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» TN
Fecha: 31/01/2026 14:53
A días de comenzar la sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno apura reuniones con la oposición para conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma laboral. Si bien no es el único proyecto del temario, sí es el que más se trabajó y el que pretenden convertir en ley el mes que viene. No obstante, pese a las constantes reuniones con gobernadores y legisladores dialoguistas, todavía no hay un acuerdo firme con la oposición. Desde distintos bloques hay reparos al proyecto de modernización laboral. Leé también: El Gobierno ya piensa en las sesiones ordinarias del Congreso y analiza los detalles de tres proyectos clave Recién se empieza a hablar sobre las diferencias existentes, yo creo que hasta la semana que viene no se avanza en acuerdos, indicó un senador de la UCR a TN. Y remarcó: Dentro del bloque se está cerca de una unificación de criterios. El dato del radicalismo no es menor, ya que cuenta con 10 senadores, lo que los ubica como tercera fuerza detrás del peronismo y La Libertad Avanza. Sus votos son clave para el Gobierno, ya que del bloque que conduce José Mayans se espera un rechazo general a la iniciativa. Leé también: Con la mira en la reforma laboral, La Libertad Avanza reunió a bloques dialoguistas en el Senado Según pudo saber este medio, la intención de los senadores radicales es votar todos en bloque en el mismo sentido. Los legisladores se reunieron en estos días y acordaron planteos en común. Si el gobierno acepta reformas, se puede unificar, advirtieron. Tampoco hay precisiones en el PRO, que no asistió a la última reunión de jefes de bloques dialoguistas de este miércoles. Se espera que sus legisladores terminen acompañando la iniciativa, pero en el último tiempo el partido fundado por Mauricio Macri marcó distancia del oficialismo. De mínima, no votarán a libro cerrado y marcarán sus objeciones. También serán clave los gobernadores, que ya señalaron fuertes objeciones en el plano de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias, que afectaría fuertemente la recaudación por coparticipación. Y en los últimos días, los patagónicos sumaron como condición la Emergencia Ígnea, que por estas horas el Gobierno analiza sumarla al temario. Escenario de incertidumbre en Diputados Al dar inicio la discusión en el Senado, el debate en Diputados debe esperar a ver qué proyecto llega desde la Cámara Alta. En principio, todos coinciden en que es necesario una modificación de la legislación laboral, pero no será a cualquier costo. Con excepción del peronismo K y la izquierda que ya manifestaron su abierto rechazo a la iniciativa, el resto de los bloques mantiene el suspenso. No tenemos ninguna posición, ya que se habla mucho desde lo mediático, se especula bastante, pero la verdad que nosotros en diputados no podemos tener un análisis de algo que todavía no tenemos en la mano, explicó a TN el misionero Alberto Arrúa, presidente del bloque Innovación Federal. En la misma línea, el diputado que responde al gobernador Hugo Passalacqua agregó: Hay un proyecto del ejecutivo que lo va a tratar el Senado y tiene que salir un dictamen donde seguramente van a haber muchos cambios. Luego lo tienen que aprobar en el recinto, después llega ese proyecto a la Cámara Caja donde ahí vamos a tener alguna postura seria. Uno de los intereses particulares de los misioneros tiene que ver con el capítulo fiscal ya que eso afecta directamente a la coparticipación que para la provincia. Serían 60 mil millones de pesos menos, aseguraron. Los puntos en disputa de la reforma laboral Entre las principales objeciones al proyecto se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que recolecta un aporte obligatorio equivalente al 3% de la masa salarial de cada empleador para financiar indemnizaciones por despido. Esa contribución sale de lo que hoy las empresas pagan al sistema jubilatorio (SIPA), lo que según críticos implica desviar recursos del financiamiento previsional. La idea oficial es que este fondo sirva como seguro de desempleo y reduzca litigios en despidos, pero la oposición sostiene que puede significar un riesgo para las cuentas públicas y una pérdida de derechos de los trabajadores. Otro de los ejes polémicos tiene que ver con que el proyecto reformula cómo se calculan las indemnizaciones tradicionales. Se propone que el aguinaldo, premios y otros pagos no mensuales no se incluyan en la base de cálculo de la indemnización. Esto fue duramente cuestionado por opositores, que aseguran que excluye derechos adquiridos e intenta limitar la protección que tenían los trabajadores bajo la ley vigente. En algunos borradores y discusiones, el proyecto contemplaba la derogación de ciertos estatutos profesionales especiales (como el del periodista o el del viajante). Aunque la versión final podría haber moderado o ajustado estos cambios, la oposición plantea que modificaciones de este tipo afectan derechos específicos adquiridos históricamente por distintos sectores.
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