Buenos Aires » Infobae
Fecha: 10/02/2026 19:18
En la recta final de las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno decidió dar marcha atrás con uno de los puntos más sensibles del proyecto. Se trata del artículo 190 del dictamen, que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, al bajar la alícuota del 30% al 27%. La medida formaba parte del capítulo fiscal de la iniciativa y fue retirada tras el rechazo explícito de gobernadores y sectores de la oposición, que advirtieron sobre el impacto negativo en la recaudación provincial. La eliminación de ese artículo fue presentada como una concesión política para destrabar el tratamiento del proyecto. Mientras las provincias celebraron la decisión por el alivio fiscal que implica, el sector empresario quedó sin uno de los beneficios que venía reclamando desde hace años. El resultado dejó en evidencia las tensiones entre la necesidad de construir mayorías legislativas y el objetivo oficial de reducir la carga tributaria sobre el sector privado. Qué decía el artículo eliminado y por qué generó resistencia El artículo 190 establecía una reducción de tres puntos porcentuales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas. La iniciativa apuntaba a equiparar la carga tributaria local con la de otros países de la región y, según el argumento oficial, a mejorar la competitividad y estimular la inversión privada. Sin embargo, el punto generó una rápida reacción de los gobernadores, ya que el impuesto a las Ganancias es uno de los tributos coparticipables. Esto implica que una baja en la recaudación impacta directamente en los ingresos que reciben las provincias. Desde la Casa Rosada argumentan que la rebaja de Ganancias tendría un costo fiscal del 0,65% del PBI, que recaería en un 0,5% para Nación y 0,15% en las provincias. Pero advierten que esta caída se vería compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serían formalizados. Pese a esto, desde varias jurisdicciones plantearon que la reducción no contaba con una compensación clara y que afectaba recursos clave para financiar gastos corrientes. La resistencia no se limitó a un signo político en particular. Mandatarios de distintos espacios coincidieron en rechazar el capítulo fiscal, aun cuando estaban dispuestos a acompañar otros aspectos de la reforma laboral. Esa posición se trasladó a senadores y diputados, que advirtieron que el artículo no contaba con los votos necesarios para ser aprobado. Noticia en desarrollo
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