzado entre las partes, González aceptará los cargos de Administración Fraudulenta, Uso de Documento Público Falsificado y Destrucción de Medios Probatorios. En el primer hecho investigado, González fue imputado como partícipe necesario, junto a Delia Catalina Martínez y Guillermo Schmid, siendo Mariano Guerrero señalado como autor material. En el segundo hecho, vinculado a la manipulación y destrucción de documentación oficial de la mutual, González fue imputado como coautor material, junto a Guerrero y Martínez. La imputación se sostiene en el legajo probatorio incorporado a la causa, donde se acreditó que la comisión directiva recibió dinero en efectivo por la venta del inmueble y que se alteró el libro de actas habilitado por el organismo de control provincial, incluyendo la eliminación de páginas y la falsificación de firmas de socios supuestamente presentes en una asamblea que habría aprobado la operación. Uno de los puntos centrales de la causa fue la diferencia entre el monto declarado en la escritura y el dinero efectivamente pagado. La venta del inmueble se formalizó el 14 de septiembre de 2023 por 15 millones de pesos, que al momento equivalían a aproximadamente 20 mil dólares. Sin embargo, el propio comprador, Guillermo Schmid, titular de Infinet SAS, declaró ante la Justicia haber abonado USD 90.000 en efectivo, dinero que según afirmó fue entregado en la escribanía al entonces tesorero González. El propio González, en su declaración como imputado, reconoció la existencia de ese pago en dólares. Señaló que inicialmente se hablaba de cifras superiores GUERRERO hablaba de USD 160.000 y la inmobiliaria decía USD 120.000 y que recién en la escribanía tomó conocimiento de que la operación se cerraba en 90 mil dólares. También relató que el precio se pagó en billetes estadounidenses y que luego se dirigieron al Banco Nación donde supuestamente había una cuenta. No obstante, la investigación determinó que el dinero no estaba depositado en ninguna cuenta bancaria. A pedido de la defensa de González, incluso se informó la cuenta judicial en dólares para realizar un eventual depósito, lo que según surge del expediente demostraría que era el tesorero quien detentaba los fondos. Ante la falta de depósito, la Fiscalía ordenó un allanamiento en el domicilio de González, donde se secuestraron 50.500 dólares en efectivo. La cifra representaba algo más de la mitad de los USD 90.000 reconocidos por el comprador, quedando una diferencia significativa sin hallar y sin justificar. Posteriormente, la defensa de Schmid presentó los originales del contrato de seña y el boleto de compraventa, acreditando que el precio real pactado había sido de USD 90.000, lo que reforzó la hipótesis fiscal de que el monto consignado en la escritura no reflejaba el valor real de la operación. Para la acusación, los directivos de la mutual recibieron dinero a título personal a cambio de transferir el inmueble a Infinet SAS por un precio muy inferior al de mercado. Según estimaciones publicadas oportunamente, el edificio de 560 metros cuadrados y valor patrimonial arquitectónico podría haber alcanzado en ese momento alrededor de 200 mil dólares. La maniobra: asamblea falsa y documentación destruida La investigación judicial también probó que en el acta de asamblea del 29 de abril de 2022 se dejó constancia de una supuesta aprobación unánime de los 57 socios para vender el inmueble. Sin embargo, numerosos asociados declararon ante la Fiscalía que nunca participaron de esa reunión ni autorizaron la venta. Incluso figuraba como firmante Silvio Martín Diez, quien había fallecido meses antes, lo que confirmó la falsedad documental. El juez Larocca Rees, al condenar en abril de 2025 a Guerrero y Martínez a tres años de prisión condicional, sostuvo que el objetivo no fue reinvertir el dinero en la mutual sino apropiárselo, dado que no existió ninguna mejora institucional posterior ni constancia de que los fondos ingresaran formalmente al patrimonio de la entidad. En aquel momento, el tesorero González había quedado fuera del acuerdo abreviado y se preveía que afrontara un juicio ordinario. Ahora, con la fijación de la audiencia para el 18 de febrero, se confirma que también optará por la vía del abreviado, reconociendo su responsabilidad penal.
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