Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 28/01/2026 21:32
La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional dependiente de la Cancillería Argentina y encargado de la administración de los puentes internacionales GualeguaychúFray Bentos y ColónPaysandú, atraviesa una de las crisis institucionales más complejas de los últimos años. Documentación interna, notas administrativas y movimientos financieros verificables configuran un escenario de presuntas irregularidades que ponen en duda la transparencia en el manejo de fondos binacionales y el cumplimiento del marco normativo vigente. Uno de los aspectos más sensibles surge de una contradicción administrativa de difícil justificación: la delegación argentina, designada formalmente con carácter ad honorem, habría instrumentado un esquema para disponer de alrededor de 50.000 dólares mensuales bajo el concepto de gastos de representación. La operatoria, impulsada desde la Presidencia de la CARU, no solo compromete recursos compartidos entre Argentina y Uruguay, sino que también elude controles básicos y desvirtúa la finalidad del gasto público. El actual presidente de la CARU, Raúl Luis Montero, fue designado mediante el Decreto N° 394/2025, publicado el 17 de junio de 2025. Abogado de profesión, exfuncionario del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y exasesor general durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador bonaerense, asumió el cargo con un discurso centrado en la austeridad y la eliminación de privilegios. Sin embargo, los hechos documentados parecen contradecir esa narrativa. Gastos inexistentes para cargos sin remuneración La delegación argentina está integrada por cuatro miembros, cuando el Estatuto prevé cinco: Montero, Francisco Mansanta, Agustina Piñeiro y María Laura Ojeda. Todos fueron designados ad honorem y continúan percibiendo sus salarios de los organismos de origen, lo que excluye la posibilidad de recibir gastos de representación financiados por la CARU. Pese a ello, a través de la Nota DACARU N° 52/2025, Montero impulsó un proyecto de resolución para que los gastos de representación correspondientes a cinco delegados fueran depositados en la cuenta N° 0122773 del Banco Nación, sucursal Montevideo, bajo el argumento de financiar el mantenimiento de la delegación. El desvío mensual estimado ronda los 50.000 dólares. El mecanismo presenta tres objeciones de fondo: se asignan fondos por un concepto incompatible con la condición ad honorem; se centralizan recursos en una cuenta en el exterior sin asignación individual; y no existe un sistema de rendición que permita verificar el destino del dinero. En la práctica, se pierde la trazabilidad del gasto. Beneficios paralelos y uso intensivo de recursos comunes A ese flujo mensual se suman beneficios adicionales financiados íntegramente por la CARU: oficinas solventadas en conjunto con Cancillería, vehículos de alta gama entre ellos una VW Tiguan y una Corolla Cross, algunos con chofer, cobertura total de combustibles, peajes, viáticos y alimentación, y alojamiento con modalidad all inclusive durante estadías en la sede. Los fondos provienen principalmente del cobro de peajes en los puentes internacionales, ingresos que pertenecen en partes iguales a Argentina y Uruguay. La ausencia de criterios públicos de asignación y rendiciones detalladas vulnera el principio de transparencia que debe regir el manejo de recursos binacionales. En ese marco, fuentes del organismo indicaron a ANÁLISIS que Pablo Enrique Bertone, chofer del organismo y actualmente asesor, realizaría traslados mensuales a Montevideo en vehículos oficiales para retirar los fondos depositados. La operatoria implicaría el transporte de efectivo por montos que superarían los límites permitidos por la normativa aduanera, con viáticos diarios superiores a los 150 dólares. De confirmarse, el procedimiento compromete controles elementales sobre la circulación transfronteriza de dinero público, ejecutados por orden de altos funcionarios de Cancillería. Asesores, sueldos elevados y funciones superpuestas La gestión también incorporó asesores con remuneraciones elevadas, uso de vehículos oficiales con patente diplomática y escasa información pública sobre controles internos. Se destacan los casos de Gabriel Morano, secretario Técnico y Administrador del Puente Internacional General Artigas, y de Tamara Ivón Cerneaux, asesora externa. La situación de Morano resulta particularmente delicada: concentra dos cargos estratégicos y registra una presencia laboral limitada, lo que afecta el funcionamiento operativo del organismo y abre interrogantes sobre la eficacia del control interno. La superposición de funciones sin supervisión clara contradice las buenas prácticas administrativas y expone riesgos de conflicto de intereses. Un proyecto millonario fuera de la órbita del organismo Otra señal de alerta surgió con la Nota Externa DACARU N° 50/2025, firmada por Montero y acompañada por un caso de negocio elaborado por Cerneaux. Allí se propuso un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad para repavimentar rutas provinciales argentinas, en particular la Ruta 136, que conecta Gualeguaychú con Fray Bentos, por un monto cercano a los 15 millones de dólares. El esquema incluía fondos de reserva de la CARU, recursos de contingencia de los puentes, partidas destinadas al dragado del río Uruguay y la eventual suba de peajes. La delegación uruguaya rechazó la iniciativa, al considerarla ajena a las competencias del organismo y por comprometer fondos binacionales para fines externos. El episodio deterioró la relación interna y aporta contexto a la ausencia de la delegación argentina en el acto por los 50 años del Puente General Artigas, luego justificada públicamente en nombre de una supuesta austeridad. Contrataciones bajo sospecha El cuadro se completa con una compulsa de precios impulsada por Alejandro Primus, asesor externo vinculado al presidente Montero, quien firma como integrante del área contable sin integrar la planta permanente. La contratación apuntó a la impresión de 6.000 libros institucionales por un monto cercano a los 50.000 dólares. La recomendación habría recaído sobre Servicios Integrales La Plata SRL, una empresa cuyo objeto social no se corresponde con servicios editoriales y con domicilio en La Plata, ciudad de origen del presidente y de su entorno. La discordancia entre la actividad declarada y el objeto contratado, sumada a la cercanía personal y geográfica, configura indicios de direccionamiento que justifican, al menos, una auditoría exhaustiva. Transparencia en jaque No se trata de versiones ni conjeturas. Existen notas identificadas, montos concretos, cuentas bancarias, nombres propios y decretos oficiales. Las preguntas que surgen son directas: ¿con qué respaldo normativo se intentó canalizar dinero para gastos inexistentes? ¿Dónde están las rendiciones? ¿Quién autorizó proyectos fuera de la competencia de la CARU? La gravedad institucional no reside solo en los montos involucrados, sino en el quiebre de las reglas que protegen recursos compartidos entre dos Estados. La información expuesta exige explicaciones, controles y eventuales investigaciones administrativas y judiciales. En la CARU, la transparencia debe dejar de ser un eslogan y convertirse en una obligación legal y ética.
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