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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 01/02/2026 08:15
desde el inicio de su gestión, la Fiscalía de Estado dictaminó en más de 20 mil expedientes administrativos. Julio César Rodríguez Signes cumple este domingo 1° de febrero 18 años al frente de la Fiscalía de Estado de Entre Ríos. Un hito para un funcionario que ha atravesado distintas administraciones provinciales. Accedió al cargo a través de la designación por medio del decreto N° 404 del 1° de febrero de 2008, firmado por el exgobernador Sergio Urribarri. Pero su incursión en la escena pública había ocurrido bastante antes. En 1995 accedió a una banca en el Concejo Deliberante de Paraná en representación del radicalismo. Presidió el bloque del oficialismo durante la segunda administración del exintendente Humberto Varisco, y también ocupó la presidencia del Concejo entre 1997 y 1999.Ese año, 1999, fue elegido diputado provincial durante el último gobierno de Sergio Alberto Montiel. En la Cámara baja ocupó puestos clave: fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estuvo al frente del bloque de diputados de la Alianza del Pueblo, y presidente de la comisión de Juicio Político entre 2000 y 2001. También estuvo al frente de la Cámara de Diputados entre 2001 y 2003, y fue de los impulsores del juicio político al exgobernador Montiel.Desde el inicio de sus funciones y hasta el día de hoy- intervino en más de 40.000 juicios, cuya implicancia económica supera los dos mil millones de dólares. Por otro lado, desde el inicio de su gestión, la Fiscalía de Estado dictaminó en más de 20 mil expedientes administrativos. Es vicepresidente del Foro de Fiscales de Estado de la Argentina desde hace 16 años. Promovió y organizó el Cuerpo de Abogados del Estado Provincial, y constantemente promueve especializaciones en derecho administrativo. Es cofundador del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), una fundación creada con la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Iosper (hoy OSER). Pasó a administrar el área de tierras fiscales en 2025, y por primera vez logró que los permisionarios paguen por el uso de los inmuebles públicos. Lo primero que hizo al asumir su gestión fue prohibir a la Dirección de Catastro que inscriba planos de mensura sobre inmuebles del Estado. De ese modo, el organismo a su cargo impidió de inmediato el despojo de bienes del Estado mediante juicios de usucapión. Además, inició una avanzada legal contra los adquirentes de bienes del dominio público, especialmente en lo vinculado a aquellas islas vendidas durante los gobiernos de facto. Tuvo éxito en esas batallas judiciales, en el marco de las cuales se destaca por su importancia- el fallo Escalada, en donde la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que las islas entrerrianas son bienes del dominio público, inenajenables e imprescriptibles. Así, la Fiscalía de Estado lleva recuperando alrededor de 40.000 hectáreas, especialmente en los departamentos Islas y Gualeguay. La Hidrovía Una de las cuestiones por las cuales más se movilizó JRS es la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía. El abogado sostiene que Entre Ríos está en un bucle negativo respecto a Rosario, porque aquel polo industrial y financiero aprovecha la ventaja logística de sus treinta puertos instalados sobre el canal de navegación principal, para concentrar la producción de materia prima de toda la región Litoral y Paraguay, incluso parte de Bolivia. Rosario hace el negocio financiero, industrial y exportador, y Entre Ríos recibe solo el precio del commoditie. JRS aspira a que Ibicuy, Concepción del Uruguay y Diamante se transformen, a la larga, en centros logísticos e industriales, pero para ello es necesito acceder a la vía de navegación troncal, cosa que, parece, se lograría en esta licitación, al incorporarse el río Paraná Guazú al sistema. Causas judiciales destacadas Durante su gestión, Fiscalía de Estado logró la victoria en medio de contiendas judiciales de gran implicancia institucional y económica. Entre ellas: la defensa en el juicio contra la Provincia de Buenos Aires por los fondos del conurbano bonaerense, que terminó en el Pacto Fiscal de 2017; los juicios contra la Nación por la modificación por decreto de las alícuotas de los impuestos a las ganancias y al IVA, que alteraron el régimen de coparticipación. La sentencia principal acogió los argumentos planteados por ER, y posteriormente los replicó en reclamos presentados por otras provincias; detuvo un reclamo de Acara que, mediante una cautelar, pretendió obligar a la Provincia a percibir el impuesto a los ingresos brutos de forma distinta a lo que dispone nuestro código fiscal. En esta causa no solo se defendieron miles de millones de pesos, sino también la potestad tributaria y administrativa de Entre Ríos; Patrocinó exitosamente al Túnel Subfluvial cuando la AFIP le reclamó (en 2018) una suma que hoy (ajustada por inflación) sería cercana a un mil quinientos millones de pesos. Actualmente existe otra causa similar por aproximadamente 300 millones de capital histórico, en la cual también se brinda apoyo técnico al viaducto biprovincial; En lo estrictamente corriente, las demandas de mayor implicancia económica son las instauradas contra la Nación por los excedentes de Salto Grande y por los incumplimientos de ANSES sobre déficit del sistema previsional. En ambas se obtuvieron avances parciales, pero muy significativos; Estadísticas La gestión cuenta con estadísticas muy positivas en cuanto a los resultandos obtenidos en juicios, tanto en aquellos en los cuales el Estado es demandante (con una tasa de éxito del 98%), como cuando es parte demandada (con tasa de vencimiento superior al 50%). Sobre estos últimos puede decirse que ha derribado el mito según el cual demandar al Estado es siempre una causa ganada. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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