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Parana » Informe Digital
Fecha: 10/02/2026 16:43
Adrian Barsanti El debate sobre el proyecto de reforma laboral suele plantearse como una discusión de extremos: protección del trabajador o libertad para las empresas. Esa forma de presentar el tema simplifica en exceso un problema mucho más complejo. Una lectura atenta del proyecto muestra que no se trata de quitar derechos, sino de revisar cómo funcionan hoy las reglas del trabajo y por qué, en muchos casos, terminan desalentando la contratación formal. La Argentina convive desde hace años con altos niveles de empleo no registrado. Este fenómeno no responde solo a razones económicas. Existe también un problema jurídico de fondo: el marco normativo genera incertidumbre para quien decide contratar, tanto durante la relación laboral como, sobre todo, al momento de finalizarla. El proyecto de modernización laboral parte de ese diagnóstico y propone ordenar los incentivos legales que hoy influyen en la decisión de emplear. Previsibilidad jurídica y decisión de contratar En el régimen actual de la Ley de Contrato de Trabajo, el costo de tener un trabajador registrado no se limita al salario y las cargas sociales. También pesa un conjunto de riesgos legales difíciles de prever: interpretaciones judiciales muy amplias, aplicación extendida de convenios colectivos a situaciones no previstas, acumulación de indemnizaciones y sanciones, y criterios dispares para actualizar créditos laborales. En muchos casos, el verdadero costo del vínculo laboral recién se conoce cuando aparece un conflicto judicial. El proyecto intenta corregir este escenario fortaleciendo reglas más claras y precisas. La redefinición del principio de la norma más favorable, la limitación de la aplicación de convenios colectivos fuera de su ámbito propio y la fijación de pautas uniformes para actualizar créditos laborales buscan reducir la incertidumbre y dar mayor previsibilidad. Desde un punto de vista práctico, la previsibilidad no es un beneficio secundario: es una condición básica para que el empleo registrado resulte una opción razonable. Protección del trabajador y reglas claras Una crítica frecuente al proyecto sostiene que reducir los márgenes de interpretación judicial implicaría una menor protección para el trabajador. Sin embargo, esta mirada confunde protección con falta de reglas claras. Un sistema basado casi exclusivamente en principios generales y decisiones caso por caso puede generar un efecto no deseado: protege fuertemente a quienes ya están dentro del empleo formal, pero desalienta la incorporación de nuevos trabajadores. La protección termina siendo intensa para algunos y excluyente para otros. La reforma no elimina derechos esenciales ni desarma el sistema protectorio del derecho del trabajo. Lo que propone es ordenar su aplicación, dando mayor peso a la ley escrita y limitando interpretaciones expansivas que, en la práctica, generan inseguridad y resultados imprevisibles. La registración como eje del sistema laboral Otro punto central del proyecto es el cambio de enfoque: se busca pasar de un sistema centrado en castigar incumplimientos después del conflicto a uno que incentive el cumplimiento desde el inicio de la relación laboral. La centralización de la registración, la digitalización de libros y recibos y la reducción de presunciones automáticas basadas en errores formales apuntan a corregir un problema histórico del sistema vigente. Cuando el énfasis está puesto casi exclusivamente en la sanción posterior, los incentivos se distorsionan. En cambio, un modelo que prioriza la registración efectiva y el control administrativo favorece la permanencia en el empleo formal y desalienta la informalidad. Organización del trabajo y continuidad del empleo El proyecto también incorpora mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, mediante herramientas como bancos de horas, sistemas de compensación de jornada y la ampliación del trabajo a tiempo parcial. Estas figuras no implican una pérdida de derechos, sino el reconocimiento de que existen distintas realidades productivas. En muchas actividades, la rigidez normativa empuja a esquemas informales o a cumplimientos meramente aparentes. En ese contexto, una flexibilidad regulada puede convertirse en una herramienta para sostener el empleo registrado y adaptarlo a las necesidades reales de las empresas y los trabajadores. El costo de desvincular y la decisión de contratar Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la revisión del régimen indemnizatorio del artículo 245 de la LCT y la posibilidad de crear fondos o sistemas de cese laboral. Más allá de las posiciones encontradas, hay un dato difícil de ignorar: cuando el costo de una desvinculación es incierto, contratar se vuelve una decisión riesgosa. El proyecto no elimina la indemnización por despido sin causa, pero intenta transformarla en un costo conocido y, eventualmente, previsible. Desde una mirada práctica, cuando el empleador puede anticipar ese costo, se reducen barreras importantes para la contratación formal. Litigiosidad laboral y expectativas de conflicto Finalmente, el proyecto introduce cambios destinados a moderar la litigiosidad laboral: criterios uniformes de actualización, límites a honorarios y costas, y la imposibilidad de acumular acciones laborales y civiles por un mismo hecho. Estas medidas no eliminan los conflictos, que forman parte natural de las relaciones de trabajo, pero sí reducen la expectativa de resultados judiciales extraordinarios. Un sistema menos imprevisible en sus consecuencias mejora la disposición a contratar y sostener empleo en el tiempo. Reflexión final El proyecto de reforma laboral seguramente será modificado durante el debate parlamentario y su aplicación generará discusiones judiciales. Sin embargo, el diagnóstico que lo sostiene merece una discusión seria: sin reglas claras y previsibles, el empleo formal se vuelve estructuralmente poco atractivo. Leído desde una mirada que combine empresa y empleo registrado, el proyecto no aparece como una desprotección del trabajador, sino como un intento de ordenar el sistema para que contratar en blanco vuelva a ser una opción posible, sostenible y socialmente valiosa. * Abogado, Magister en Asesoramiento de Empresas.
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