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Chajari » Noticias Chajari
Fecha: 10/02/2026 06:41
El Gobierno envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Reforma del Régimen Penal Juvenil con la intención de que esta semana sea debatido en comisiones y en el recinto de la Cámara de Diputados. El documento es el mismo que envió el año pasado y el punto principal del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad. Al igual que en ese momento, el proyecto establece bajar de 16 a 13 años la edad. Sin embargo, es poco probable que se acuerde ese piso con el resto de los bloques. Vamos a mantener 14 años, ese fue el consenso, habían dicho los referentes de los bloques de la oposición dialoguista como el PRO y la UCR, por lo que se espera que cuando se dictamine el próximo miércoles se modifique y se establezca 14 años. Por otro lado, en la reunión de los presidentes de los bloques con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se aclaró otro punto en conflicto: el financiamiento. El proyecto original no contaba con fondos establecidos ni tampoco están presentes en el Presupuesto 2026. Sin embargo, Menem les anticipó que en este caso sí iban a estar. Así quedó establecido en el art. 51 bajo el título de Asignación Presupuestaria. El proyecto de 2026 detalla un monto específico de $23.739.155.303,08 para su implementación, desglosando cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y cuánto a la Defensoría General de la Nación. El texto de la norma mantiene la intención de bajar la edad de punibilidad a 13 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Asimismo, se establece un régimen penal juvenil distinto al de adultos, con penas máximas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión. El objetivo que señala el proyecto que persigue es darle una respuesta a los casos de inseguridad protagonizados por adolescentes y busca evitar que redes criminales utilicen a menores, quienes hoy son inimputables antes de los 16 años. En lo que se refiere al proceso penal, en el caso de los menores hasta 15 años el juez puede determinar medidas de privación de libertad en casos graves, pero se busca priorizar la resocialización. Para los delitos menores, se contemplan penas no privativas de libertad, tareas comunitarias y reparación del daño. () El Once
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