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Concordia » Lt15 Concordia
Fecha: 12/02/2026 12:16
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Yamil Ale Abdala y a Sandro de la Cruz Vázquez por trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de Misiones. En el veredicto conocido este miércoles, tras el juicio desarrollado a mediados de diciembre, los jueces impusieron 8 años de prisión efectiva a Abdala, propietario del establecimiento rural; y 3 años de prisión de cumplimiento condicional al capataz, De la Cruz Vázquez, considerado partícipe secundario. Además, hicieron lugar a la reparación económica para las víctimas por un monto total superior a los 11 millones de pesos. El debate se llevó a cabo ante el Tribunal presidido por la jueza Noemí Berros. La acusación fue sostenida por el fiscal general José Ignacio Candioti, quien atribuyó a Abdala dueño del campo ubicado en Puerto Yeruá, cerca de Calabacillas, departamento Concordia y a De la Cruz Vázquez capataz del predio haber captado, trasladado y acogido a cinco hombres mayores de edad identificados como O.A.M., D.A.M., P.R.M., F.O.M. y D.S.M.D.B., provenientes de Irigoyen y Eldorado, Misiones. Según la investigación de Candioti, los hechos ocurrieron entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022 y salieron a la luz tras una inspección de la AFIP Paraná (actual ARCA), que permitió desarticular la situación de explotación. En el juicio se ventiló que los trabajadores fueron captados mediante propuestas laborales engañosas y el abuso de una situación de extrema vulnerabilidad social y económica. Se les prometió empleo, alimentos, herramientas y condiciones habitacionales dignas que no se habrían cumplido. El representante del Ministerio Público sostuvo que los imputados se valieron incluso de vínculos de confianza en uno de los casos, de carácter familiar para concretar la captación y asegurar la permanencia de las víctimas en el establecimiento. Con la sentencia, el Tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de los acusados y reconoció el derecho de los trabajadores a ser indemnizados por los daños sufridos, fijando una reparación que supera los 11 millones de pesos. De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal general Candioti, como parte del engaño, Sandro de la Cruz Vázquez envió a los trabajadores una fotografía de un predio rural desmalezado, que no se correspondía con el lugar real de trabajo, ya que pertenecía a otro campo en buenas condiciones. Una vez en el predio, las cinco víctimas fueron sometidas a trabajos forestales y de desmonte en condiciones de extrema precarización y aislamiento. Además de las tareas propias para las que habían sido contratadas, debieron realizar labores de limpieza previa que no habían sido ofrecidas ni abonadas. Las actividades se desarrollaban en jornadas extensas, de lunes a lunes, y en un contexto de control y dependencia absoluta. Fuente: Analisis
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