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Parana » Informe Digital
Fecha: 10/02/2026 16:47
El defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, expresó su rechazo a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos que propone el Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de la Nación. Benítez explicó por qué, a su juicio, Argentina no necesita bajar la edad de punibilidad y sostuvo que hacerlo sería perjudicial y contrario a los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes. Además, resaltó que la participación de menores en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y que la respuesta a ese fenómeno no debe darse desde el Derecho Penal, sino mediante políticas de prevención y abordaje de las causas. La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además, es inconstitucional, enfatizó Benítez. Y recordó: No es la primera vez que se ha querido reducir la edad de punibilidad y siempre hemos seguido las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que todos los días vemos en todas las provincias argentinas. Aunque señaló que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda modificar la Ley Penal Juvenil y que él está de acuerdo en actualizar la ley 22.278, vigente desde la dictadura militar, advirtió que ese organismo aclara que la reforma no debe implicar ni el aumento de penas ni la reducción de la edad de punibilidad, dos cuestiones que se pretende hacer con este proyecto de ley. En cuanto a los argumentos fácticos, Benítez afirmó: Estamos en un momento muy especial en Argentina, donde los delitos cometidos por los niños, niñas y adolescentes viene disminuyendo desde hace muchísimos años. En general, ha disminuido el delito en Argentina: en 2001-2002 estábamos con una tasa de homicidios de aproximadamente 9 o 10 cada 100.000 habitantes y ahora estamos en una tasa de 3,7. Y en Entre Ríos tenemos una tasa menor que la media nacional, de 2,33 homicidios cada 100.00 habitantes. A eso agregó que es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16. Reconoció que es cierto lo que dice el gobierno, que hay países en la región que tienen una edad menor que Argentina, como Paraguay, Uruguay, Brasil. Pero todos esos países tienen índices de delitos mucho mayores que nosotros y no ha disminuido la participación de los niños y adolescentes. Justamente, esos son los casos que nos dan la razón de que la privación de la libertad no hace más que profundizar la violencia. Benítez precisó ejemplos comparativos: Uruguay, con una edad de punibilidad de 13 años, tiene más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes; Brasil y México, con una edad de 12, registran 23 y 22 respectivamente; y Paraguay, con una edad de 14, tiene 6,2. Respuestas alternativas Sobre el rol estatal frente a los jóvenes que delinquen, el defensor sostuvo: El hecho de que una persona sea no punible, no quiere decir que se vaya a la casa y que no pase más nada. Tenemos que ver las razones por las cuales ese niño cometió ese hecho, tenemos que acompañar a las víctimas, pero no tenemos que desproteger al autor. Por ejemplo, si el delito está relacionado con el consumo de estupefacientes, se debe tratar esa problemática, si es necesario, en un lugar de recuperación de adictos. No es ninguna solución que vaya a la cárcel, sino que eso empeora las cosas. El Estado debe intervenir, lo que nosotros sostenemos es que la intervención no es desde el Derecho Penal y que el lugar de detención no es una cárcel de mayores; sino que el lugar de detención y el tratamiento deben ser otros, añadió. También advirtió que actualmente existe en el país una crisis carcelaria seria, con el mayor índice de prisionalización desde que se toman este tipo de mediciones, y que la incorporación de niños y adolescentes a ese sistema agravaría aún más la situación. Finalmente, recordó estudios científicos que muestran que los adolescentes no alcanzan un desarrollo completo del lóbulo frontal hasta alrededor de los 20 años, lo que afecta el autocontrol, la toma de decisiones, el pensamiento abstracto y la capacidad de anticipar consecuencias. Señaló que esto fue tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la propia Corte de los Estados Unidos en los casos Poper, Miller y Graham. Los niños están en una etapa de desarrollo y si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia y reincidencia e impedir su resocialización y desarrollo sano. Soy defensor público desde hace más de 30 años. Vi lo que era el pabellón Clemente XI en la cárcel de Victoria: la mayoría de los niños que estuvieron ahí privados de su libertad hoy están muertos o están presos con penas altísimas, concluyó.
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