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Parana » El Once Digital
Fecha: 10/02/2026 00:02
La Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto con Cáritas Argentina y la Pastoral Carcelaria, difundieron un contundente pronunciamiento contra el proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad penal. En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, las organizaciones advirtieron que la iniciativa constituye un grave retroceso y no aporta soluciones reales al problema de la inseguridad. Según el documento, la propuesta no reduce el delito y, por el contrario, agrava los problemas estructurales que dice buscar resolver. Además, sostiene que la medida vulnera derechos humanos fundamentales y expone a niños y adolescentes a un sistema penal que no está preparado para contenerlos ni reinsertarlos socialmente. Los argumentos de la Iglesia Uno de los ejes centrales del comunicado señala que reducir la edad de imputabilidad resulta ineficaz desde el punto de vista de la seguridad pública y favorece escenarios de mayor violencia y reincidencia. En ese sentido, las organizaciones remarcaron que la evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran tasas de homicidio más elevadas, mientras que Argentina, con un piso de 16 años, mantiene niveles de violencia relativamente bajos en comparación con otros países de la región. La Iglesia también cuestionó la falta absoluta de condiciones materiales e institucionales para avanzar con una reforma de este tipo. Sostuvo que el Estado no garantiza tratamientos psicológicos adecuados, continuidad educativa, formación laboral, abordaje de consumos problemáticos ni dispositivos de alojamiento apropiados para adolescentes en conflicto con la ley. En ese marco, consideró que impulsar una reforma punitiva sin esas herramientas resulta irresponsable y regresivo. A su vez, el documento advierte sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto, al señalar que contradice la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Las organizaciones eclesiales alertaron además que la iniciativa introduce criterios arbitrarios, penas desproporcionadas y la aplicación de reglas del derecho penal adulto, sin garantías procesales específicas para menores. Desde una mirada social y pastoral, el texto rechaza la idea de equiparar el delito cometido por un adolescente con las sanciones previstas para adultos. Recuerda que el desarrollo cognitivo y emocional no está plenamente concluido en esa etapa de la vida y que la respuesta del Estado debe priorizar la prevención, la inclusión y la intervención de los Juzgados de Familia, dejando el sistema penal como última instancia. Para los jóvenes mayores de 16 años que cometan delitos graves, la Iglesia propone avanzar en mecanismos de Justicia Restaurativa, que según destacan han demostrado reducir la reincidencia y favorecer procesos de reparación. En las conclusiones, el comunicado plantea una definición de fondo: optar entre profundizar la exclusión social o construir políticas públicas que cuiden, incluyan y reparen. La baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza, afirmaron. Finalmente, llamaron a dejar de lado el oportunismo político y a avanzar en estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, el narcotráfico y la exclusión social.
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