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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 03/02/2026 16:38
Por Mariela Udrizar (*) Han pasado más de seis meses desde la creación de OSER y desde la disolución de IOSPER. Seis meses desde una decisión que no fue improvisada, ni inevitable, ni producto del azar. Fue una decisión política, tomada sin los avales técnicos, legales y administrativos que una transformación de esta magnitud exigía. Desde el primer momento, quienes trabajábamos dentro de la obra social intentamos hacer lo que corresponde en una democracia: analizar, advertir, proponer y mejorar. Nunca fue nuestra intención ir en contra de nadie. Muy por el contrario, quisimos sumar, aportar conocimiento y lograr que se tomara la mejor decisión posible para los afiliados y para la provincia de Entre Ríos. Pero pronto quedó claro que los objetivos eran distintos. Mientras algunos buscábamos mejorar una institución construida durante años por y para los trabajadores, otros avanzaban con la lógica de apropiarse de ella como un trofeo político. No hablábamos desde la especulación ni desde una mirada externa. Hablábamos desde adentro, con conocimiento real del funcionamiento del sistema. Aun así, dimos un voto de confianza cuando llegó la intervención, creyendo (o queriendo creer) que podía ser para mejor. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó en evidencia que no se trataba de una gestión orientada a corregir errores, sino de un proceso de vaciamiento y destrucción institucional, guiado por intereses previamente definidos. La ley que dio origen a OSER se aprobó sin informes técnicos, sin auditorías visibles y sin documentación respaldatoria, algo que nadie puede discutir honestamente. Hubo pedidos de informes, solicitudes formales, requerimientos reiterados: nada de eso apareció. No lo decimos desde la opinión, sino desde los hechos. Nadie vio esos informes porque nunca existieron. Aun así, se aprobó una ley otorgando un cheque en blanco que advertimos, una y otra vez, que traería consecuencias. Hoy, con el diario del lunes, algunos reconocen que las cosas no están saliendo bien. Pero ¿cómo podrían salir bien si el origen mismo del proceso fue defectuoso? Si se pudo disolver un organismo y crear otro sin demostrar nada, sin responder preguntas básicas, era previsible que el resultado fuera el que hoy viven miles de afiliados. Siempre sostuvimos algo simple: no se pueden tomar decisiones sin conocimiento. Lo que ocurrió fue la utilización de un descontento social real para alcanzar un objetivo político ya diseñado. ¿Había cosas que estaban mal en IOSPER? Sí. Nadie lo negó jamás. Pero lo que correspondía era mejorar, no destruir para apropiarse. Toda esta información fue puesta en conocimiento de senadores y diputados, quienes se supone representan a la sociedad entrerriana. En una democracia, el Poder Legislativo tiene la responsabilidad indelegable de estudiar los proyectos que aprueba. Los legisladores contaron con datos, advertencias y argumentos que podían, y debían, exigir verificar. Si aun así decidieron avanzar, hoy deben hacerse responsables de las consecuencias. La salud no es un gasto. La salud es un derecho y una inversión. Una obra social debe contener, responder y estar donde la gente la necesita. Hoy OSER no está cumpliendo siquiera con los mínimos básicos que una obra social debe garantizar. Y eso no es una opinión: es la realidad cotidiana de miles de afiliados. En lo personal, además, debo señalar una situación grave. He sido objeto de injurias públicas por parte de los máximos directivos de la obra social, entre ellos el vicepresidente, señor Ricardo García, quien se refirió a mi persona en distintos medios adjudicándome conductas como el supuesto boicot a la gestión. Dichas afirmaciones fueron realizadas sin pruebas, sin conocimiento personal y sin sustento alguno, afectando mi honor y mi trayectoria profesional. Lo más doloroso no fue solo el ataque hacia quien fue la cara visible de los planteos técnicos, sino que esas descalificaciones se tradujeron en hechos concretos: todos los compañeros y compañeras que me avalaron también fueron removidos de sus cargos. Resulta difícil no interpretar esto como una acción deliberada de castigo y adoctrinamiento, destinada a dejar en claro que no se tolera la disidencia técnica ni el pensamiento crítico. Pero quiero ser absolutamente clara: esto nunca fue ir contra nadie, no fue una pelea, no fue una batalla, no fue una disputa personal ni política. Fue, y sigue siendo, una defensa del bienestar social, de los afiliados y de un derecho esencial como es la salud. Defender derechos no es boicotear. Señalar errores no es atacar. Exigir transparencia no es conspirar. Es ejercer ciudadanía. Yo ingresé a la obra social como pasante, siendo estudiante de Ciencias Económicas. Me formé, me recibí y trabajé durante años con responsabilidad, estudio y compromiso, incluso en detrimento de mi propia salud. Mi trayectoria está respaldada por hechos, por legajos y por años de cumplimiento. Eso me deja la conciencia tranquila y la frente en alto. Hoy estoy desplazada de las tareas para las que estoy capacitada. No me avergüenza trabajar ni cumplir órdenes: siempre lo haré con empatía y responsabilidad. Pero sí duele ver cómo el sistema pierde profesionales idóneos por el solo hecho de haber dicho la verdad. Una democracia necesita gente que controle, no gente que obedezca. Si no alzamos la voz, dejamos que hagan lo que quieran con lo que es de todos. Esto es nuestro y defenderlo no es un acto de rebeldía, es un acto de responsabilidad democrática. (*) Trabajadora OSER - exIOSPER
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