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Fecha: 29/01/2026 20:41
Luego de una reunión con las cámaras que agrupan a las empresas de transporte automotor urbano de pasajeros del AMBA, el Gobierno decidió avanzar con una auditoría integral del sistema y retener de manera transitoria los subsidios a aquellas compañías en las que se detectaron irregularidades. La medida fue dispuesta por la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, y apunta a revisar el esquema de compensaciones económicas mientras se verifica técnicamente la información vinculada al funcionamiento del sistema. Según se informó, la suspensión de los fondos se mantendrá hasta que concluyan las evaluaciones correspondientes. Leé también: Riesgo país: el caso de Ecuador que puede mirar Argentina para volver a los mercados internacionales de deuda En paralelo, se instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para que lleve adelante de forma inmediata una auditoría integral sobre el sistema SUBE y los parámetros operativos que se utilizan para la asignación de los subsidios. La revisión no se limitará a una empresa en particular, sino que alcanzará a todo el sistema de transporte automotor. El proceso de control se complementará con informes elaborados por Nación Servicios S.A. y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a partir de la información disponible en los sistemas oficiales y de fiscalizaciones presenciales que se realizarán directamente en las unidades de colectivos. El objetivo es detectar eventuales desvíos y aplicar correcciones que permitan prevenir nuevas irregularidades. Leé también: Mientras impulsa la reforma laboral, el Gobierno insiste en ponerle un tope de 2% a las paritarias hasta marzo Las decisiones comenzaron a implementarse de manera inmediata y se enmarcan en la definición de revisar en profundidad el esquema de distribución de subsidios. Esa postura fue planteada por el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y por el actual secretario de Transporte, Fernando Herrmann, durante el encuentro que mantuvieron el lunes pasado con las cámaras empresarias del sector. Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central de la auditoría es garantizar que las compensaciones se asignen de acuerdo con la normativa vigente y asegurar mayor transparencia y precisión en el uso de los recursos públicos destinados al transporte. La semana pasada renunció el ahora exsecretario de Transporte, Luis Pierrini, y adjudicó motivos personales. Había asumido en mayo de 2025, como sucesor de Franco Mogetta. El origen de la investigación El eje del conflicto está puesto en el esquema de subsidios que el Estado nacional destina al transporte público. Días atrás se realizó una presentación judicial respecto de un presunto mecanismo de asignación irregular que habría favorecido a una empresa del sector con fondos estimados en alrededor de $30.000 millones. La denuncia no está dirigida contra el exfuncionario que dejó su cargo, sino contra la empresa de colectivos Metropol. Según la acusación presentada por Micro Ómnibus Norte SA (MONSA), una firma competidora, la compañía habría manipulado información del sistema SUBE para obtener una mayor porción de las compensaciones oficiales. En ese contexto, al exsecretario de Transporte se le cuestiona no haber intervenido pese a las advertencias realizadas por otras empresas del sector. De acuerdo con fuentes empresarias, cuatro de las cinco cámaras que representan al transporte de pasajeros enviaron comunicaciones formales a la Secretaría de Transporte para alertar sobre la presunta maniobra. Desde el sector aseguran que las advertencias se reiteraron sin obtener respuesta y que, días después de que el tema tomara estado público, se conoció la salida del titular del área.
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