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Parana » Informe Digital
Fecha: 07/02/2026 02:35
El silencio expresa lo inconfesable de la negociación. Es la Argentina de la intransigencia, donde quien negocia es un traidor. Los gobernadores confían en que no les tocarán la caja, los sindicalistas tienen la señal del gobierno de que no será una ley antisindical, que toquetee mucho los derechos colectivos y asociativos, aunque sí admita flexibilizar las novedades que emergen de nuevas formas de trabajar, los radicales empujan para que se reivindique su trayectoria de batallas anti gremiales que siempre fracasan. Con tanta componenda, los protagonistas negocian en las sombras, como hacen el amor los puercoespines, con mucho cuidado. El gobierno disparó el misil de la reforma laboral, pero pocos confían en que saldrá según la letra, que dice que es innegociable. Desde que salió el proyecto original, pasando por el dictamen de diciembre y lo que hayan negociado oficialistas y opositores hasta esta semana, el gobierno ha ido echando lastre con tal de que salga. En las conversaciones de pasillo los personeros del gobierno admiten que lo que necesitan es poder mostrar una victoria política que transmita a quienes le toman examen de sustentabilidad que tienen algún futuro. No necesitan tanto esta reforma, sino cualquier reforma. Una señal que le evite a este gobierno la penuria por la que pasaron otros, que tropezaron en las elecciones de medio término. Le ocurrió a Macri en 2017 y a Fernández en 2021. En 2025 el gobierno ganó las elecciones legislativas, pero no superó los 40 puntos del voto prestado de Cambiemos. Fue menos del 54% de Milei en el balotaje de 2023. Cautivos del pasado El gobierno busca emparchar la debilidad de origen que se agrava con los desaciertos de gestión que ponen en duda su futuro. Lo admitió esta semana Luis Caputo cuando atribuyó la volatilidad de los indicadores de actividad, crecimiento, empleo y riesgo país, al riesgo K. ¿No era que eso se había disipado con los resultados de octubre? El ministro atribuyó las tasas altas y la volatilidad a la suerte de la oposición, que desde diciembre ha perdido músculo en el Congreso. El ataque político al oficialismo antes de los comicios dijo a una radio tuvo sus consecuencias fuertes, en todo: en el nivel de crecimiento que tuvo el país, en el nivel de inflación y en el nivel de riesgo país. Han pasado cuatro meses. Esa explicación parece una copia de la que daba Macri en 2018 cuando atribuía la crisis de su economía a la sequía, al flight to quality de los emergentes a la tasa alta que ofrecía Trump, a la causa Cuadernos que fumigó a inversores externos y a la dureza de la oposición peronista a su gestión. Venía de ganar las elecciones de 2017, como Milei ahora las de 2025. O el gobierno es más débil de lo que dicen los números, o cree que solo podría prosperar en una democracia sin oposición política. Baja la coparticipación y ahuyenta apoyos El informe del economista Nadin Argañaraz afirma que en el primer mes del año hubo un descenso real interanual del 6,6% de las transferencias automáticas de fondos a provincias y CABA. Esa baja, según los gobernadores, no parece que mejorará en febrero y pone en emergencia el apoyo al capítulo fiscal del proyecto oficial. La singularidad de este proyecto es que, aunque tiene un dictamen aprobado en comisión, nadie conoce en realidad qué se votará. El proyecto es secreto y además peligra en la médula que más le interesa al gobierno, que es la reforma fiscal. El gobierno nacional envió en enero dice el informe del IARAF, think tank de Argañaraz al consolidado de provincias $ 5.847.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 6,6%. Con esa señal a la baja a los gobernadores no les basta con el artículo 202 del dictamen final, que deja en manos del Poder Ejecutivo la aplicación de las cláusulas que reducen impuestos. Está escrita como una postergación de la aplicación, pero puede ser un seguro para que el ministro de Economía ajuste apenas se sancione la ley. El texto dice que entrarán en vigor cuando así lo disponga el Ministerio de Economía a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal. Hasta los legisladores dispuestos a concederle al gobierno el mensaje político de sacar cualquier ley laboral admiten que no se pueden reemplazar fondos coparticipables a las provincias por el envío de partidas discrecionales de compensación. El internismo debilita al peronismo En la reunión del interbloque de senadores del peronismo estalló otra inquina que prueba cómo el internismo ha herido al peronismo con crisis en la conducción. En el momento cuando el bloque más