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Parana » AIM Digital
Fecha: 10/02/2026 08:51
El Poder Ejecutivo decidió dar marcha atrás con la iniciativa que fijaba la edad de imputabilidad en 13 años y retiró el proyecto enviado al Congreso ante la falta de consensos políticos. La discusión se retomará sobre el dictamen previo, que establece el límite en 14 años y mantiene aspectos centrales del esquema presentado. La decisión se tomó a pocas horas del inicio del debate parlamentario y responde a la imposibilidad de reunir apoyos suficientes para avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. El oficialismo optó por volver al texto trabajado en comisión durante el año pasado, que había logrado mayor respaldo entre bloques dialoguistas. El dictamen que se retomará conserva la estructura general del régimen penal juvenil, con sanciones graduadas según la gravedad de los delitos y prioridad para medidas alternativas a la privación de la libertad. Entre ellas se incluyen programas educativos, servicios comunitarios, instancias de reparación y acompañamiento psicológico, mientras que el encierro quedará reservado para hechos graves y en institutos especializados sin contacto con adultos. El nuevo esquema también incorpora de forma explícita la posibilidad de que el Estado nacional celebre convenios con las provincias para implementar el régimen, un punto reclamado por los gobernadores por su impacto presupuestario y operativo. El principal cambio respecto del proyecto retirado es la eliminación de la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, que no logró consenso ni siquiera entre aliados parlamentarios. En paralelo, se mantiene la explicitación del costo fiscal del sistema y su financiamiento. La implementación demandará 23.739.155.303 pesos, que se cubrirán con partidas del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación. El mayor impacto presupuestario estará vinculado a la contratación de personal especializado, como profesionales de la salud y equipos técnicos, considerados claves para el funcionamiento del régimen. Con esta redefinición, el oficialismo busca destrabar el tratamiento legislativo y avanzar con una reforma acotada, pero con mayores posibilidades de debate y eventual aprobación en el recinto.
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