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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 05/02/2026 09:12
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó graves irregularidades en la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de administrar casi 6.000 kilómetros de rutas nacionales. El documento oficial reveló que durante 2022 pleno gobierno de Alberto Fernández la compañía registró pérdidas por más de $30.000 millones, en un contexto de debilidades en los controles internos, desmanejos administrativos y una estructura sobredimensionada. Este escenario derivó primero en la intervención de la empresa dispuesta por el presidente Javier Milei y luego en una denuncia penal que instruye el juez federal Ariel Lijo. En paralelo, el Gobierno avanzó con la privatización total de Corredores Viales, cuyo objetivo final es la disolución de la sociedad estatal. Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) sostienen que Corredores Viales es una empresa cara e ineficiente. Una empresa deficitaria Corredores Viales S.A. fue creada en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, mediante el Decreto 794/17, como una estructura paralela a la Dirección Nacional de Vialidad para administrar corredores estratégicos bajo el sistema de peajes. Con el paso de los años, según los propios informes oficiales, la firma se transformó en un organismo caro, opaco y deficitario. De acuerdo con el Informe de Situación Empresaria, aprobado en septiembre de 2023, la compañía opera aproximadamente 5.900 kilómetros de rutas nacionales con una dotación de 4.097 empleados al cierre de 2022. El capital social se distribuye entre el Ministerio de Obras Públicas (51%) y la Dirección Nacional de Vialidad (49%). Números en rojo El dato más contundente del informe es el resultado económico negativo: una pérdida neta de $30.047.931.000 en 2022, más del doble que el déficit de 2021, que había sido de $12.852 millones. A pesar de que el tránsito en las 42 estaciones de peaje aumentó un 17,2% interanual, alcanzando casi 196 millones de vehículos, los ingresos por peajes cayeron un 7%, en parte por el atraso tarifario. El margen bruto sobre ventas fue negativo en un 49%, lo que evidenció que los costos operativos superaron ampliamente a los ingresos. Para sostener la operatoria, el Tesoro Nacional transfirió $14.619 millones destinados a gastos corrientes y obras de capital. Irregularidades y falta de control La SIGEN fue todavía más contundente al analizar el funcionamiento interno. En al menos siete auditorías, detectó debilidades en el sistema de control interno en áreas clave como compras y contrataciones, recaudación, pagos de tesorería, recursos humanos, tecnología, inventario de activos y viáticos. Uno de esos informes derivó en la intervención del Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal N.° 12, a cargo de Ariel Lijo, que investiga presuntas maniobras irregulares. También se detectaron erogaciones por más de $128 millones vinculadas a la anterior concesionaria AEC S.A., actualmente bajo revisión judicial, y demoras en la modernización del sistema de peajes por trabas a la importación de equipos. Una empresa cara e ineficiente El director ejecutivo del CONADUV, Jorge Zatloukal, fue categórico: Es una empresa cara e ineficiente. El 70% de la red vial está en condiciones pésimas, existe opacidad y una planta de personal sobredimensionada. Es una estructura paralela a Vialidad Nacional. Se debe volver a las buenas prácticas que supo tener Vialidad Nacional. El esquema de peajes es inviable si solo sirve para cortar el pasto. Sin rutas libres, no hay libertad, agregó. Intervención y privatización En abril de 2025, Milei dispuso la intervención de Corredores Viales, designando a Anastasia María Adem al frente del proceso, con el objetivo de realizar auditorías integrales, evaluar el estado financiero y relevar los corredores. Previamente, el 17 de febrero de 2025, se publicó el Decreto 97/2025 que autoriza el procedimiento para la privatización total de la empresa, en el marco de lo dispuesto por la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado 23.696. El plan contempla la extinción de los contratos vigentes, la concesión de más de 6.000 kilómetros de rutas nacionales a operadores privados mediante licitaciones en CONTRAT.AR y, finalmente, la disolución de la empresa estatal. El objetivo oficial es reducir la presencia del Estado, atraer inversión privada y mejorar el estado de la red vial con un ahorro fiscal significativo. La segunda etapa de licitaciones está prevista para este año. Mientras tanto, Corredores Viales continúa intervenida, bajo investigación judicial y convertida en un símbolo de una gestión que dejó miles de millones en pérdidas, rutas deterioradas y un esquema administrativo que hoy el Gobierno busca desarmar.
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