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Parana » Informe Digital
Fecha: 10/02/2026 21:08
Tras la nueva manifestación esta madrugada de familiares y allegados de policías frente a la Unidad Regional II de Rosario donde se registraron incidentes, efectivos asignados a 20 móviles se negaron a salir a patrullar a las 6. La medida motivó que el gobierno de Santa Fe ordenara retirarles las armas y los chalecos antibala y disponer su pase a disponibilidad. A las 9, unos 60 móviles se habían sumado a la protesta. La provincia reforzó la presencia policial trasladando agentes desde otras zonas santafesinas hacia Rosario y solicitó mayor apoyo de fuerzas federales en el marco del plan Bandera, implementado a comienzos de 2024 para frenar la violencia narco que golpeó con fuerza a la principal ciudad provincial. La protesta, que se agudizó anoche con una nueva marcha de familiares y allegados, se inició el miércoles pasado cuando murió el suboficial Oscar Valdez, de 32 años, quien dos días antes había intentado suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II. El fallecimiento de este hombre oriundo de Vera, en el norte de Santa Fe, fue el detonante de los reclamos: muchos se identificaron con su historia, vinculada a agentes que viajan hasta 500 kilómetros para trabajar en Rosario con un régimen horario de 12 horas de trabajo y 36 de descanso, publicó el diario La Nación. Durante el fin de semana las movilizaciones no cesaron, pese a que el gobierno de Maximiliano Pullaro anunció un plus salarial de $500.000 para los uniformados que se desempeñen en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros. La medida no alcanzó a descomprimir el conflicto, que anoche y en la madrugada derivó en enfrentamientos entre policías que custodiaban la jefatura de Rosario y familiares que sostenían la protesta. Hubo personas rociadas con gas pimienta, lo que agravó el malestar dentro de la fuerza. A las seis de la mañana, aproximadamente 20 patrulleros permanecieron estacionados frente a la Unidad Regional II y se rehusaron a salir a los recorridos de prevención. Esa situación motivó la reacción del gobierno, que pasó a disponibilidad a los agentes que se negaron a trabajar. Episodios similares se registraron en otras localidades de la provincia. Por la mañana, el ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, ofreció una conferencia de prensa en la que confirmó las sanciones contra los efectivos que se negaron a cumplir servicio y afirmó que, detrás del reclamo legítimo de parte de la tropa, se observaron maniobras impulsadas por policías exonerados por casos de corrupción, que buscaban generar malestar, sobre todo a través de las redes sociales. A partir de anoche se fueron sumando determinados grupos con acciones violentas y antijurídicas, también sembrando Fake News, buscando desestabilizar la seguridad de la provincia de Santa Fe, sostuvo el ministro de Seguridad. Desde el gobierno señalaron que, en redes sociales principalmente en Facebook, se desplegó una estrategia sofisticada: se crearon centenares de perfiles falsos con fotos reales de agentes, activos permanentemente y con posteos diseñados para enrarecer el clima, según su lectura. Por ejemplo, circularon imágenes de pasacalles contra Pullaro que eran apócrifas, trucadas con inteligencia artificial. Algo similar ocurrió con la viralización de fotos de cuatro agentes que se suicidaron el año pasado, consignó el diario La Nación. La muerte de Valdez, atravesada por la historia de este agente del norte santafesino, no es un hecho aislado, sino parte de un problema creciente dentro de las fuerzas provinciales y federales. Según datos de la Fiscalía de Rosario, en 2025 se suicidaron 17 efectivos. En Santa Fe, indicaron fuentes del MPA, la cifra también resulta significativa. Más de un efectivo por mes decidió quitarse la vida. Este drama silencioso ocurre en un contexto en el que la policía no registra bajas ni heridos por enfrentamientos con el crimen organizado o presuntos delincuentes. El riesgo mayor, advirtieron, es interno. El año pasado, el gobierno de Pullaro dio una señal de apoyo a las fuerzas al respaldar al suboficial del Comando Radioeléctrico Luciano Nocelli, condenado en 2022 a 25 años de prisión por matar a dos asaltantes tres años antes, una decisión que luego la Cámara Penal de Rosario equiparó al absolver al policía. A partir del caso Nocelli, el gobierno mostró un apoyo explícito a la policía, en un contexto donde siempre pesó la idea de que los agentes preferían no enfrentarse con los delincuentes porque quienes terminaban presos eran ellos. El caso de Valdez, en cambio, presenta otra dimensión: era una figura querida dentro de la fuerza y su historia resonó entre centenares de uniformados. La mayoría de los efectivos que patrullan Rosario y Santa Fe provienen del norte provincial, un esquema que nunca se logró desmontar a pesar de intentos de distintas gestiones con incentivos que no alcanzaron para persuadir a los rosarinos a incorporarse a la policía. Gran parte del personal cumple un régimen de 12 horas de actividad por 36 de descanso. Cada día el gobierno provincial cubre el traslado en 12 ómnibus de agentes que llegan a Rosario y a Santa Fe desde el norte de la provincia. Algo parecido ocurre con el personal del Servicio Penitenciario, publicó el diario La Nación. Volver desde Rosario a Vera, por ejemplo, demanda más de ocho horas por las paradas y el deterioro de las rutas; la distancia es de 501 kilómetros. El viaje consume casi la mitad del tiempo de descanso. Varios policías jóvenes, menores de 30 años, contaron que muchos optan por quedarse en Rosario. Hasta el jueves pasado, el alojamiento y la comida corrían por cuenta de los propios agentes. Los problemas de salud mental, vinculados al desarraigo y a jornadas laborales extenuantes algunos acumulan guardias de 24 horas para lograr más tiempo de descanso, esconden además otros problemas crecientes y poco visibilizados, como las adicciones. Tras el sepelio de Valdez empezaron a multiplicarse las protestas en distintos puntos de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera y otras unidades regionales, principalmente en el norte santafesino. A las calles salieron mayoritariamente familiares y amigos de los uniformados. Las imágenes de manifestaciones y concentraciones se difundieron por redes sociales, sobre todo el miércoles y el jueves, y se extendieron al viernes. El malestar de los policías apuntaba no solo al gobierno, sino también a buena parte de los medios, que según los manifestantes prefirieron omitir el conflicto. Quienes permanecieron el jueves frente a la jefatura de Policía de Rosario no eran, en su mayoría, policías ni parientes de uniformados en actividad. Enero fue un mes exigente para la fuerza: la mayor parte de los agentes no se tomó vacaciones porque el gobierno buscó evitar resentir la presencia de efectivos en dos meses tradicionalmente complicados. En Rosario se registraron nueve homicidios en los primeros 30 días de 2026, una cifra inferior a la de 2025, cuando se contabilizaron 22 crímenes, aunque la cantidad de heridos por armas de fuego superó los 45. Por ese motivo, y pese a las protestas, Pullaro intentó mostrarse inicialmente conciliador. Su campaña electoral se apoyó en ofrecer una solución en materia de seguridad y, en los últimos dos años, los crímenes descendieron respecto de la dinámica de violencia narco que fracturó a Rosario en la última década y media. Una de las claves fue recuperar el control territorial mediante un aumento de los patrullajes, complementado con el despliegue de fuerzas federales en seis zonas críticas de la ciudad, donde los homicidios tuvieron un descenso del 22% en 2025 con respecto al año pasado, según las estadísticas difundidas por la cartera de Seguridad Nacional.
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