necesita la disciplina de cada integrante, la senadora por Jujuy Carolina Moisés fue suspendida como afiliada al PJ de su provincia. La decisión fue por atender negociaciones inoportunas para el partido; Moisés responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, un massista más que amigo del gobierno de Milei. Les reprocharon a los interventores en el PJ de Jujuy Aníbal Fernández y Gustavo Menéndezque Moisés manifieste independencia de la consigna partidaria. A pesar de esa pelea Moisés y quienes integran el bloque peronista disidente del Senado, que suman cinco, han mandado a decir que no van a votar a favor de la reforma laboral. No dicen qué van a hacer y se han dado tiempo hasta este lunes para resolver la posición, que puede ir desde restarle quórum, abstenerse en general, oponerse selectivamente en particular, etc. Han tomado distancia de la observancia cristinista, pero reconocen que el proyecto del gobierno afecta de manera directa a la doctrina peronista y que no les es fácil quebrar sus convicciones. Por algo, el bloque que integran se llama Convicción Federal. El escrutinio de octubre se conoce recién ahora El mismo día cuando se convocó a la sesión del próximo miércoles 11 de febrero para tratar el proyecto, Victoria Villarruel convocó al Senado a la sesión preparatoria del 24 de febrero, de la que saldrá la nueva cúpula de la Cámara Alta, que provee dos cargos en la línea de sucesión presidencial: la vicepresidencia y la presidencia provisional de la cámara. Esos dos cargos preceden al presidente de la Cámara de Diputados en caso de una emergencia en la sucesión del poder. Los debates reforma laboral y preparatoria del Senado abren una nueva etapa en la conformación del Congreso, que determinará la suerte de oficialismo y oposición en los dos años previos a las elecciones presidenciales de 2027. Los dos debates en el Congreso son el verdadero escrutinio de las elecciones del 26 de octubre, que acentuaron la balcanización de la representación en las dos cámaras. La oposición, jibarizada en las comisiones La preparatoria del 24 de febrero desnudará con crudeza los efectos del resultado final del 26 de octubre. Recién ahora, en estos dos debates, se comienzan a conformar los bloques y los entendimientos horizontales de los que dependerá el gobierno para llegar a 2027 con alguna chance de sustentabilidad, que le permita terminar el mandato de Milei y, en todo caso, intentar una reelección en el cargo. El oficialismo, una mezcla transgénica de radicales, PRO, mileístas e independientes, ha logrado la proeza de sumar 44 bancas. Le han arrebatado la primera minoría al peronismo, que hasta diciembre pasado tenía 34 senadores. Con la nueva conformación el peronismo perderá gravitación en comisiones. En el cálculo provisorio, los bloques de Unión por la Patria podrían aspirar a tener poco más de un tercio de la integración de las comisiones. Eso le permitirá al oficialismo aprobar dictámenes de mayoría con un número propio, que surgirá de la alianza de los partidos que integran esta nueva mayoría. Pagan un error táctico Con esa mayoría en las comisiones se agrava la suerte del peronismo, que ya está pagando en el debate del proyecto de reforma laboral las consecuencias de la decisión de los bloques de UP de no integrar algunas comisiones, en las que el oficialismo no le dio la proporcionalidad que reclamaban. Los bloques de José Mayans y Juliana Di Tullio reclamaban siete representantes en las comisiones y el oficialismo les dio sólo cinco. Esa queja afectó a la Comisión de Trabajo, a la que el peronismo no se incorporó. Judicializó la decisión de Victoria Villarruel, a quien la cámara había delegado las facultades para integrar las comisiones. Como el peronismo se quedó fuera de esa comisión, no pudo presentar un dictamen de minoría sobre el proyecto laboral. Sólo ha quedado uno de la mayoría, que es el que va al recinto el próximo miércoles. Con un solo dictamen de mayoría, el único recurso que le queda al peronismo es trabajar para que la sesión no tenga quórum. Algo difícil ante un oficialismo que ya suma 44 bancas sobre el total de 72. Si hubiera habido un dictamen de minoría, la tarea del peronismo sería más fácil: con atacar el dictamen de mayoría y lograr el rechazo, quedaría en tratamiento el dictamen de minoría. Como no lo hay, el único recurso que le queda al peronismo es voltear el dictamen y que el proyecto pierda vigencia. Un imposible con los números de hoy. ¿Qué les pasó? El peronismo ha sido lento en adaptarse a ser oposición después de muchos años de ser oficialismo. Patricia desplazada del debate penal Las cosas no van a ser tan fáciles en Diputados. En