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Parana » El Once Digital
Fecha: 10/02/2026 17:34
El defensor general de Entre Ríos rechazó la baja de la edad de punibilidad y la calificó de inconstitucional El defensor general de Entre Ríos cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley Penal Juvenil. En declaraciones a Elonce, advirtió que la iniciativa es inútil, innecesaria y perjudicial, y sostuvo que contradice datos estadísticos, tratados internacionales y la evi 10 de Febrero de 2026 REDACCIÓN ELONCE El defensor general de Entre Ríos cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley Penal Juvenil. En declaraciones a Elonce, advirtió que la iniciativa es inútil, innecesaria y perjudicial, y sostuvo que contradice datos estadísticos, tratados internacionales y la evi La baja de la edad de punibilidad fue cuestionada con dureza por el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, quien expresó una postura categórica en contra del proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso. El funcionario sostuvo que la iniciativa no sólo carece de sustento estadístico y jurídico, sino que además resultaría perjudicial para los niños, niñas y adolescentes, al profundizar problemas estructurales sin aportar soluciones reales en materia de seguridad. Benítez explicó que la propuesta oficial de modificar la Ley Penal Juvenil avanza en un sentido contrario a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. Recordó que la normativa vigente, la ley 22.278, proviene de la última dictadura militar y que su actualización es una deuda pendiente, aunque aclaró que cualquier reforma debe respetar los estándares de protección integral de derechos. Ver más Instrumentos musicales Eventos locales Productos para el mate En ese marco, enfatizó que reducir la edad de punibilidad e incrementar penas, como plantea el proyecto, vulnera principios constitucionales. La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además, es inconstitucional, afirmó el defensor general, al remarcar que no se trata de un debate nuevo en la Argentina. Según recordó, en intentos anteriores de reforma siempre se tuvieron en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales y la experiencia concreta de las provincias, que muestran que el endurecimiento penal no reduce el delito juvenil. Datos estadísticos y realidad del delito Uno de los ejes centrales del planteo de Benítez estuvo vinculado a las estadísticas criminales. Señaló que la participación de menores de edad en hechos delictivos es mínima y que, lejos de aumentar, los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes vienen disminuyendo de manera sostenida desde hace años. En ese sentido, afirmó que el debate público suele estar atravesado por percepciones y discursos punitivistas que no se corresponden con la realidad. Ver más Equipos de sonido Viajes a Entre Ríos Información del clima El defensor general detalló que en el período 2001-2002 la Argentina registraba tasas de homicidios de entre 9 y 10 cada 100.000 habitantes, mientras que en la actualidad ese indicador descendió a 3,7. En el caso de Entre Ríos, subrayó que la situación es aún más favorable, con una tasa de 2,33 homicidios cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional. A esos datos añadió que es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16. Para Benítez, estas cifras demuestran que la baja de la edad de punibilidad no responde a una necesidad objetiva del sistema penal, sino a una respuesta simbólica frente a la demanda social de mayor seguridad. Comparaciones regionales y efectos del encierro Otro de los argumentos centrales del defensor general estuvo relacionado con la comparación internacional. Reconoció que existen países de la región con edades de punibilidad más bajas que la Argentina, como Paraguay, Uruguay y Brasil, pero advirtió que esos ejemplos refuerzan su posición contraria al proyecto oficial. Benítez precisó que Uruguay, donde la edad de punibilidad es de 13 años, registra más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Brasil y México, con una edad de 12 años, presentan tasas de 23 y 22 respectivamente, mientras que Paraguay, con una edad de 14, alcanza los 6,2 homicidios. Todos esos países tienen índices de delitos mucho mayores que nosotros y no ha disminuido la participación de los niños y adolescentes, remarcó. Desde su perspectiva, estos casos evidencian que la privación de la libertad a edades tempranas no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza la violencia y la reincidencia. La cárcel no es una solución, es parte del problema, sostuvo, al señalar que el encierro temprano rompe trayectorias de vida y consolida circuitos delictivos. Alternativas desde el rol del Estado Al referirse a las respuestas que debería brindar el Estado frente a los delitos cometidos por jóvenes, Benítez aclaró que la no punibilidad no implica ausencia de intervención. Por el contrario, explicó que existen mecanismos institucionales para abordar cada situación de manera integral, atendiendo tanto a las víctimas como a los propios niños y adolescentes involucrados. El hecho de que una persona sea no punible no quiere decir que se vaya a la casa y que no pase más nada, afirmó. En esa línea, sostuvo que es necesario analizar las causas que llevaron al menor a cometer el hecho, como contextos de vulnerabilidad social, consumo problemático de sustancias o situaciones de violencia familiar. Según explicó, en casos vinculados a estupefacientes, la respuesta adecuada debe ser el tratamiento y la recuperación, y no el castigo penal. Benítez insistió en que la intervención estatal debe existir, pero no desde el Derecho Penal clásico ni en cárceles de adultos. El lugar de detención y el tratamiento deben ser otros, señaló, al advertir que el sistema penitenciario argentino atraviesa una crisis profunda, con el mayor índice de prisionalización desde que se tienen registros. La incorporación de niños y adolescentes, agregó, agravaría aún más ese escenario. Evidencia científica y experiencia personal En el tramo final de su análisis, el defensor general incorporó argumentos respaldados por estudios científicos sobre el desarrollo adolescente. Recordó que la neurociencia demostró que el lóbulo frontal, vinculado al autocontrol, la toma de decisiones y la anticipación de consecuencias, no se desarrolla plenamente hasta alrededor de los 20 años. Esta realidad fue tenida en cuenta por tribunales superiores, tanto en la Argentina como en Estados Unidos, en fallos emblemáticos. Benítez señaló que estas consideraciones refuerzan la necesidad de políticas públicas orientadas a la protección y la inclusión, y no al castigo temprano. Los niños están en una etapa de desarrollo y si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia y reincidencia, afirmó. Finalmente, apeló a su experiencia de más de tres décadas como defensor público para ilustrar las consecuencias del encierro juvenil. Recordó el caso del pabellón Clemente XI de la cárcel de Victoria y sostuvo que la mayoría de los niños que pasaron por ese espacio hoy están muertos o cumplen condenas muy elevadas. Eso es lo que genera el sistema cuando se responde sólo con cárcel, concluyó. Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación...[X] ver más El comentario se encuentra deshabilitado Denunciar comentario Spam o contenido comercial no deseadoIncitación al odio o a la violencia, o violencia gráficaAcoso o bullyingInformación errónea CancelarDenunciar Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación...[X] Ver más comentarios IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.
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