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Concordia » InfoConcordia
Fecha: 28/01/2026 07:00
A través del Decreto 53/2026, el presidente Javier Milei incluyó la reforma del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias que inician el 2 de febrero. La medida busca que menores de 16 años puedan ser juzgados por delitos graves. BUENOS AIRES | Martes 27 de enero de 2026 Lo que comenzó como un anuncio de campaña en Mar del Plata ya tiene fuerza de decreto. El Poder Ejecutivo nacional publicó hoy en el Boletín Oficial la ampliación de la convocatoria a sesiones extraordinarias, sumando como tema prioritario la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La decisión, plasmada en el Decreto 53/2026, lleva la firma de Milei y del ministro Manuel Adorni, marcando el inicio de una de las batallas legislativas más intensas del verano. Los ejes de la reforma Aunque el texto del decreto es breve, el proyecto impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia apunta a un cambio estructural en el sistema penal: - Baja del piso de punibilidad: Actualmente fijado en 16 años, el Gobierno busca reducirlo para que menores (la edad exacta se definirá en el debate, aunque se barajan los 13 o 14 años) sean penalmente responsables. - Delitos Graves: La medida se enfocaría inicialmente en delitos de sangre, robos con armas y otros crímenes de alta gravedad. - Actualización normativa: El objetivo es reemplazar la Ley 22.278, sancionada durante la última dictadura militar, la cual el oficialismo considera «anacrónica y alejada de la realidad delictiva actual». «En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto», sentenció el Presidente durante su discurso en la ciudad balnearia. El cronograma legislativo Con esta inclusión, el Congreso deberá retomar la actividad el próximo lunes 2 de febrero. Se espera que las comisiones de Legislación Penal y Familia comiencen el tratamiento de inmediato, dado que el oficialismo busca una aprobación rápida para capitalizar el clima político de seguridad. Un debate que divide aguas La oposición y diversas organizaciones de derechos humanos ya han manifestado su rechazo, argumentando que la baja de imputabilidad no resuelve las causas estructurales de la delincuencia y que Argentina podría estar incumpliendo tratados internacionales de protección de la niñez. Por su parte, el Gobierno sostiene que la reforma es un reclamo social frente al aumento de la participación de menores en bandas organizadas.
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