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» Clarin
Fecha: 27/01/2026 12:05
El Gobierno abrió la puerta a la privatización de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y correrá al Estado de su rol de intermediario, lo que podría tener un impacto en las tarifas, con un aumento extra en el invierno, tal como anticipó Clarín el mes pasado. Emergencia energética hasta 2027 Mediante el Decreto 49/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y sus ministros extendieron la emergencia del sector energético en lo relativo al transporte y la distribución de gas natural hasta el 31 de diciembre. Es decir, La Libertad Avanza pasará todo su primer mandato en emergencia energética, lo que le da mayores herramientas para intervenir. El núcleo de la norma es adaptar las reglas para que un solo comercializador privado -que podría ser alguna de las productoras de gas-, seleccionado mediante una licitación pública, se haga cargo durante los próximos dos años de las importaciones de GNL y su infraestructura. "Este cambio se inscribe en la decisión de avanzar con la privatización de activos y actividades de Energía Argentina (Enarsa) y de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético, para concentrarse en su función propia: establecer reglas, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento", comunicó la Secretaría de Energía. Y continuó: "En línea con ese objetivo, Enarsa deja de importar y comercializar GNL y el proceso pasa a estar a cargo de operadores privados, bajo un mecanismo competitivo" Desde 2008 hasta 2025, el Estado planificó las importaciones de gas necesarias para cubrir el incremento de la demanda durante los meses más fríos. El gas licuado llegaba a las terminales de regasificación en Escobar y Bahía Blanca -hoy solo sigue activa la primera- y desde ahí entraba a los gasoductos para el uso de hogares, comercios e industrias. Pese a que la producción de gas es récord por Vaca Muerta, en invierno sigue siendo insuficiente, ya que los hogares multiplican por 5 su consumo respecto al verano. Tampoco existe la capacidad suficiente de transporte desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo, lo que torna necesarias las importaciones de gas, GNL y electricidad en los meses más críticos de frío. El Estado, afuera de su rol de intermediario El año pasado la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa) compró 27 cargamentos de gas licuado desde Estados Unidos y Trinidad y Tobago a la británica BP Gas y la francesa TotalEnergies por 698 millones de dólares, a un precio promedio de US$ 12,31 por millón de BTU. Más atrás, en 2022 -cuando no estaba construido el gasoducto de Vaca Muerta y Europa estaba convulsionada por la invasión de Rusia a Ucrania-, se habían importado 41 cargamentos por US$ 2.885 millones, a un promedio de US$ 28,82 por millón de BTU. La regasificación cuesta cerca de US$ 1,25 a US$ 1,30, por lo que el gas licuado importado entró a la Argentina en 2025 a poco menos de US$ 14, pero los usuarios residenciales lo pagaron a un promedio de US$ 4 durante el invierno. La diferencia fue cubierta por subsidios del Estado nacional. Esa es la duda que hay en el sector y que el Gobierno tiene en análisis: si las importaciones las hace un privado, ¿se trasladará por completo el costo a los usuarios? De hacerlo, implicará un aumento extra en las boletas durante los meses de mayor consumo. Previamente, esta semana el Gobierno instrumentó la "tarifa plana" de gas, para que el costo que se refleja en las facturas sea uniforme de US$ 3,79 por millón de BTU todo el año, en vez de US$ 2,90 en verano y US$ 4,50 en invierno, como está establecido en los contratos entre petroleras y distribuidoras. En 2025, el Estado transfirió el equivalente en pesos a US$ 4.000 millones en subsidios a la energía, un 36% menos que el año anterior, de acuerdo a los datos de la consultora Economía & Energía. Y se espera que durante 2026 la cuenta baje a unos US$ 3.000 millones, o un 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB). SN Sobre la firma Mirá también Newsletter Clarín
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