las reuniones del bloque de Germán Martínez de miércoles y jueves pasado se resolvió esperar el proyecto que apruebe el Senado con un dictamen de minoría elaborado sobre la base de los varios que se han presentado. Aquí la tarea del gobierno será más dura. Diputados es una cámara menos dependiente de los gobernadores y el peronismo puede lograr adhesiones para amortiguar daños. Esta volatilidad política que permite una cámara balcanizada también produce heridas en el oficialismo. La más ardiente es cómo el propio bloque de La Libertad Avanza le arrebató a Patricia Bullrich el proyecto de baja de la edad de imputabilidad, que la exministra cabalgaba airosa en el Senado. En la reunión de jefes de bloque de Diputados del miércoles Martín Menem comunicó que el proyecto va por Diputados y que habrá una mezcladora de todas las iniciativas que se han discutido hasta alcanzar un dictamen en la cámara baja. Este proyecto punitivista tiene onda en muchos bloques, no sólo en LLA. Lo apoyan en el massismo supérstite en UP, y tiene adhesiones manifiestas de, entre otros, Miguel Pichetto, Guillermo Michel y otros. El golpe de arrebato del proyecto a Patricia se operó desde el bloque de LLA, cuyo presidente, Gabriel Bornoroni, está en carrera para la gobernación de Córdoba y no iba a desaprovechar un proyecto con tantos apoyos para ponérselo en el ojal. La baja de imputabilidad es una demanda de los gobiernos débiles que buscan transmitir una imagen de fortaleza y de crueldad a la sociedad, cuyos sectores medios viven aterrados por la inseguridad. Aun cuando la Argentina tiene una de las marcas más bajas de inseguridad de toda la región: en la última encuesta de la ONU es lisa y llanamente el país más seguro. Pero nadie iba a desaprovechar esa bandera en un período previo a las elecciones ejecutivas de 2027. Tambalea la línea de sucesión El debate de la nueva cúpula del Senado revalidará designaciones hechas en 2023 ya con el dominio, por sobre el peronismo, del grupo de los 39 que logró cohesionar el exsenador por Salta Juan Carlos Romero. La decisión más importante que deberá tomar el gobierno es si aprueba la reelección del actual presidente provisional de la cámara Bartolomé Abdala. Lo decidirá el grado de presión que pueda redoblar el Poder Ejecutivo sobre la figura de la vicepresidenta Villarruel, que ha tenido relaciones pacíficas con Abdala, un experimentado dirigente de San Luis, acostumbrado a convivir con las fieras en otros momentos de su trayectoria. Hay aspirantes a reemplazarlo, entre ellos el senador PRO por Tierra del Fuego Agustín Coto. Ingresó en diciembre pasado y mantiene relaciones equidistantes con todos los punteros del gobierno que se atribuyen músculo: los primos Menem, Santiago Caputo y Patricia Bullrich. Con 44 senadores el grupo revisará las designaciones en algunas prosecretarías que se atribuyeron en 2023 cuando la representación partidaria era otra. Hay dos designaciones de prosecretarios que responden a la UCR que pueden tener algún cambio. Una es la prosecretaría parlamentaria, a cargo de Dolores Martínez, que responde al hoy diputado Martín Lousteau, y el prosecretario administrativo, Lucas Clark, que responde a Alfredo Cornejo. Sigue el minué de la Auditoría Si hay cambios, uno de los reemplazantes puede ser Luis Naidenoff, que terminó una banca en 2023 y es, además, candidato de la UCR a ocupar una de las sillas vacantes por el Senado en la Auditoría General de la Nación. Naidenoff es hoy secretario parlamentario del bloque de su partido en la cámara. Esa silla en la AGN está pendiente de designación. En Diputados, el oficialismo negoció con el peronismo para designar a dos representantes de la oposición Juan Ignacio Forlón (Unión por la Patria) y Pamela Calletti (Innovación Federal) y a una abogada de extracción radical, Mónica Almada. En el Senado el oficialismo aparece más convencido de acordar con el radicalismo. Lo ha hecho en la figura de Víctor Zimmermann, a quien el gobierno viene candidateando para la AGN desde antes de diciembre pasado. El partido del exsenador chaqueño es el que retiene ese acuerdo, porque mocionó el año pasado en favor de Naidenhoff para el cargo. Si Naidenoff va a alguna prosecretaría de la cámara, se puede reactivar la nominación de Zimmermann, que antes ha recibido otras ofertas de cargos nacionales del gobierno. Una fue una silla como director de Aerolíneas Argentinas. Zimmermann recibió la oferta de Patricia Bullrich y de Toto Caputo. Pero resignó la oferta porque no quiere apartarse de la línea opositora, aunque amigable, del bloque UCR, que integró hasta diciembre.
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