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» Clarin
Fecha: 26/01/2026 16:06
La muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años abatido por agentes federales en Minneapolis durante una protesta, se ha convertido en el eje de una de las disputas políticas y legales más delicadas del actual gobierno de Donald Trump. Esta vez, el enfrentamiento no es sólo con autoridades estatales demócratas o con organizaciones de derechos civiles, sino con un actor inesperado: los principales grupos defensores del derecho a portar armas, tradicionalmente alineados con el Partido Republicano y con el propio presidente. Pretti, enfermero registrado en un hospital de Asuntos de Veteranos y sin antecedentes penales, murió el 24 de enero tras ser baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación federal en Minneapolis. Pretti se encontraba legalmente armado en el momento del incidente, un hecho que fue reconocido tanto por el gobierno como por su familia. Videos grabados por testigos y presentados posteriormente en instancias judiciales muestran que el hombre portaba una pistola mientras grababa a los agentes durante el operativo, aunque las imágenes disponibles no lo muestran apuntando ni empuñando el arma en los instantes previos al tiroteo fatal. El contraste entre la versión oficial y el material audiovisual desató protestas en la ciudad y encendió una controversia nacional sobre el uso de la fuerza, el alcance de la Segunda Enmienda y el derecho a portar armas durante manifestaciones públicas. Lo que terminó de escalar el conflicto fueron las declaraciones de altos funcionarios federales, quienes sugirieron que el simple hecho de acudir armado a una protesta invalida cualquier carácter pacífico de la manifestación. Yo no conozco a ningún manifestante pacífico que llegue con un arma y municiones en lugar de un cartel, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pocas horas después del tiroteo. Declaraciones similares fueron realizadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y por el director del FBI, Kash Patel, quienes responsabilizaron a Pretti por su propia muerte al haber acudido armado. Las palabras de los funcionarios no tardaron en generar una reacción airada de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA), Gun Owners of America y otros grupos que durante décadas han defendido, en tribunales y en el debate público, el derecho a portar armas en espacios públicos, incluidas manifestaciones y protestas. La insinuación de que portar un arma legalmente convierte a un ciudadano en un blanco legítimo es peligrosa y errónea, sostuvo la NRA en un comunicado. La organización pidió una investigación completa y acusó a las autoridades federales de demonizar a ciudadanos que cumplen la ley antes de que concluyan las pesquisas oficiales. El detonante inmediato de la respuesta fue un mensaje publicado en redes sociales por Bill Essayli, fiscal federal adjunto en California, quien escribió que si una persona se acerca a las fuerzas del orden portando un arma existe una alta probabilidad de que los agentes estén legalmente justificados en disparar. Aunque Essayli aclaró luego que se refería a personas que se niegan a desarmarse y actúan de forma agresiva, el daño ya estaba hecho. Gun Owners of America fue aún más tajante. En un comunicado, la organización sostuvo que la Segunda Enmienda protege el derecho de los estadounidenses a portar armas incluso mientras protestan y advirtió que ese derecho no puede ser restringido por interpretaciones políticas posteriores a un tiroteo. This sentiment from the First Assistant U.S. Attorney for the Central District of California is dangerous and wrong. NRA (@NRA) January 25, 2026 Responsible public voices should be awaiting a full investigation, not making generalizations and demonizing law-abiding citizens. https://t.co/9fMz3CL29o La reacción no se limitó a grupos de presión. Legisladores republicanos como el congresista Thomas Massie, de Kentucky, criticaron abiertamente a los funcionarios federales. Portar un arma no es una sentencia de muerte. Es un derecho constitucional. Si no entienden eso, no deberían estar en el gobierno ni en las fuerzas del orden, escribió Massie en redes sociales. En Minnesota, el choque fue aún más directo. El jefe de la policía de Minneapolis, Brian OHara, calificó como profundamente preocupante la descripción federal de los hechos y sostuvo que, según la información disponible, Pretti estaba ejerciendo tanto su derecho a la libertad de expresión como su derecho a portar armas de manera legal. La ley estatal permite el porte abierto y oculto con licencia, incluso en protestas, y no prohíbe llevar armas cargadas ni cargadores adicionales. El gobernador Tim Walz fue más duro. Calificó la versión de la Casa Blanca como mentiras y acusó a las autoridades federales de intentar justificar una muerte evitable. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, comparó la operación federal con una invasión y denunció que el gobierno está tratando de reescribir los hechos para proteger a sus agentes. El discurso del gobierno de Trump para tratar de justificar la muerte de Pretti choca con años de defensa republicana de un concepto amplio del derecho a portar armas. Mientras el Departamento de Justicia ha impulsado demandas contra estados que intentan limitar el porte de armas en espacios públicos, altos funcionarios federales ahora sugieren que portar un arma en una protesta es, por sí mismo, una conducta ilegítima. El propio director del FBI, Kash Patel, fue cuestionado por sus declaraciones al afirmar que no se puede asistir a una protesta con un arma cargada y varios cargadores. Grupos locales como el Minnesota Gun Owners Caucus respondieron que esa afirmación es completamente incorrecta desde el punto de vista legal y que no existe ninguna prohibición de ese tipo en la legislación estatal. La comparación con casos anteriores también alimentó la polémica. Funcionarios de la administración Trump han defendido en el pasado a personas que acudieron armadas a protestas, como Kyle Rittenhouse, quien fue absuelto tras matar a dos personas durante las protestas de 2020 en Kenosha, Wisconsin. Para muchos activistas, la diferencia de trato es evidente y revela un sesgo político y racial en la interpretación de los hechos. La familia de Pretti ha condenado con dureza las declaraciones oficiales, calificándolas de mentiras repugnantes y deshumanizantes. En un comunicado, acusaron al gobierno de intentar convertir a la víctima en un criminal para desviar la atención de la actuación de los agentes. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional difundió imágenes de un arma que asegura pertenecía a Pretti, aunque no ha presentado pruebas concluyentes de que el hombre la estuviera empuñando o amenazando a los agentes en el momento del disparo. Videos analizados por distintos medios muestran a un agente retirando un arma del cuerpo de Pretti segundos antes de que se escuchen múltiples disparos. Pretti había participado en protestas tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en 2020 y, según declaró su exesposa, llevaba varios años portando un arma de fuego. Registros federales indican además que realizó donaciones a través de la plataforma demócrata de recaudación ActBlue, en un contexto en el que un número creciente de estadounidenses con inclinaciones liberales ha optado por adquirir armas en los últimos años. 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