Parana » AnalisisDigital
Fecha: 01/02/2026 21:15
Varios exfuncionarios y dirigentes políticos verán definida su suerte judicial en los próximos meses. La justicia entrerriana enfrenta un año decisivo en materia de casos de corrupción, a partir de este lunes, en que se reanuda la actividad en Tribunales. Entre resoluciones de la Corte Suprema, remisiones a juicio oral y causas que se arrastran por más de una década, varios exfuncionarios y dirigentes políticos verán definida su suerte judicial en los próximos meses, entre los que se destacan los nombres de Sergio Urribarri, José Angel Allende, Pedro Báez y Domingo Daniel Rossi, entre otros. El 2026 se perfila como el año en que múltiples investigaciones lleguen a su desenlace, después de años de trámites procesales. Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de expedientes abiertos y enfrenta el año judicial más complejo de su vida. Su situación procesal se mueve en tres direcciones simultáneas que podrían significar su regreso a prisión. En octubre de 2025 comenzó a moverse en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos le concedió a Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera de manera polémica, en torno a las condenas de la justicia entrerriana por las causas de corrupción enmarcadas en el denominado Megajuicio, cuya base era reunir dineros públicos para la campaña presidencial del exgobernador. Ya votó el ministro Horacio Rosatti y restan pronunciarse Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Esta será la última palabra para definir si la condena por corrupción dictada en 2022 queda firme o vuelve a los tribunales entrerrianos. En abril de 2022, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, conformado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, condenó a Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua. A su cuñado Juan Pablo Aguilera y al exministro de Comunicación y Cultura Pedro Báez les impusieron penas de seis años. El fallo fue confirmado en todas las instancias entrerrianas. Se demostró que los exfuncionarios direccionaron millonarias contrataciones de publicidad hacia la empresa de Aguilera, así como a las de Germán Buffa, Jorge Rodríguez y Gerardo Caruso. "Como funcionarios públicos manejaron toda la tramitación entre ellos, para disponer de fondos públicos y usarlos a fines ajenos a la administración pública. Urribarri y Báez tenían conocimiento del carácter público de los dineros, de la ilicitud de la decisión que tomaron al sustraerlo y desviarlo hacia personas que se comportaron como sus socios comerciales", había manifestado la Cámara de Casación Penal al ratificar la sentencia en 2023. Sin embargo, en octubre de 2024, con los votos de Gisela Schumacher y Germán Carlomagno, el STJ habilitó a los condenados a acudir ante la Corte Suprema, argumentando una supuesta incongruencia entre los vocales Miguel Ángel Giorgio y Schumacher que habían confirmado la sentencia. Esta decisión permitió que las condenas no quedaran firmes y los acusados continuaran en libertad. Lo más curioso fue que se habilitó esta vía a Báez pese a que no lo había solicitado, debido a un error de su defensa en la firma del escrito. Si la Corte rechaza el recurso, los tres deberán volver a prisión. Durante 50 días, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, estuvieron detenidos en la Unidad Penal 1 de Paraná hasta que un tribunal de feria ordenó su liberación. Urribarri no puede salir de Concordia, Aguilera de Paraná, y Báez cumple prisión domiciliaria en su coqueta casa quinta de calle Jozami. Enriquecimiento ilícito: 7 millones de dólares sin justificar Paralelamente, Urribarri se encamina a un nuevo juicio oral por enriquecimiento ilícito que arrancará el mes próximo y sin dudas concentrará la atención periodística de la opinión pública. El juez de Garantías Nº 4 Julián Vergara fijó las audiencias de remisión a juicio para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026, a partir de las 9 horas en el Salón de Audiencias Nº 1. Allí se analizarán las pruebas del expediente para luego sí instrumentar -en fecha a determinar- el juicio oral y público contra el exmandatario por este caso específico de corrupción, que se inició a fines de 2015 tras la denuncia periodística de la revista ANALISIS, tras lo cual acudieron a Tribunales los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, quienes hicieron un escrito y presentaron esa edición de este periódico. