Concordia » Tarea Fina
Fecha: 28/01/2026 19:25
Un grupo de abogados de Entre Ríos presentó ante la Justicia Federal un hábeas corpus preventivo y colectivo para cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Gobierno nacional otorgó nuevas atribuciones a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La acción judicial fue interpuesta por los letrados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos este último con domicilio profesional en la provincia de Corrientes ante el Juzgado Federal de Paraná. Según expresaron, el planteo apunta a frenar los aspectos más controvertidos del decreto, al advertir que la norma habilitaría a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones de personas en determinadas circunstancias, sin orden judicial previa. En el escrito, los abogados sostienen que la medida convierte a un organismo de inteligencia en una fuerza con funciones policiales, algo que afirman se encuentra expresamente vedado por la Constitución Nacional. Los impulsores del recurso calificaron la disposición como una amenaza real y concreta para la libertad ambulatoria de los ciudadanos, al considerar que los agentes de la SIDE actúan de manera encubierta y con identidades reservadas, lo que podría derivar en detenciones o demoras sin control judicial. Advirtieron además que cualquier persona podría ser interceptada sin que medie la orden escrita de un juez competente, lo que vulneraría garantías básicas como el debido proceso y el derecho a circular libremente por el territorio nacional. En paralelo, solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del DNU, al entender que el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre materias que afectan derechos fundamentales mediante este tipo de decretos. En ese sentido, remarcaron que las normas vinculadas a la libertad personal y al derecho penal deben ser debatidas en el Congreso de la Nación, respetando la división de poderes y los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. La presentación quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar el alcance del planteo y la constitucionalidad de la normativa cuestionada.
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