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Concordia » 7paginas
Fecha: 28/01/2026 00:16
Según pudo saber 7Paginas, la Fiscalía de Federación habría dado curso a una denuncia presentada a fines del año 2025 por un ex integrante del cuerpo activo del cuartel. En la misma se advierte que la institución tendría la personería jurídica caída, debido a que la comisión directiva tendría el mandato vencido y no habría convocado a las asambleas correspondientes para su renovación, a pesar de dos pedidos de prorrogas. La denuncia también señala que desde hace un largo tiempo no se conocen balances contables de la entidad, situación que habría generado malestar y preocupación entre integrantes, colaboradores y vecinos que históricamente acompañaron a la institución y que, con el paso del tiempo, se fueron alejando. A este complejo panorama se suman nuevas renuncias dentro de la comisión directiva, lo que hace presumir que la conducción del cuartel podría encontrarse en una situación de acefalía. Otro dato relevante es que la base operativa que funcionaba en el ex emplazamiento ya no estaría en funcionamiento, lo que habría provocado que la mayoría de los más de 50 aserraderos de la zona retiraran su colaboración económica. Según se confió a 7Paginas la Fiscalía ya habría otorgado un plazo para que la comisión regularice su situación institucional y administrativa, plazos que se materializarían una vez finalizada la feria judicial. En paralelo, también se mencionan observaciones vinculadas a los controles que debería ejercer Defensa Civil. De acuerdo a la información recabada, el cuartel dependería del jefe de Defensa Civil de Concordia, aunque la situación ya habría sido elevada al responsable provincial del área, quien habría otorgado un plazo de 90 días para que la comisión encabezada por Gabriel Román como presidente y María Tinte presenten los balances correspondientes y convoquen a las asambleas reglamentarias. Además, se indicó que el cuartel no contaría actualmente con un jefe de la guardia activa y que, pese a ello, se estarían dictando cursos de capacitación a cargo de personas que no estarían debidamente habilitadas, lo que suma un nuevo foco de preocupación sobre el funcionamiento operativo y administrativo del cuerpo de bomberos. Cuestionamientos al rol del Concejo Deliberante En este contexto, también surgieron críticas de vecinos hacia el Honorable Concejo Deliberante de Federación, al que algunos sectores consideran despreocupado respecto al control del destino de los fondos públicos que se recaudan para sostener a los Bomberos Voluntarios. Cabe recordar que la Ordenanza N° 2277/21, sancionada el 1º de julio de 2021 por unanimidad, creó el Fondo de Contribución a Bomberos Voluntarios, destinado a sostener los gastos corrientes y el equipamiento de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Federación. Dicho fondo se financia mediante un aporte mensual incluido en la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), que abonan los contribuyentes de la ciudad, salvo manifestación expresa en contrario. La normativa establece, entre otros puntos, que el Departamento Ejecutivo Municipal debe liquidar mensualmente los fondos recaudados a la cuenta bancaria de la Asociación de Bomberos, y que la Dirección de Rentas debe elaborar informes mensuales que deben ser elevados tanto al HCD como a la propia institución. Asimismo, la ordenanza dispone que la Asociación de Bomberos Voluntarios debe informar trimestralmente al Concejo Deliberante los ingresos percibidos a través de este fondo. Ante las denuncias por falta de balances, personería jurídica caída y mandatos vencidos, surgen interrogantes sobre el cumplimiento efectivo de esta ordenanza y el control que debería ejercer el cuerpo legislativo local respecto al destino de los fondos aportados por los vecinos. A todo esto se suma que los ediles consultados por 7Paginas, tampoco pudieron dar precisiones si esta ordenanza se esta cumpliendo. Mientras se aguardan definiciones judiciales y administrativas, la situación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Federación continúa generando inquietud en la comunidad, que reclama transparencia, regularización institucional y garantías para que el servicio esencial que prestan los bomberos pueda sostenerse en el tiempo.
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