12/02/2026 15:00
12/02/2026 15:00
12/02/2026 15:00
12/02/2026 14:59
12/02/2026 14:59
12/02/2026 14:59
12/02/2026 14:59
12/02/2026 14:58
12/02/2026 14:58
12/02/2026 14:56
» Clarin
Fecha: 12/02/2026 12:14
Daniel Rodríguez fue un hombre de extrema confianza de Alberto Fernández, designado como intendente de la Quinta de Olivos y fue un nexo clave entre el ex Presidente y el principal beneficiario de la maniobra defraudatoria en la causa Seguros, el también amigo de Fernández Héctor Martínez Sosa. Quedó procesado por el juez Sebastián Casanello, como partícipe secundario de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La justicia lo acusa de haber colaborado para que los encuentros entre el broker y el expresidente no queden registrados en ningún documento. Fotos de relojes que cotizan en dólares y pulseras costosas son algunos de los regalos que revelaban los chats entre María Cantero -ex secretaria privada de Alberto Fernández- y su marido, Héctor Martínez Sosa, el broker amigo del mandatario. El beneficiado de esos costosos presentes era el ex intendente de la Quinta de Olivos. Todo fue revelado a través del celular de Cantero, abierto en el marco de la causa penal que se ocupa del presunto negociado detrás de los contratos de diversos organismos del Estado con Nación Seguros con la intervención de brokers privados. En juego hubo 17 millones de dólares que se pagaron en concepto de comisiones. Desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, Cantero y Martínez Sosa vieron allí un terreno fértil para los negocios. La Justicia los procesó a los tres como parte de una maquinaria que se puso en funcionamiento para defraudar al Estado. El entramado bajo investigación se concretó con la firma del Decreto 823/2021, que exigió que de forma exclusiva, los organismos del Estado contraten seguros con Nación Seguros. Eso habilitó a la segunda parte de la maniobra: la intermediación de los brokers. Con las compañías también procesadas por el juez Casanello, se procedió a la acusación de otro eslabón determinante: Daniel Rodríguez. Se le atribuyó al ex intendente de la Quinta de Olivos el haber participado en el plan de expansión de los negocios privados de Martínez Sosa y Cantero, mientras revestía carácter de funcionario público. Sus aportes -se consignó en la resolución judicial- tuvieron lugar, tanto durante la fase de los actos preparatorios del plan criminal como durante su ejecución, habiendo intervenido en reiteradas oportunidades, desde el 2 de enero de 2020 fecha en que asumió como Administrador General de la Residencia Presidencial de Olivos, como un nexo entre el empresario y el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández. Casanello entendió que la colaboración de Rodríguez, a través de la cercanía con el expresidente Fernández, permitió que Martínez Sosa y Cantero pudieran aprovechar el conflicto de interés y obtener beneficios en función de una posición de privilegio con el sigilo necesario para que pasaran inadvertidos. Según el juez, Rodríguez actuaba a pedido de Cantero haciendo posible los encuentros. Su intervención como partícipe en un hecho ilícito llevado a cabo por Alberto Fernández consistente en privilegiar el interés particular de Héctor Martínez Sosa y de María Cantero en la expansión de sus negocios privados por sobre sus deberes funcionales. Aprovechando esas circunstancias, Martínez Sosa y Cantero lograron profundizar sus negocios con el Estado a través del nombramiento de la empresa Héctor Martínez Sosa y Compañía -y sus productores satélites- como intermediarios en las pólizas de seguro contratadas por organismos públicos con la aseguradora estatal Nación Seguros. En ese contexto, se enmarcó el accionar de Daniel Rodríguez con menor intensidad, ejerció un rol similar al de María Cantero. Rodríguez fue Administrador General de la Residencia Presidencial de Olivos durante la etapa de gobierno, ese cargo lo obligaba a respetar la Ley de Ética Pública. Un rol determinante La intervención de Rodríguez tuvo lugar durante todas las etapas de la investigación, concentrada en los 25 contratos que 45 organismos del Estado firmaron con Nación Seguros con la intermediación de brokers. Se pagaron más de 3.360 millones de pesos en concepto de comisiones y con el 56% terminó beneficiado Héctor Martínez Sosa. Rodríguez permitió el ingreso sin registrar de Hector Martínez Sosa y María Cantero a la Residencia Presidencial de Olivos, al menos el 7 de agosto de 2020, momento en el cual se concretó un encuentro en persona entre el empresario y el exmandatario en su oficina. Dicho evento fue retratado y esa imagen constituyó una prueba del vínculo de amistad entre ellos. En agosto de 2021, Rodríguez intervino en la organización de un encuentro entre Héctor Martínez Sosa y Alberto Fernández en la Residencia de Olivos, que se materializó el 21 de diciembre de 2021. En esa oportunidad Martínez Sosa entregó a Fernández la versión original de una obra de arte como obsequio. También se retrató el momento con una imagen de los nombrados abrazados, añadió el magistrado. Otro dato más: entre el 25 de febrero y el 3 de marzo de 2022, coordinó una reunión entre Martínez Sosa y Fernández, ante un pedido del primero, con el objetivo de ejercer influencia en el expresidente de la Nación para asegurar la permanencia en el cargo del ex director de Nación Seguros Gustavo Carlos García Argibay. Como se observa de las comunicaciones analizadas en el marco de la causa, cada una de las intervenciones de Rodríguez vino acompañada de un profundo conocimiento del plan criminal de la pareja, así como de un consentimiento expreso de cooperar con él. El descargo Por su parte, Rodríguez alegó principalmente en su descargo escrito que todos sus actos resultaron inocuos. Bajo esa cualidad calificó su intervención como nexo entre Fernández y Martínez Sosa (circunstancia fáctica que sí reconoció aunque alegando desconocer el objetivo perseguido por tales encuentros y requerimientos). En tal sentido, estimó que lo que eventualmente podría tornar delictivo ese comportamiento es el conocimiento de que la reunión facilitada tiene como finalidad la comisión de un ilícito. También cuestionó que él hubiera tenido un beneficio a raíz del éxito económico de la pareja empresaria. Asimismo, argumentó que si hubiera existido un plan criminal, Fernández, Martínez Sosa o Cantero no lo habrían invitado a participar en él. Ahora bien, los argumentos de Rodríguez se encuentran debidamente contestados. Precisamente, porque el juez entiende que su conducta es penalmente relevante: sabía del conflicto de interés, sabía de su aprovechamiento para obtener contratos con el Estado y colaboró con ello. Pero se aclaró que si bien no es posible adjudicar autónomamente relevancia penal a los obsequios, sobre todo en función de la relación preexistente, sí han de ser considerados como prueba de la estrechez del vínculo que condujo a la cooperación en el plan delictivo. Todas las pruebas, mensajes de WhatsApp, fotografías, mails, analizados en la causa permiten sostener con claridad el conocimiento que Rodríguez tuvo del objetivo perseguido por Martínez Sosa en los encuentros que facilitó. Así las cosas, su comportamiento se sumó al esquema delictivo como una pieza más del engranaje, aún cuando no haya sido irremplazable. En conclusión, explicó Casanello, el ex intendente de la Quinta de Olivos, operó como una pieza más del engranaje montado. Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por