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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 06/02/2026 14:06
El Congreso vive días de intensa negociación en las sesiones extraordinarias, con la CGT exigiendo cambios en seis artículos clave de la reforma laboral, mientras el oficialismo cedió al pedido del PRO y la UCR para fijar la edad de imputabilidad en 14 años en el proyecto del Régimen Penal Juvenil. El Gobierno busca medias sanciones esta semana para un paquete que incluye la Modernización Laboral, cambios en Ganancias para sociedades y el Régimen Penal Juvenil. Reforma Laboral y resistencia de la CGT La central obrera, encabezada por Daer, Moyano y Acuña, pone el foco en frenar seis artículos que considera regresivos: - Limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales. - Cambios en el financiamiento sindical (eliminación de la obligatoriedad de la retención de la cuota sindical por parte de los empleadores). - Reducción de aportes patronales a obras sociales. - Eliminación o atenuación de multas por trabajo no registrado. - Modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos. - Promoción de acuerdos empresa por empresa, en detrimento de la negociación por actividad. La CGT advierte que estos puntos «golpean el modelo sindical argentino» y facilitan el «fraude laboral». Ha intensificado su negociación, reuniéndose con gobernadores peronistas y encontrando coincidencias con algunas entidades empresariales como la CAME, que también rechaza varios puntos por temor a que solo beneficien a grandes corporaciones. Impuesto a las Ganancias y tensión con gobernadores El otro gran obstáculo es la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias para sociedades, que los gobernadores (incluso aliados) ven con alarma por la pérdida de recursos coparticipables. Estimaciones indican pérdidas significativas para las provincias (Chubut calcula hasta 17.000 millones en 2026). Algunos gobernadores condicionan su apoyo a la reforma laboral a contrapartidas en este punto. Acuerdo sobre Régimen Penal Juvenil El oficialismo logró un avance significativo al aceptar el pedido del PRO y sectores de la UCR para llevar el proyecto con un piso de 14 años para la edad de imputabilidad, en lugar de los 13 que impulsaba originalmente Patricia Bullrich. El proyecto establece penas máximas de 15 años (no 20) para delitos graves, la creación de institutos especializados y la asignación de recursos presupuestarios nacionales para su implementación. El PRO, a través de Cristian Ritondo, celebró la edad de 14 años como «equilibrio razonable» y exigió que se incluya el financiamiento en el proyecto. Diputados podría votar la media sanción el jueves 12 de febrero. El Gobierno cede en algunos puntos para blindar los núcleos duros de su agenda, pero la resistencia de la CGT (que amenaza con medidas de fuerza) y la presión de los gobernadores por recursos complican el panorama, aunque el oficialismo asegura tener los votos.
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