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La Paz » Politica con vos
Fecha: 11/02/2026 17:16
El proyecto, que busca reducir la edad a 14 años, se debatió en el plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Se votará el jueves en el recinto. La Cámara de Diputados afrontó una jornada decisiva este miércoles, en la antesala de la sesión extraordinaria convocada para el jueves, en un clima de negociaciones intensas y posiciones divididas. El oficialismo, junto a bloques aliados, logró avanzar con el dictamen del proyecto de la baja de edad de imputabilidad. El plenario comenzó a las 10:30, en el segundo piso del Anexo C, y reunió a las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. La coordinación del debate estuvo a cargo de la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión cabecera. La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR, MID y los bloques Independencia (Tucumán), Producción y Trabajo (San Juan) e Innovación Federal (Salta y Misiones). Desde el PRO y la UCR adelantaron que este jueves también acompañarán en el recinto. ¿Por qué bajar la edad de punibilidad a 14 años en vez de 13? La discusión sobre el Régimen Penal Juvenil se reactivó tras un giro del Poder Ejecutivo. El lunes, el Gobierno envió un nuevo proyecto que proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, acompañado por una partida presupuestaria de $23.239 millones, en línea con un discurso de endurecimiento penal que el oficialismo viene impulsando en materia de seguridad. Sin embargo, la iniciativa fue retirada pocas horas después ante la falta de consensos y las resistencias tanto dentro de la oposición como en sectores aliados, lo que habilitó la posibilidad de retomar el dictamen firmado en mayo de 2025, que planteaba la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De alcanzar el dictamen, quedará todo listo para la sesión extraordinaria prevista para el jueves a las 11. Ese texto, que perdió estado parlamentario pero cuenta con mayor respaldo transversal, incluía medidas de contención y reinserción, como programas educativos, laborales y recreativos, además de un esquema de sanciones progresivas. Para delitos con penas de hasta tres años, y para aquellos menores de entre tres y diez años que no incluyeran muerte ni lesiones graves, se priorizaban alternativas previas a la privación de la libertad. Uno de los puntos más sensibles del debate es el financiamiento del régimen. En los casos en los que la privación de la libertad resultara inevitable, el proyecto prevé el cumplimiento de penas en el domicilio, en institutos abiertos o especializados, o en secciones diferenciadas dentro de establecimientos penitenciarios, siempre separados de la población adulta. El plazo máximo de detención para adolescentes había sido fijado en 15 años, por debajo de los 20 años originalmente planteados por el Ejecutivo. En la previa del plenario, sectores de la oposición dialoguista reclamaron que el artículo presupuestario contemple la firma de convenios entre la Nación y las provincias, con el objetivo de garantizar los recursos necesarios para la implementación efectiva del régimen en cada jurisdicción. Gobernadores y legisladores provinciales advirtieron que, sin financiamiento claro, el nuevo sistema podría quedar en letra muerta. (C5N)
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