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Parana » AIM Digital
Fecha: 04/02/2026 08:25
El gobierno español presentó una de las iniciativas más estrictas de Europa para regular las plataformas digitales. El proyecto incluye verificación obligatoria de identidad, control de algoritmos y posibles sanciones penales a directivos de las empresas, y deberá ser debatido en el Parlamento. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas orientadas a limitar el uso de redes sociales por parte de menores de dieciséis años, en lo que definió como una ofensiva contra la impunidad en el entorno digital. La iniciativa fue presentada durante su exposición en la World Government Summit y se apoya en una reforma al proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, actualmente en trámite legislativo. El núcleo de la propuesta es la prohibición total del acceso a redes sociales para menores de dieciséis años, sin excepciones ni posibilidad de habilitación mediante el consentimiento de padres o tutores. De prosperar la enmienda, se eliminaría una de las principales ventanas legales que hoy permite a chicos más jóvenes registrarse en plataformas digitales. Otro eje central es la obligación de las empresas tecnológicas de implementar sistemas efectivos de verificación de edad. El Gobierno busca dejar atrás los mecanismos declarativos y trasladar la responsabilidad directamente a las plataformas, que deberán garantizar que los controles no puedan ser eludidos con facilidad. La iniciativa introduce además un cambio sustancial en el régimen de responsabilidades. El Ejecutivo propone avanzar hacia consecuencias penales para los directivos de las empresas que no actúen con rapidez frente a la difusión de contenidos ilegales, violentos o dañinos, abandonando un esquema basado casi exclusivamente en sanciones económicas. El funcionamiento de los algoritmos también queda bajo la lupa. El proyecto apunta a tipificar como delito la manipulación deliberada de estos sistemas cuando se utilicen para amplificar discursos de odio, desinformación o contenidos ilegales, llevando una discusión hasta ahora técnica al centro del debate político y jurídico. En paralelo, se prevé el desarrollo de herramientas para medir el impacto de los discursos de odio y la polarización en el entorno digital, así como una mayor coordinación con las fiscalías para investigar delitos cometidos a través de redes sociales y el uso de inteligencia artificial. El recorrido legislativo no será sencillo. El Gobierno no cuenta con mayoría propia en el Congreso de los Diputados y deberá negociar apoyos en un contexto de fuerte presión por parte de las plataformas digitales. El debate vuelve a poner en agenda una discusión de fondo: hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación del mundo digital y quién debe asumir el costo de proteger a niños y adolescentes en un espacio que ya es parte inseparable de su vida cotidiana.
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