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Parana » Uno
Fecha: 28/01/2026 13:12
En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el Gobierno nacional volvió a defender la baja de la edad de imputabilidad y abrió la puerta a que el piso sea incluso inferior al propuesto en el proyecto oficial, que actualmente establece el límite en los 13 años. El Gobierno propone bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años El Gobierno propone reducir la edad de imputabilidad hasta los 12 años para intervenir en delitos graves, combinando sanciones y programas de reinserción. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la legislación vigente quedó desactualizada frente a la realidad del delito juvenil y afirmó que el debate internacional se orienta hacia edades más tempranas. "La baja de la edad de imputabilidad es clave, ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años. Creo que incluso debería ser menos", expresó en declaraciones a Radio La Red. La edad mínima de imputabilidad, eje del proyecto del Gobierno En ese marco, la funcionaria señaló que la discusión actual se concentra entre los 12 y los 13 años. "La tendencia y el debate están alrededor de los 12 y los 13, más allá de los 13 y 14", afirmó, al justificar la necesidad de avanzar con una reforma más profunda del sistema penal juvenil. Monteoliva remarcó que el objetivo de la iniciativa no es criminalizar a los menores, sino dotar al Estado de herramientas legales para intervenir de manera más efectiva frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Según explicó, la nueva Ley Penal Juvenil apunta a combinar sanciones proporcionales con instancias de contención y reinserción social. El proyecto impulsado por el Ejecutivo ya generó fuertes cruces con sectores de la oposición, organismos de derechos humanos y especialistas en niñez, quienes advierten sobre los riesgos de reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer previamente las políticas de prevención y protección social. Pese a las críticas, desde el Gobierno insisten en que la reforma es necesaria para dar respuesta a una demanda social creciente vinculada a la inseguridad y sostienen que el debate parlamentario será clave para definir el alcance final de la iniciativa.
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