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» Clarin
Fecha: 03/02/2026 08:41
La crisis del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, suma un nuevo capítulo. El gobierno de Santa Cruz acudió a la Corte Suprema de la Nación para que se avale aquello que aprobó la Legislatura: la ampliación del máximo tribunal provincial de cinco a nueve miembros. Este lunes, las personas designadas por el gobernador Claudio Vidal y a quienes se les tomó juramento, también apelaron la declaración de inconstitucionalidad que les impide asumir el cargo. El TSJ santacruceño quedó envuelto en una situación sin precedentes: después de que su presidente ratificó la validez del juramento tomado a dos nuevos integrantes elegidos por el gobierno provincial, tras la aprobación de la Legislatura para que se amplíe a nueve miembros la Corte provincial, los cuatro vocales que la integran desconocieron dicho procedimiento y pidieron la nulidad del acto. Las nuevas designaciones -entre ellas la del ex gobernador, Sergio Acevedo-, responden a la ampliación del TSJ aprobada por la Cámara de Diputados. La administración de Claudio Vidal habla de una violación a la división de poderes. No sólo se pausaron las designaciones que iban a continuar, sino que el Tribunal Superior de Justicia resolvió declarar inconstitucional la normativa que aprobó el Poder Legislativo de Santa Cruz y que avalaba la ampliación de la Corte. En medio del escándalo, los cuatro vocales allegados al kirchnerismo removieron al presidente del órgano judicial provincial que había ratificado el juramento de Acevedo y José González Nora, propuestos por el gobierno. Mauricio Mariani confirmó a Clarín la notificación del corrimiento de su cargo como cabeza del Tribunal. En su lugar, los vocales designaron a Renée Fernández, con antiguos vínculos laborales con el kirchnerismo, además se desempeñó como apoderada del Frente para la Victoria de Santa Cruz. Esa ley que modifica la integración del máximo órgano judicial de Santa Cruz se aprobó en la Cámara de Diputados y una vez promulgada por Vidal, el Poder Ejecutivo avanzó en la remisión de las ternas para cubrir cuatro cargos más y así, llegar a la nueva integración: nueve miembros. Cuando los nombres de los candidatos a cubrir esos puestos fueron enviados por Vidal, se dictó una medida cautelar para impedir que la comisión de Acuerdos apruebe las ternas. Sin embargo, se procedió de igual manera hasta el punto tal que el entonces presidente del TSJ, el juez Mauricio Mariani, no sólo tomó juramento a los candidatos del Gobierno, sino que días después ratificó la validez del acto institucional. Después ocurrió la declaración de inconstitucionalidad de la normativa. Ahora, todo llegará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la reanudación de la actividad judicial luego de la feria, este lunes, Sergio Acevedo, José González Nora, Gabriel Nolasco Contreras Aguero y Juan Ramón De La Vega presentaron una apelación mediante un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de la Nación contra la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 3949 por la cual dispuso la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. Ante la posibilidad de que los cuatro vocales que rechazaron aplicar la normativa aprobada por la Legislatura rechacen el planteo, se irá en queja ante el máximo tribunal de la Nación, explicaron fuentes oficiales a Clarín. En el mismo sentido y buscando que el máximo tribunal -último intérprete de la Constitución Nacional- revierta el fallo del TSJ, el gobierno de Claudio Vidal a través de la fiscalía de Estado a cargo de Natalia Linardi presentó una queja en contra de las dos resoluciones dictadas el 8 de octubre de 2025 por la máxima autoridad judicial de la Provincial. Las resoluciones impugnadas son dos. Aquella por la cual se rechazaron las recusaciones planteadas por la Fiscalía de Estado contra los firmantes de la decisión; y por la que se hizo lugar a la recusación y apartamiento del entonces presidente del TSJ, Mariani. La segunda medida impugnada ante la Corte es la que suspendió por cuatro meses -o hasta que recayera sentencia definitiva- los efectos de la Ley 3949 de ampliación de miembros del Tribunal Superior de Justicia santacruceño. El absurdo (y por ende la arbitrariedad) es tan palmario, que no resiste lógica que antes de disponer la suspensión de los efectos de la ley, directamente no la aplicaron. Es decir, si la ley 3949 estaba vigente, antes de suspenderla debió ser aplicada. En consecuencia, las dos resoluciones recurridas debieron contar con nueve firmas, explicaron fuentes judiciales de la provincia a Clarín. El escándalo sumó a finales de diciembre otro dato: una actualización salarial que los cuatro vocales firmaron que les otorga salarios de 24 millones de pesos promedio por mes a cada uno. Los vocales allegados al kirchnerismo La decisión de correr al juez Mariani de la presidencia tras haber ratificado la toma de jura a Acevedo y a González Nora fue firmada por Alicia de los Ángeles Mercau, quien trabajó para Carlos Zannini durante años en suelo santacruceño. También firmó Paula Ludueña, quien fue la abogada defensora de Daniel Varizat, el ex funcionario kirchnerista que en 2007 atropelló a un grupo de docentes en pleno conflicto estatal y luego adujo que "actuó en legítima defensa". Entre los vocales apuntados por el gobierno santacruceño, está Reneé Fernández, quien se desempeñó como asesora de la secretaría Legal y técnica cuando Néstor Kirchner fue gobernador. Además, fue apoderada y fiscal general del Frente para la Victoria. Cuando juró como integrante del TSJ, el gremio y otras organizaciones rechazaron su designación. La cuarta firma pertenece a Fernando Basanta, quien integró el TSJ durante la gobernación de Alicia Kirchner: fue de hecho, su Ministro de Gobierno pero además, se trata de un ex funcionario vinculado a La Cámpora. Su designación no escapó al escándalo público: no cumplía con uno de los requisitos que era la cantidad de años de ejercicio de la abogacía en la provincia. Con vínculos con la política kirchnerista, los cuatro vocales del Tribunal Superior de Justicia afirman que el presidente Mauricio Mariani procedió de manera unilateral sin tener en consideración la opinión de los vocales, que se opusieron desde un primer momento a la designación de los nuevos integrantes. La gobernación entiende que contar con un TSJ de nueve miembros generará mayor equilibrio, siendo que hay cinco integrantes nombrados por otros gobiernos todos ellos kirchneristas. De hecho, se recordó que Mariani asumió en reemplazo de Carlos Zannini en 2003, cuando dejó su cargo para desempeñarse como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia nacional. El capítulo está abierto, y todo terminará en manos de la Corte Suprema de la Nación. Sobre la firma Newsletter Clarín
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