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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 30/01/2026 15:23
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la resolución que desestimó el habeas corpus preventivo presentado por un grupo de abogados contra el decreto que reforma la Ley de Inteligencia y habilita a la SIDE a detener personas sin orden judicial. Las juezas Beatriz Aranguren y Cintia Gómez ratificaron el fallo del juez federal Daniel Edgardo Alonso, por considerar que la presentación de los abogados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos no evidenciaba «una limitación o amenaza actual o inminente a la libertad ambulatoria en concreto». El tribunal señaló que la presentación proponía «una impugnación de carácter general» contra el decreto, pero no especificaba un caso concreto de afectación a la libertad que pudiera ser remediado mediante un habeas corpus. Los abogados también habían solicitado que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del decreto 941/2025, firmado por el presidente Javier Milei. A esto, la Cámara replicó que «la pretensión de declarar la inconstitucionalidad de una norma, solo resulta admisible en cuanto resulta necesaria para resolver un caso en concreto de afectación de la libertad ambulatoria, supuesto que no se da en el caso de autos». El escrito de apelación de los letrados reprochaba al juez Alonso haber omitido considerar «la amenaza real y concreta que surge de la misma norma» que permite a agentes «detener sin que los ponga a disposición de juez competente». La resolución de la Cámara se firmó antes de la medianoche del día en que el juez de primera instancia rechazó el habeas corpus. Pagliotto adelantó que llevarán el planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Paralelamente, la oposición peronista busca tratar de derogar el decreto en el Congreso, aunque existe un debate reglamentario sobre si la Comisión Bicameral Permanente puede reunirse durante las sesiones extraordinarias, dado que el tema no fue incluido en el temario del Poder Ejecutivo. Desde su publicación, el decreto ha generado múltiples acciones judiciales pidiendo su inconstitucionalidad, presentadas por organizaciones como el CELS y por legisladores de distintos espacios políticos.
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