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» tn24
Fecha: 08/02/2026 10:11
El Senado de la Nación volverá a ser el epicentro de la política nacional el próximo miércoles, cuando el Gobierno intente avanzar con la media sanción de la Ley de Reforma Laboral, uno de los proyectos estructurales de la gestión de Javier Milei. La sesión, convocada para las 11 por la vicepresidenta Victoria Villarruel, se desarrollará en un clima de alta tensión política y gremial, con protestas anunciadas y negociaciones abiertas hasta último momento. La jornada parlamentaria coincidirá con una movilización convocada por la CGT, organizaciones de izquierda y agrupaciones de jubilados, lo que anticipa un escenario de fuerte presión tanto dentro como fuera del recinto. Poroteo ajustado y negociaciones en marcha La Libertad Avanza llega a la sesión con expectativas de aprobar el proyecto en general. El oficialismo estima reunir entre 40 y 46 votos, con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. Sin embargo, la votación en particular aparece como el mayor desafío, debido a resistencias que incluso atraviesan a los aliados. El capítulo fiscal es el más sensible. La reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, del 35% al 31,4%, genera preocupación entre los gobernadores por el impacto en la coparticipación, que podría alcanzar casi 2 billones de pesos hacia 2027. Para contener esas objeciones, el oficialismo desplegó una intensa negociación paralela con provincias y senadores, encabezada por referentes libertarios y el Ministerio del Interior. Con varios votos aún en duda, la definición final podría quedar en manos de un puñado de legisladores de provincias con posiciones abiertas. Los ejes más polémicos del proyecto La iniciativa propone cambios profundos en el régimen laboral. Uno de los puntos centrales es la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos: una vez vencidos, se mantendrán las cláusulas laborales básicas, pero no los aportes solidarios a sindicatos y cámaras empresarias. Otro foco de conflicto es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de los aportes patronales que hoy se destinan a la Anses, para cubrir indemnizaciones por despido. En ese marco, se discute un tope indemnizatorio de un salario por año trabajado, con un máximo de tres sueldos promedio, pagaderos en cuotas y con un esquema diferenciado para grandes empresas y pymes. La CGT rechaza de plano estos cambios y anticipó que recurrirá a la judicialización, además de cuestionar la reducción de aportes a las obras sociales sindicales y las restricciones al derecho de huelga en actividades consideradas esenciales. Tres senadores chaqueños, tres posturas Los tres representantes del Chaco llegarán al recinto con posiciones claramente diferenciadas. Jorge Capitanich (Frente Popular) encabezará el rechazo y llamó a la resistencia social y sindical, al advertir que la iniciativa encierra una reforma laboral y tributaria que perjudica a provincias, municipios y sindicatos. Desde el oficialismo, Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) defiende el proyecto como una herramienta para reducir la informalidad y promover el crecimiento económico. Argumenta que la baja de Ganancias busca ampliar la base tributaria y atraer inversiones, y se muestra confiado en obtener la media sanción. En una postura intermedia, Silvana Schneider (UCR) avala la necesidad de modernizar la legislación laboral, pero reclama modificaciones puntuales. La senadora destacó el diálogo con sectores productivos chaqueños y anticipó que planteará observaciones sobre artículos vinculados a aportes y convenios colectivos. Con la calle movilizada y un Senado dividido, la reforma laboral promete poner fin a la calma del verano político y abrir un nuevo capítulo de confrontación en el Congreso.
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