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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 03/02/2026 02:34
El Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent, realizó un nuevo gesto hacia el gobierno de Javier Milei al concretar una operación que permitió el envío de US$ 808 millones a la Argentina en la antesala de un vencimiento de deuda clave. Se trata de una venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) la canasta de monedas que utiliza el Fondo Monetario Internacional que le permitirá al país afrontar el pago de US$ 833 millones en intereses previstos para el 1 de febrero. Según datos oficiales del Tesoro norteamericano, la operación se concretó el 29 de enero a través del Exchange Stabilization Fund (Fondo de Estabilización Cambiaria). De esta forma, Argentina se convirtió en el primer país en 2026 en recibir dólares por esta vía y la transacción fue la cuarta venta de DEGs a otra nación en los últimos cinco años. Fuentes del mercado indicaron que el Gobierno habría pagado estos DEGs con pesos, aprovechando la vigencia del swap de monedas por US$ 20.000 millones con Estados Unidos y la escasez de DEGs propios. De confirmarse, el Tesoro habría utilizado parte de los $ 2,3 billones que mantiene en su cuenta en el Banco Central, equivalentes a unos US$ 1.580 millones. El objetivo oficial sería preservar las reservas y recomponer luego los DEGs con el desembolso pendiente del FMI por US$ 1.000 millones, sujeto a la aprobación de la segunda revisión del programa. A fines de febrero, además, vencen US$ 990 millones del Bopreal. No es la primera asistencia de este tipo. El 15 de octubre, Argentina ya había recibido US$ 872 millones en DEGs para afrontar otro pago al Fondo. Con esa operación, sumada a intervenciones previas durante la campaña electoral por US$ 2.500 millones del swap, esta se convierte en la tercera ayuda financiera de la administración Trump a la gestión de Milei. En Wall Street la señal fue interpretada como un respaldo financiero clave. Te están prestando para pagar intereses, lo cual es un paso más para volver a los mercados. La lectura es que estamos blindados por el momento, señaló un operador desde Nueva York. La asistencia llega en un momento sensible: en los próximos días se espera una nueva misión técnica del FMI para evaluar el cumplimiento de metas y la marcha de las reformas. Argentina viene de comprar US$ 1.100 millones de reservas en enero, tras modificar su política cambiaria ajustando las bandas al ritmo de la inflación de los dos meses previos y lanzar un plan de compras. En el Foro de Davos, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, elogió ante Luis Caputo la acumulación de reservas y la fuerte performance económica, aunque todavía persisten puntos críticos en la negociación. La segunda auditoría del programa estaba prevista para el 23 de enero, pero se demoró en medio de tensiones, lo que llevó al Gobierno a recurrir a Estados Unidos para cancelar los intereses sin esperar el desembolso del organismo. Si bien el Ejecutivo cumplió la meta fiscal de diciembre, registró un desvío en la acumulación de reservas netas. Según estimaciones de Barclays, el país se encuentra US$ 15.000 millones por debajo de las metas previstas para marzo. Aun así, bancos de inversión internacionales observan un cambio de tendencia. Algunos proyectan que el ritmo de compras podría permitir acumular US$ 14.000 millones en un año, por encima de los US$ 10.000 millones de deuda a pagar en 2026. Otros estiman una acumulación más moderada, de US$ 6.000 millones, complementada con una colocación de deuda externa por US$ 4.000 millones. El mercado ahora espera que Caputo solicite un waiver al FMI por el incumplimiento de metas y que el organismo revise nuevamente los objetivos de reservas. También crecen las expectativas de un retorno a los mercados internacionales, con un riesgo país por debajo de los 500 puntos. Como referencia, Ecuador colocó recientemente US$ 4.000 millones a tasas entre 8,75% y 9,25%. Sin embargo, el ministro ha señalado que busca reducir la dependencia de Wall Street, luego de haber tomado semanas atrás un préstamo REPO con bancos de Nueva York para cancelar un pago de US$ 4.200 millones a bonistas.
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