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Concordia » InfoConcordia
Fecha: 11/02/2026 13:30
El conflicto entre el oficialismo provincial y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) sumó un nuevo capítulo de alta tensión. El senador Vergara salió al cruce de los cuestionamientos de la entidad profesional, ratificando sus denuncias sobre maniobras abusivas que estarían desfinanciando a la obra social de la provincia. «Defensa corporativa vs. Realidad notoria» Vergara inició su descargo reconociendo el derecho del Colegio a defender a sus matriculados, pero calificó la reacción de la entidad como una «negación» de hechos verificables. «Esa legítima defensa no puede desconocer una realidad que excede las interpretaciones: existe una industria del amparo en Entre Ríos«, sentenció el legislador. El senador fundamentó su postura señalando tres prácticas que, a su criterio, son «sistemáticas»: - Reclutamiento en redes: Aseguró que existen abogados que «reclutan activamente afiliados» interviniendo incluso en publicaciones oficiales de la OSER para ofrecer la vía judicial como única respuesta. - Ostentación de amparos: Denunció que profesionales exhiben la cantidad de acciones judiciales promovidas como «credenciales profesionales», lo que evidencia una práctica mercantilista del derecho a la salud. - Desnaturalización del recurso: Vergara afirmó que los registros de la obra social identifican patrones donde se presentan amparos por prestaciones que no son urgentes, que ya fueron otorgadas o sin haber agotado la vía administrativa. Un llamado a la Ética Profesional El legislador aclaró que no busca «generalizar ni descalificar» al conjunto de los abogados entrerrianos, sino señalar a quienes utilizan el amparo como un «atajo sistemático». En ese sentido, lanzó un dardo directo a la conducción del CAER: «El Colegio, antes de sacar un comunicado en tiempo récord, quizás debería hacer una revisión y reflexión sobre el cumplimiento del Código de Ética Profesional«. Para Vergara, el sostenimiento de la mayor obra social de la provincia depende del «uso racional, solidario y responsable» de los recursos, y acusó a este sector de la abogacía de «dañar» la salud de todos los entrerrianos con prácticas abusivas. El trasfondo del conflicto Esta disputa se da en un contexto donde el Gobierno Provincial intenta aplicar un ajuste en el gasto público y un control más férreo sobre las erogaciones de la OSER. La judicialización de la salud se ha convertido en un punto de fricción constante, donde los abogados defienden el acceso inmediato a derechos constitucionales y el Estado advierte sobre la viabilidad financiera del sistema.
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