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Fecha: 04/02/2026 12:21
La Justicia incorporó en las últimas horas un peritaje clave en la disputa entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el empresario Guillermo Tofoni por un contrato de representación para la organización de partidos amistosos de la Selección. El informe concluyó que el documento cuestionado no presenta alteraciones y que las firmas atribuidas al presidente Claudio Chiqui Tapia y a su tesorero, Pablo Toviggino, son auténticas. Leé también: AFA: chats muestran cómo un hombre cercano a Toviggino ordenó mover millones de dólares a una empresa fantasma La conclusión surge de una presentación realizada por Horacio López Peña, calígrafo público nacional designado como consultor técnico por la parte actora, quien ratificó las conclusiones del peritaje oficial. Según dejó asentado ante el juzgado, los estudios se realizaron sobre los documentos originales y en conjunto con la perito designada por el Tribunal, con coincidencia plena en las observaciones y resultados. En el apartado central del informe se afirma de manera expresa que no existen alteraciones o adulteraciones en el contrato identificado como Anexo 13, correspondiente a un acuerdo de representación exclusiva entre la AFA y Guillermo Luis Tofoni. Además, se sostiene que las firmas que figuran en el documento y que se atribuyen a Tapia y a Toviggino han sido realizadas por sus respectivos puños y letras, por lo que resultan auténticas. Leé también: La AFA transpira corrupción y el kirchnerismo le seca la nuca con la toalla del relato El peritaje respalda lo ya expresado por la perito calígrafa oficial Liliana Quintana, quien había llegado a la misma conclusión tras comparar las firmas cuestionadas con cuerpos de escritura y firmas indubitadas. Esa pericia fue incorporada a fines del año pasado al expediente comercial donde se dirime el conflicto por el desconocimiento del contrato. El litigio se originó a partir de la demanda presentada por Tofoni, quien sostuvo que la AFA dejó sin efecto el acuerdo que habilitaba a su empresa, World Eleven Inc., a organizar partidos amistosos de la Selección nacional. Según consta en la causa, el empresario denunció que, tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, fue desplazado y el contrato dejó de ser reconocido por la conducción de la entidad. Leé también: Chiqui Tapia pidió que se cierre la causa en la que ARCA lo acusa por retención indebida de aportes En el marco de ese proceso, la AFA intentó desconocer la validez del documento y cuestionó la autenticidad de las firmas, punto que ahora quedó desestimado por los peritajes incorporados al expediente. La causa comercial continúa en trámite en el juzgado a cargo de Javier Cosentino. En paralelo, Tofoni impulsa denuncias penales contra Tapia, Toviggino y el empresario Javier Faroni por presunta administración fraudulenta. Esas actuaciones se iniciaron en la Justicia nacional de instrucción, pero fueron derivadas posteriormente a la Justicia federal de Lomas de Zamora. Disconforme con esa decisión, el denunciante apeló y ahora será la Cámara del Crimen, con la intervención del juez Ignacio Rodríguez Varela, la que deberá definir la competencia definitiva del caso. Leé también: La Justicia exigió información de las empresas fantasma en EE.UU. que recibieron fondos de la AFA El conflicto se inscribe en un escenario judicial más amplio que involucra el manejo de fondos de la AFA en el exterior. En las últimas semanas, tras varios allanamientos, la Justicia halló en la sede de la calle Viamonte un contrato firmado en mayo de 2021 entre la AFA y TourProdEnter LLC, la empresa vinculada a Faroni. Ese acuerdo otorgaba a la firma la exclusividad para recaudar ingresos internacionales de la entidad, incluidos contratos de sponsoreo, televisación y partidos disputados fuera del país. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, TourProdEnter percibía el 30% de los ingresos comerciales generados en el exterior y, además, el 10% de las salidas de dinero asociadas a tareas de logística. El contrato llevaba las firmas de Tapia y Toviggino, fue rubricado en diciembre de 2021 y tenía vigencia hasta fines de 2026, con alcance global y la única excepción del territorio argentino.
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