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Concordia » InfoConcordia
Fecha: 03/02/2026 12:16
El abogado entrerriano Rubén Pagliotto confirmó que interpondrá un recurso de queja ante el máximo tribunal para frenar el polémico Decreto 941. Denunció que la medida «retrotrae al país a las épocas más negras» y cuestionó el silencio de la dirigencia política provincial. En una entrevista cargada de fuertes definiciones jurídicas y políticas en «Palabras Cruzadas» por FM Litoral, el Dr. Rubén Pagliotto explicó los alcances de la batalla legal que encabeza contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941, firmado por el Presidente de la Nación. Según el letrado, esta norma modifica las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), otorgando a sus agentes facultades que vulneran garantías constitucionales básicas. El polémico Artículo 19: Detenciones «a sola firma» El eje del conflicto radica en el artículo 19 del mencionado decreto, el cual, según Pagliotto, habilita a los agentes de inteligencia a proceder a la detención de personas sin una orden judicial previa. «Un órgano de inteligencia no es una agencia de seguridad ni un organismo judicial. Se le está atribuyendo la facultad de violentar la libertad ambulatoria, una de las garantías más valiosas junto con la vida», advirtió el abogado. Ante lo que consideran una «amenaza real y concreta», Pagliotto, junto a los doctores Raimundo Kisser y Aquino Britos, presentaron un habeas corpus preventivo. Tras el rechazo en primera instancia por parte del juez Alonso y la posterior ratificación de la Cámara Federal de Paraná bajo el argumento de que no existe un «peligro inminente», los abogados decidieron acudir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación vía per saltum. Un DNU sin «necesidad ni urgencia» Pagliotto fue tajante al señalar la ilegalidad de la herramienta utilizada por el Ejecutivo. Recordó que el artículo 99 de la Constitución Nacional prohíbe taxativamente legislar por DNU en materias que no sean de extrema urgencia o cuando el Congreso no pueda reunirse. «Aquí no hay ni necesidad ni urgencia. Además, está expresamente prohibido legislar en materia penal a través de decretos», subrayó. Para el letrado, la sola vigencia del decreto ya constituye un peligro para la ciudadanía: «No hay que esperar a que alguien pierda la libertad para actuar; el habeas corpus preventivo sirve justamente para evitar que eso suceda». Críticas al «silencio cómplice» y la doble vara Durante la charla, Pagliotto no ahorró críticas hacia la gestión provincial y la dirigencia de la Unión Cívica Radical (UCR). Comparó la «escandalización» oficialista ante el hallazgo de cámaras viejas en dependencias públicas con el silencio sepulcral frente a este DNU. - Sobre el espionaje local: «Se victimizan por una cuestión de espionaje que resultó ser nada que ver, buscando un rédito político». - Sobre el DNU nacional: «Mantienen un oprobioso y cómplice silencio de radio ante la violación de una garantía primaria que nos retrotrae a la dictadura cívico-militar». El riesgo del «efecto ejemplificador» Hacia el final de la entrevista, el abogado alertó sobre el uso de la SIDE como herramienta de presión ante posibles convulsiones sociales derivadas de las reformas laborales. «Si alguien resulta antipático al gobierno por encabezar movilizaciones, ahora tienen la herramienta. Esas 48 o 72 horas que te pueden tener detenido sirven como una herramienta de presión ejemplificadora para decir: la sartén por el mango la tenemos nosotros'». Pagliotto concluyó asegurando que, de no hallar respuesta en la Corte Suprema argentina, realizarán la reserva para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un análisis comparativo técnico para entender por qué la reforma introducida mediante el DNU 941 genera tanto rechazo en el arco jurídico, según manifestaciones vertidas ante este medio por abogados constitucionalistas que prefieren el anonimato. La clave reside en la distinción entre inteligencia (obtener información para la seguridad nacional) y seguridad interior (investigación de delitos y detenciones). Análisis: Ley de Inteligencia Nacional vs. DNU 941 El siguiente cuadro resume los puntos de fricción donde el nuevo decreto choca con la normativa vigente y los tratados internacionales de Derechos Humanos: | Característica | Ley de Inteligencia (25.520) | Nuevo DNU 941 | Impacto Jurídico | | Facultad de Detención | Prohibida. Los agentes no tienen funciones policiales ni de detención. | Autorizada. El Art. 19 permite detenciones «en casos de urgencia» sin orden judicial. | Se violenta la garantía de juez natural y el debido proceso. | | Seguridad Interior | Separación estricta. La inteligencia no debe interferir en la seguridad interna. | Intervención directa. La SIDE recupera facultades operativas en territorio nacional. | Riesgo de militarización de la inteligencia y persecución política. | | Uso de la Fuerza | Prohibido el ejercicio de facultades coactivas. | Habilitado para procedimientos de «intervención inmediata». | Transforma a un espía en un agente con poder de policía pero sin control público. | | Control Judicial | Obligatorio para cualquier afectación de derechos (intervenciones telefónicas, etc.). | Se diluye la necesidad de orden previa bajo el concepto de «urgencia operativa». | Genera un vacío legal que facilita el «apriete» o la detención arbitraria. | Los 3 puntos más críticos del cambio 1. El quiebre del «Muro de Berlín» jurídico Desde el regreso de la democracia, Argentina mantuvo una separación tajante: quienes hacen inteligencia no pueden hacer seguridad. Esto es para evitar que los servicios secretos se conviertan en una «policía política». El DNU 941 borra esa línea, permitiendo que quienes manejan información reservada también tengan el poder de esposar a un ciudadano. 2. La «Urgencia» como cheque en blanco El derecho argentino solo permite detenciones sin orden judicial en casos de flagrancia (en el momento de cometer el delito) y por fuerzas de seguridad. Al habilitar a la SIDE a detener por «necesidad operativa», se crea una categoría ambigua que queda a discreción del agente, lo que el Dr. Pagliotto define como un «peligro real e inminente». 3. El efecto en la libertad de expresión y protesta Como se mencionó en la entrevista, en un contexto de conflictividad social, estas facultades podrían usarse como herramienta ejemplificadora. Una detención de 24 o 48 horas aunque luego un juez la declare nula cumple su objetivo político de desarticular una protesta o silenciar a un referente opositor o periodista. Nota del editor: La Ley 23.098 de Habeas Corpus es la que hoy utiliza la defensa para intentar «frenar el tiempo» y que la Corte Suprema anule el decreto antes de que se produzca la primera detención ilegal.
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