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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 10/02/2026 12:44
La administración provincial decidió pasar a disponibilidad a más de veinte efectivos policiales luego de las protestas registradas en Rosario y Santa Fe. Mientras reconoce la legitimidad de los reclamos salariales y laborales, el Ejecutivo optó por una respuesta disciplinaria que abre un debate político de fondo sobre la gestión de la seguridad, el rol de las fuerzas y los límites del conflicto interno en un contexto de alta sensibilidad social. El gobierno de Santa Fe anunció una serie de sanciones contra efectivos policiales que participaron de las protestas registradas en distintos puntos de la provincia, una decisión que expone con crudeza las tensiones internas de la política de seguridad y el delicado equilibrio entre la autoridad del Estado y las demandas de quienes integran las fuerzas. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que no menos de veinte policías fueron pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibalas, tras detectar conductas que el Ejecutivo calificó como abandono del servicio, paralización de móviles y afectación directa del despliegue preventivo. La medida se adoptó luego de una noche marcada por reuniones de urgencia entre la conducción política y el gobernador Maximiliano Pullaro, en un escenario que encendió señales de alarma dentro del propio gobierno. Desde la administración provincial se insistió en diferenciar los reclamos reconocidos como atendibles de las formas elegidas para expresarlos. Sin embargo, la respuesta oficial dejó en claro que el Ejecutivo no está dispuesto a tolerar protestas que, a su criterio, comprometan el funcionamiento operativo de la fuerza y el esquema de seguridad pública. El mensaje político fue directo: cualquier acción que impacte en la prevención del delito será leída como una línea que no puede ser cruzada. La decisión de avanzar con sanciones administrativas inmediatas y de abrir la puerta a eventuales investigaciones penales profundiza un conflicto que excede lo disciplinario. El gobierno reconoce falencias estructurales, bajos salarios y condiciones laborales deficitarias, pero al mismo tiempo elige cerrar filas en defensa del control institucional, aun a costa de tensar la relación con sectores de la policía y del Servicio Penitenciario. Las protestas, que tuvieron su epicentro en Rosario pero también se replicaron en la capital provincial, reunieron a efectivos activos, retirados y familiares, y se extendieron durante horas con manifestaciones visibles frente a edificios estratégicos. Los reclamos incluyeron mejoras salariales, reconocimiento formal del Servicio Penitenciario como fuerza, cambios en los regímenes de traslado y una revisión integral de las condiciones de trabajo. En Rosario, la concentración derivó en momentos de tensión frente a la Jefatura de Policía, mientras que en Santa Fe las manifestaciones se desarrollaron frente a la Casa de Gobierno. En ambos casos, el trasfondo fue el mismo: un malestar acumulado que encontró en la protesta un canal de expresión, pero que chocó de frente con la decisión política del Ejecutivo de marcar autoridad. La postura del gobierno provincial deja expuesto un dilema central de la gestión de seguridad: cómo responder a las demandas internas de una fuerza clave sin debilitar el control político ni enviar señales de fragilidad institucional. Al optar por sanciones rápidas y un discurso de firmeza, la administración Pullaro apuesta a mostrar orden y conducción, aunque el costo sea profundizar el malestar puertas adentro. En un contexto provincial atravesado por altos niveles de conflictividad social y por la centralidad del debate sobre la seguridad, la crisis policial abre interrogantes que van más allá de los pases a disponibilidad. La discusión de fondo sigue pendiente: si el endurecimiento disciplinario alcanza para resolver un problema estructural o si, por el contrario, solo posterga un conflicto que vuelve a emerger cada vez con mayor fuerza.
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