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Parana » Entreriosya
Fecha: 11/02/2026 01:19
El conflicto entre las universidades y el Gobierno es de fondos: el oficialismo destinará 4,8 billones a las casas de estudio y, de acuerdo a la Ley de Financiamiento vigente (sancionada dos veces por el Congreso y vetada dos veces por el presidente), deberían ser 7,2 billones. Esa brecha hace que las instituciones de educación superior no puedan sostener sus actividades de funcionamiento indispensables y que, en paralelo, muchos docentes elijan dejar sus puestos por salarios de hambre. Como habitualmente sucede, ante el inicio de cada cuatrimestre, la gestión libertaria renueva sus promesas de alivio para el sector. Promesas que, hasta la fecha, no se han materializado. Días atrás, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, y el de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, como representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, se reunieron con Alejandro Álvarez y Carlos Torrendell, subsecretario de Políticas Universitarias y secretario de Educación, respectivamente. Luego del encuentro, se informó que el Gobierno tiene una propuesta para modificar la Ley de Financiamiento Universitario y llevar alivio a las casas de estudio. Ya se habla de un nuevo texto normativo que asegure la previsibilidad fiscal y resuelva los conflictos legales. Aunque los rectores y el Gobierno escogen el hermetismo, el ofrecimiento sería una recomposición a medias. Esto es: si bien de acuerdo a la Ley de Financiamiento, corresponde recomponer los porcentajes adeudados en salarios y gastos de funcionamiento de diciembre de 2023, 2024 y 2025 según IPC, el gobierno ofrecería pagar los correspondientes a este último año solamente. El aumento, las cuotas, los plazos, la modalidad y demás precisiones aún están en discusión. También proponen una reapertura de paritarias cada dos meses para ajustar los incrementos salariales y de funcionamiento en 2026. Esas modificaciones ingresarían a partir de una modificación en la ley. Todo está en veremos. El Gobierno mueve sus fichas porque la cautelar del juez Martín Cormick obliga a que cumplan con el financiamiento que indica la actual norma en plena vigencia. Entre otros aspectos, asegura la recomposición salarial de los trabajadores y garantiza el funcionamiento adecuado de las funciones básicas de las universidades públicas. Como el Gobierno no tiene muchos argumentos para dejar de cumplir con la Ley y la Justicia fallará en su contra, lo que ahora busca es una salida política. Que los números cierren de alguna forma por dos motivos: para cumplir con la Ley y eludir la presión judicial, así como para desactivar los reclamos de las universidades. Futuro de incertidumbre Si la negociación no prosperara, dos millones de estudiantes no comenzarán sus clases. Para este año, el presupuesto estipula un recorte de 34 por ciento de los fondos a las universidades con respecto a 2023. Básicamente, las universidades recibirán 4,8 billones de pesos, cuando necesitan 7,2 billones. Hay que tener en cuenta que además de la docencia, las universidades concentran el 80 por ciento de la investigación científica que se hace en el país. Por ello, desfinanciarlas también es dar por tierra con la producción científica y tecnológica. En paralelo, los gremios reorganizan su cronograma de lucha de cara a la apertura de un nuevo cuatrimestre, que no estará exento de tensiones. A la fecha, desde la asunción de la administración libertaria, se estima que docentes y no docentes perdieron el 50 por ciento de su poder adquisitivo. Clara Chevalier, secretaria General de Conadu, lo expresó en este sentido: Evaluamos la situación de la docencia universitaria, que a esta altura ya es insostenible. Con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento. En ese marco, la Conadu resolvió la necesidad de impulsar un plan de lucha de paros y movilización, que marque un mensaje en unidad de todo el sistema universitario contra este gobierno nacional que es enemigo declarado de la universidad pública. Desde el gremio exigen el cumplimiento de la ley y el llamado a paritarias, en la medida en que el Gobierno continúa por la senda de los aumentos unilaterales, a cuentagotas. En este marco, desde las diferentes organizaciones que agrupan a trabajadores docentes y no docentes ya planean iniciar con jornadas de paro y movilización. Se baraja, si la negociación del Gobierno con los rectores no prospera en el sentido esperado, ir incluso a una marcha federal masiva con réplicas en todo el territorio nacional. Una nueva demostración de fuerza con la esperanza de que el oficialismo comprenda que el derecho a la educación pública de calidad no puede ponerse en riesgo. Ejemplo a pesar de todo A pesar de la motosierra y del ajuste sin fin, la realidad sigue imponiéndose. En enero, el ranking internacional Times Higher Education, que mide cuáles son las instituciones de educación superior más influyentes a nivel mundial, ubicó entre las 2 mil más relevantes a nueve universidades argentinas. De esas, siete son públicas (Universidades Nacionales de La Plata, Quilmes, Córdoba, Cuyo, Rosario, San Martín y Litoral) y dos privadas (Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina). Para su selección, el portal especializado se basó en la docencia (cantidad y la calidad de los profesores); la reputación (los ingresos y la productividad que generaron los investigadores de cada universidad); el impacto de las citas y la influencia de las investigaciones; los ingresos generados por las asociaciones industriales y las patentes.
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