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  • Tras controlar a ministros, jueces y legisladores, un gobernador ahora impone el narcotest a la Policía y el personal de Salud

    » Clarin

    Fecha: 05/02/2026 15:20

    Hace un año, San Luis arrancó con narcotests a jueces, ministros y diputados, en búsqueda de cocaína, marihuana y anfetaminas, y ahora amplía los controles a los más de 5000 policías, los agentes penitenciarios y a todo el personal de Salud de la provincia. Aprobado por ley y efectuados por sorteo, durante 2025 en San Luis realizaron 1909 controles toxicológicos a funcionarios de los tres poderes del Estado. Los test arrancaron por el gobernador Claudio Poggi, y siguieron por sorteo y de forma anónima por ministros, secretarios de Estado, jueces, fiscales y legisladores. "Sobre consumo de drogas ilegales fueron detectados ocho funcionarios y 40 por consumo excesivo de drogas legales. Todos los casos fueron derivados al Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones (CPAA), quien determina el grado de toxicidad, el diagnóstico y la estrategia terapéutica", señaló a Clarín Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis. Bazla aclaró que ningún caso positivo alcanzó a Secretarios de Estado o ministros del Poder Ejecutivo. En todos los casos son anónimos y no pueden revelar de forma pública los casos positivos. Un año después del lanzamiento de la ley, que arrancó con el vicegobernador, este mes ampliarán los test a las fuerzas de Seguridad y personal de la Salud. Con más de 5000 policías; 650 agentes del Servicio Penitenciario; y otras 5000 personas, entre distintos profesionales de la medicina, enfermeros y camilleros. Cuánto cuesta, quién lo paga y la protección de los datos Al igual que los controles a los tres poderes del Estado, los test estarán a cargo de un ente independiente del Gobierno, como la Universidad Nacional de San Luis y el costo será asumido por cada uno de los sorteados. "El test vale $25 mil, nos lo paga el Gobierno, pero lo afronta cada empleado sorteado. En el caso de que alguno de los casos positivos quiera una contraprueba, tiene un costo de $ 140 mil, un análisis químico con una gran sensibilidad de detección y en 2025 solo nos pidieron seis", señaló a Sebastián Andújar, decano de la Facultad de Bioquímica de la Universidad de San Luis. "Hay personas que les ha dado positivo en ansiolíticos, pero están bajo tratamiento y están justificados; lo mismo que en el tema de cannabis, pero tienen certificado del Reprocann (Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis)", agrega Andújar. Una de las contrapruebas dio negativo. "En un caso en particular, el primero había sido positivo y la contraprueba negativa, y fue lo definitivo", remarcó Bazla. Según la ley, "el análisis deberá detectar como mínimo la presencia de AMP anfetaminas, THC tetrahidrocannabinol (marihuana), COC cocaína, OPI opiáceos (heroína, morfina, metadona), BAR barbitúricos, BZO benzodiazepinas, TCA antidepresivos tricíclicos, MDMA metilenedioximetanfetaminas (éxtasis), MOP morfina y PCP fenciclidina". Consultado si hubo despidos en los casos positivos, el funcionario aclaró: "Todavía está pendiente del informe final que eleve a la autoridad de aplicación el Centro de Prevención de Adicciones. De acuerdo a la gravedad, transmito la información al Gobernador, al presidente del Superior Tribunal de Justicia y a los presidentes de cada cámara de la Legislatura". Tras los 1909 test en el primer año, para 2026 esperan alcanzar los 6000 controles. Cuando los empleados públicos resultan sorteados en un evento mensual en la Lotería de la Provincia, a las 24 horas son notificados. "Los bioquímicos que toman las muestras no saben quiénes son las personas porque no se presentan con DNI sino con un token que elabora el área de informática de la provincia. A cada legajo se le asigna un orden y un token para el sorteo. Ponen como firma el número de orden. La bioquímica carga el resultado con un código de barras y se puede hacer el seguimiento, sin saber quién es la persona", detalla Andújar. A lo largo del año pasado, la iniciativa de San Luis fue replicada en Neuquén, Chaco, Santa Fe, Tucumán y Córdoba. Y hace pocas semanas, tras un fracaso en la Legislatura, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz, incorporó el narcotest por decreto. Sobre la firma Newsletter Clarín

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