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa en noviembre de 2023 con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. Para el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado como su testaferro, solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. Es decir que si Urribarri tiene que volver a la cárcel por decisión de la Corte Suprema de Justicia, deberá permanecer por lo menos hasta el 7 de octubre de 2028, en que cumplirá los 70 años y puede retornar a prisión domiciliaria. La acusación fiscal es contundente: entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2015, período en que Urribarri fue gobernador y luego diputado provincial, incrementó de manera desproporcionada su patrimonio en 11.546.772,05 pesos argentinos, 7.245.441,02 dólares y 16.300 euros, según el informe pericial contable de Romina V. Stepanic Pouey y Cristián Dumé. Para lograrlo, se valió de Diego Armando Cardona Herreros y de Rubén Ángel Martínez (que algunas veces oficiaba de chofer en Buenos Aires y algunos de los teléfonos que utilizaba el exgobernador estaban a su nombre) como personas interpuestas para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes. Martínez, un jubilado de 72 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024 tras acceder a un juicio abreviado donde pagó multas y donó dinero al Hospital San Roque. La imputación fiscal detalla año por año las operaciones sin justificar: --Año 2008: Compra de un inmueble en Puerto Madero, complejo Zencity, edificio Zafiro, por 433.950 dólares, pagado en cuotas con Diego Cardona firmando el contrato de fideicomiso. Compra de pasajes aéreos Buenos Aires/Atenas/Buenos Aires por 35.350 dólares. Resultado no justificado: 108.538,81 pesos y 469.300 dólares. --Año 2009: Pagos del departamento Zencity por 294.550 dólares. Compra de pasajes aéreos, consumos en hoteles y servicios de transporte. Un reloj marca Rolex facturado a nombre de Ana Lía Aguilera. Movimientos financieros por 268.575,34 pesos. Resultado no justificado: 499.138,53 pesos y 302.100 dólares. --Año 2010: Continuación de pagos del Zencity por 212.000 dólares. Paquetes turísticos a Atenas para la familia por 20.648 dólares, a París y Roma por 39.823 dólares, a Jerez por 19.022 dólares. Paquete para Franco Urribarri por 4.953 dólares. Movimientos financieros por 352.756 pesos y 67.210 dólares. Resultado no justificado: 550.935,44 pesos y 371.463,80 dólares. --Año 2011: Pago final del Zencity por 286.500 dólares. Paquete turístico a Cancún por 10.701,30 dólares. Viaje a Venecia y Cerdeña por 21.424 dólares. Compra de esculturas de cristal de Murano por 2.200 euros. Compra del automotor Ford Focus dominio KPR222 por 117.000 pesos registrado a nombre de Rubén Martínez con autorización de manejo para Mauro Urribarri y Ana Lía Aguilera. Pasajes a Londres por 8.146 dólares. Movimientos financieros por 217.573 pesos, 2.123.121 dólares y 14.100 euros. Resultado no justificado: 482.815,97 pesos, 2.461.639,80 dólares y 16.300 euros. --Año 2012: Paquete turístico a Natal por 21.637,30 dólares. Viaje a Miami por 15.468,10 dólares. Viaje a Miami y Nueva York por 43.941,50 dólares. Viaje a Nueva York por 21.900 dólares. Compra de vinos por 47.960 pesos. Donación de 5.500.000 pesos a sus cuatro hijos. Aporte de capital en Cerviño 3575 SA por 1.500.000 pesos. Movimientos financieros por 1.336.797,92 pesos y 3.413.223 dólares. Resultado no justificado: 1.643.119,64 pesos y 3.582.601,09 dólares. --Año 2013: Compra de camioneta Volkswagen Tiguan dominio NCV 674 por 371.320 pesos registrada a nombre de Diego Cardona. Reformas en inmueble de calle Lafinur 3302 (propiedad de Bruno Urribarri) por 1.301.931 pesos. Compra de sistema de audio por 40.000 pesos. Movimientos financieros por 1.896.654,61 pesos. Resultado no justificado: 3.696.691,59 pesos. --Año 2014: Reformas en inmueble Lafinur por 78.639 pesos. Paquete turístico a Nueva York por 26.597,89 dólares. Pasajes a Río de Janeiro por 4.772 dólares. Paquete a Río para Bruno Urribarri por 8.235 dólares. Seguros del Tiguan por 29.451 pesos. Movimientos financieros por 3.112.402,50 pesos y 1.500 dólares. Resultado no justificado: 3.636.726,51 pesos y 48.511,68 dólares. --Año 2015: Seguros del Tiguan por 22.620 pesos. Compra de automóvil Volkswagen Golf dominio PJL 951 por 391.588 pesos registrado a nombre de Diego Cardona con autorización de manejo para Mateo Urribarri. Movimientos financieros por 422.013,50 pesos. Resultado no justificado: 928.805,43 pesos y 9.824,65 dólares. Urribarri ha negado sistemáticamente la existencia de la pericia contable, alegando que se trata de un "informe" realizado por un "empleado" de la Procuración, en referencia al contador Héctor Enrique. "La pericia no está terminada y no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía", aseguró. Calificó de "intencional y maliciosa" la actuación del Ministerio Público Fiscal y señaló que los fiscales difundieron información "cuando se conoció el cronograma electoral", sugiriendo motivaciones políticas. Además del enriquecimiento ilícito, Urribarri tiene ya remitida a juicio la "Causa Coimas", donde la Fiscalía pide 10 años de prisión. