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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 29/01/2026 10:44
El Gobierno provincial declaró fracasado el concurso público para la explotación científica y turística de la zona de seguridad de la represa. Una resolución de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) prohibió el marcado de peces, eje central de la investigación propuesta, dejando sin efecto las ofertas privadas. La gestión de los recursos naturales en la región de Salto Grande sufrió un traspié institucional de magnitud. Según el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos n.º 28.266, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 3874/25 para dar por finalizado un proceso que buscaba potenciar la Pesca del Dorado Salto Grande bajo un modelo de conservación y ciencia. Sin embargo, la falta de sintonía entre la normativa provincial y las disposiciones internacionales de la CARU terminó por sepultar el llamado a concurso. El conflicto normativo con la CARU El proyecto original pretendía otorgar permisos para el desarrollo de la pesca deportiva con devolución, vinculándola estrictamente a un estudio científico de seguimiento de la especie. Para ello, el pliego exigía que el permisionario realizara el «marcado» de los ejemplares capturados. No obstante, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) dictó la Resolución N° 207/2023, la cual prohibió expresamente la práctica de marcación de peces. Esta medida alteró sustancialmente el objeto del concurso y dejó a las autoridades provinciales sin margen de maniobra legal. Por consiguiente, el Ministerio de Desarrollo Económico debió admitir que la prohibición internacional planteaba una reformulación total del proceso. La Comisión de Evaluación, integrada por representantes de Recursos Naturales, Turismo y Asuntos Jurídicos, dictaminó que los cambios introducidos por la CARU afectaron las condiciones técnicas esenciales. Asimismo, el Estado reconoció que no se pueden validar puntajes basados en una práctica que ahora es ilegal según el organismo binacional. Inversiones frenadas y falta de coordinación El fracaso de esta licitación evidencia una preocupante falta de coordinación previa entre los organismos provinciales y los entes reguladores del río Uruguay. Además, el impacto económico no es menor, ya que tres firmas privadas (HBLF S.R.L., NP OUTDOORS S.R.L. y TRAVEL FISHING S.R.L.) habían presentado propuestas e inversiones para este corredor estratégico. El Gobierno decidió aprobar formalmente lo actuado hasta la apertura de sobres, pero declaró «fracasado» el procedimiento ante la inviabilidad del pliego original. Finalmente, la provincia deberá elaborar un nuevo Pliego de Bases y Condiciones que se ajuste a las restricciones de la CARU. Esta demora no solo posterga la llegada de divisas por turismo internacional, sino que deja en suspenso la recolección de datos científicos sobre la población del dorado en la zona de exclusión. El titular del Ministerio de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, refrendó la medida que busca resetear una política que nació con un pecado original de diseño normativo.
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