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Parana » Ahora
Fecha: 11/02/2026 21:59
En un fallo histórico, la jueza federal Noemí Berros condenó a Yamil Ale Abdala, propietario de un establecimiento rural en Puerto Yeruá, a 8 años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. La sentencia también incluyó una reparación económica superior a 11 millones de pesos destinada a las víctimas. El juicio oral se centró en los hechos ocurridos entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022, cuando cinco trabajadores rurales fueron hallados en condiciones extremas de precariedad, sin acceso a higiene, salubridad ni seguridad. La investigación se inició tras una inspección estatal que reveló la situación. Dos condenados, distintas responsabilidades Además de Abdala, fue sentenciado Sandro de la Cruz Vázquez, señalado como capataz del predio. La jueza lo consideró partícipe secundario, imponiéndole 3 años de prisión en ejecución condicional, lo que significa que no irá a la cárcel. En cambio, Abdala sí deberá cumplir la condena efectiva. Posturas enfrentadas Durante el tramo final del juicio, las defensas de ambos acusados a cargo de los abogados Julio Pedemonte y Víctor Montiel habían solicitado la absolución, intentando desligar responsabilidades. Sin embargo, el fiscal general José Ignacio Candioti, junto al fiscal adjunto Juan Podhayny, sostuvo que existió una clara división de roles: Abdala como patrón y De la Cruz Vázquez como capataz, con dominio conjunto de los hechos. Candioti había pedido 8 años y 6 meses de prisión para Abdala y 8 años para De la Cruz Vázquez, además de la compensación económica. Finalmente, el tribunal resolvió una pena menor para el capataz, pero confirmó la responsabilidad principal del dueño del establecimiento. El fallo marca un precedente en la lucha contra la explotación laboral en el ámbito rural.
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