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Concordia » El Heraldo
Fecha: 06/02/2026 00:08
Imputabilidad y menores: advierten que sin infraestructura la ley sería inaplicable En medio del debate parlamentario por la Ley Penal Juvenil, el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel (PJ), fijó posición sobre la posible baja en la edad de imputabilidad y planteó que cualquier modificación debe ir acompañada de condiciones concretas para su aplicación. El legislador sostuvo que se trata de una discusión que trasciende las banderas partidarias y requiere un análisis profundo. Recordó que, según la legislación vigente, para que una persona sea considerada imputable debe contar con discernimiento, intención y libertad al momento de cometer el delito. En ese marco, señaló que distintos países establecen pisos etarios diversos como 10 años en el Reino Unido o 14 en varios países de América y consideró que hoy existen adolescentes de 14 o 15 años que comprenden plenamente la gravedad de sus actos. No obstante, advirtió que cualquier reducción en la edad de imputabilidad debe ir acompañada de un sistema adecuado de detección y tratamiento para menores. Si se baja la edad, tienen que existir cárceles específicas y condiciones acordes que respeten los derechos de los chicos, planteó, al señalar que de lo contrario se estaría profundizando un problema sin ofrecer una salida real. En ese sentido, anticipó que trabaja en un proyecto impulsado por otro legislador nacional que contempla estas condiciones de infraestructura como requisito previo para que la norma pueda aplicarse de manera efectiva. Michel también subrayó que la discusión no puede limitarse al aspecto punitivo. Consideró imprescindible avanzar en una legislación integral de salud mental que atienda las problemáticas de fondo que afectan a muchos adolescentes. Estamos frente a una generación con enormes fragilidades. Si no abordamos la salud mental, seguiremos viendo chicos sin horizonte ni expectativas, remarcó. El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad continuará en el Congreso en las próximas semanas, en un clima de posiciones divididas y con foco no solo en la edad penal sino también en las condiciones institucionales para su implementación.
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