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir la causa a juicio oral tras rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas. La acusación sostiene que Urribarri favoreció ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por su amigo y testaferro, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos a través de viajes lujosos que el empresario paraguayo financió para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos configuran el núcleo de la imputación. Pedro Báez, José Allende y las causas por enriquecimiento ilícito El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo Pedro Báez enfrenta una situación judicial compleja en dos frentes simultáneos. Por un lado, aguarda junto a Urribarri y Aguilera la resolución de la Corte Suprema sobre la condena de 6 años y medio de prisión dictada en el megajuicio de 2022. Actualmente cumple prisión domiciliaria -con tobillera electrónica- en su amplia casa quinta de calle Jozami de Paraná, lo que le permite ir computando pena mientras espera la definición judicial. Por otro lado, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal solicitó su remisión a juicio con un pedido de 5 años de cárcel para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía les endilga un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016. Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal Nº1, donde cumplía prisión preventiva antes de ser trasladado a su domicilio. La investigación documenta adquisiciones y gastos que no pueden ser justificados con sus ingresos declarados como funcionario provincial. En especial, un complejo termal en Concordia, donde se invirtieron -con otro socio- más de un millón de dólares, según se calcula. En tanto, el caso del exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, representa uno de los procesos judiciales más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Con 14 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende enfrenta finalmente la perspectiva de un juicio oral en 2026. Mientras tanto, sigue siendo uno de los dirigentes gremiales más mimados del gobierno de Rogeli Frigerio. Lo peculiar del caso Allende es que intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia. En agosto de 2021, llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía su enriquecimiento ilícito en más de 1.069.841 dólares, delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. El acuerdo establecía una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares), y multa de 3 millones de pesos. Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo, considerando que no cumplía con los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal. Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: "No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política". Tras el fracaso de los juicios abreviados, la causa continuó su curso. En marzo de 2025, Allende y toda su familia fueron citados a declaración indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8 Pablo Zoff dictó el procesamiento de Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron procesados: Adriana Guadalupe Sattler (esposa y actual dirigente de la comisión directiva de UPCN) como partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa) como partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo) como partícipe necesario en ambos delitos; y Victoria Allende (hija) como partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles. Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 (período en que fue diputado provincial) asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como: mantenimiento de caballos de carrera, viajes internacionales, varios vehículos de alta gama, y participación en sociedades como Radio La Voz de Entre Ríos SA, con sede en Nogoyá; Haras El Machazo SA y Cardinal Grydim SA, que fuera constituida en la República Oriental del Uruguay. El juez determinó que Allende utilizó a sus familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que justificaran esas compras. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas. Allende posee además departamentos en el mismo edificio de lujo de Paraná donde el exsenador Edgardo Kueider tiene propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez). Y pese a su situación, en los últimos tiempos siguió haciendo inversiones inmobiliarias, en especial en Paraná, aunque a nombre de terceros. Uno de los delitos se atribuye específicamente a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Sattler en relación con la "Fundación Esperanza". Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente presidente y secretario de la Fundación Esperanza, y diputado provincial que avalaba y firmaba los pedidos de subsidios. Sattler suscribía los pedidos como presidenta de la fundación, mientras Allende los avalaba como legislador. En dos casos, Allende personalmente solicitó y rindió los subsidios, configurando un claro conflicto de intereses incompatible con la función pública. Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, argumentando que la pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende, que se descartaron ingresos legítimos por motivos formales, que se omitieron financiamientos bancarios documentados, y que el procesamiento consolidó bienes de otros coimputados sin análisis individual. Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y rebatieron punto por punto los agravios de la defensa. En paralelo, el 3 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no tenían entidad para interrumpir el curso de la prescripción. La víctima anunciará que irá a la Corte Suprema. Allende enfrenta actualmente la causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral proyectado para 2026, e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena. La defensa insiste en que se trata de una "utilización política" del caso, argumentando que Allende "ha enfrentado poderosos intereses corporativos" y que resulta "doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes". El caso Allende representa una paradoja judicial: es el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, pero la justicia rechazó el acuerdo. Ahora, tras 14 años de investigación, enfrenta un juicio oral que se iniciará en 2026, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos de la historia judicial entrerriana. La espera de Rossi El actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), enfrenta dos causas penales graves que deberían resolverse en 2026, aunque una de ellas viene siendo sistemáticamente dilatada por su abogado defensor, Carlos Guillermo Reggiardo. Rossi tiene además una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito (3 años de prisión condicional, tras comprobarse varios millones de dólares en cuentas del Uruguay a nombre de su madre y su exeposa, y por donde transitaron más de 90 millones de dólares tras la privatización del frigorífico Santa Elena en 1990), lo que convierte su situación judicial en una de las más complejas para un intendente en ejercicio. Por segunda vez en 2025 se suspendió el juicio oral contra Rossi por presuntos sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras ejecutada en 2014. El inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso había sido fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio. Pero surgió un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a Castagno, quien a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. En realidad, la especialidad del abogado Reggiardo quien el año pasado fue suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía por diversas denuncias contra su accionar es confeccionar recusaciones contra jueces y fiscales, enviando sistemáticamente las causas para más adelante y generando un temor inconcebible en esferas judiciales. Lo hizo con Rossi, con su mano derecha el dirigente "Pichi" Blázquez, y con causas contra él mismo. Reggiardo, además de su rol de abogado, se autopercibe periodista y lo ejerce a través de páginas webs (es uno de los dueños de los sitios La caldera y Entrerios24, financiados por Rossi) y canales de YouTube, donde se la pasa hablando de él mismo y denuncia supuestos hechos de corrupción. También ataca permanentemente a quienes cuestionan a Rossi o a él mismo y jamás habla de algunos personajes de la corrupción como Urribarri o el mismísimo intendente de Santa Elena. Reggiardo es funcionario del municipio, en temas legales y a la vez tiene un contrato en el Senado de la provincia. Hasta el año pasado estaba también contratada su madre, Irma Liliana Werbrauck, por la senadora Patricia Díaz (esposa de Rossi). En la causa contra Rossi se investiga el presunto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación ejecutada en 2014 durante la gestión de Rossi. Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena, sino su concuñado Silvio Moreyra (PJ). Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha de que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios. El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión a juicio. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de 20 millones de pesos para ejecutar la pavimentación de 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era 18 millones y el mínimo, 14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional "Más Cerca". En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario Néstor Juan Szczech y al ingeniero Carlos Alberto Lescano, imputados como partícipes necesarios de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal: María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero Rubén Clivio Benítez falleció mientras transcurría la investigación. Los delitos endilgados a Rossi son peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público en carácter de autor. La segunda causa que enfrenta Rossi junto a su esposa, la senadora provincial Patricia Díaz, investiga enriquecimiento ilícito. La Fiscalía detectó cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008. Esta investigación se suma al antecedente de su condena firme de 2006 por el mismo delito, cuando recibió 3 años de prisión condicional. Un año decisivo para la justicia entrerriana La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos. Las condenas que se dicten en 2026 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, enfrentando más de una década de presunta corrupción sistémica que involucró el desvío de millones de dólares del erario público. La justicia deberá pronunciarse sobre casos que van desde el enriquecimiento patrimonial inexplicable hasta el direccionamiento de obra pública, pasando por esquemas de testaferros y negociaciones incompatibles con la función pública que afectaron las arcas provinciales durante años. El año 2026 será recordado como el momento en que muchas de estas investigaciones llegaron a su punto de no retorno.
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