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» Clarin
Fecha: 10/02/2026 13:36
El juez federal Sebastián Casanello procesó y embargo a siete empresas aseguradoras imputadas por supuesta corrupción en los contratos con organismos estatales durante la presidencia de Alberto Fernández, porque cobraron comisiones millonarias como intermediarias de pólizas con la también estatal firma Nación Seguros. El caso se inició tras una investigación de Clarín. En sus últimos días como suplente en juzgado federal 11, donde tramita el caso, Casanello definió la situación procesal de ocho empresas y una persona, que ya habían sido indagadas como sospechosas de haber obtenido beneficios indebidos entre el 10 de diciembre de 2019 y al menos hasta marzo de 2024, a partir del aprovechamiento de situaciones de conflicto de interés, en el marco de una defraudación contra el erario público y a cambio de dádivas, según el caso. Las empresas procesadas como partícipes necesarias del delito de negociaciones incompatibles con la función pública son Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, -con un embargo de 2.870.729.545,61 pesos-; Bachellier SA -embargo de 9.669.697.257,25 pesos-; Bri Broker -851.650.603,17 pesos-; TG Broker -2.190.607.187,86 pesos-; San Germán Seguros - embargo de 6.582.763.800,51 y además de las negociaciones incompatibles esta acusada de pagar coimas- San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros -1.872.781.809,21 pesos de embargo y también acusada por coimas-; y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales -sólo acusada de pagar sobornos, con un embargo de 7.866.484.968,3 pesos-. En cambio, obtuvo la falta de mérito la firma Levelar SA. El juez también dispuso el procesamiento del estrecho colaborador de Alberto Fernández y empleado en la Quinta de Olivos Hugo Daniel Rodríguez, a quien acusa de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor. A Rodríguez lo embargó por 787.997.801,56 pesos. Se imputó a las empresas haberse beneficiado por la actuación ilegal de sus dependientes y no haber adoptado las medidas de prevención adecuadas para mitigar los riesgos inherentes de la actividad desarrollada. En particular, "toleraron la conducta desplegada por quienes ejercieron la máxima representación de la persona jurídica como cabeza del órgano de ejecución; no denunciaron los sucesos aquí investigados como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna; ni implementaron un programa de integridad o sistema de control y supervisión destinado a la prevención de ilícitos con anterioridad al hecho del proceso; ni tampoco procedieron a la devolución del beneficio indebido obtenido". Newsletter Clarín
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