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Lucas Gonzalez » FMsensacion887
Fecha: 24/01/2026 15:41
24 de enero de 2026 Mientras el Parlamento Europeo congeló el intento de liberalización del intercambio comercial entre los bloques, persisten los debates sobre el impacto económico y estructural de la reciente asociación. Rúbrica. Tras 26 años se firmó el entendimiento comercial entre ambos bloques en Asunción del Paraguay. Foto: Getty Images La euforia de algunos, con un horizonte de negocios en alza rumbo al ansiado desarrollo, duró muy poco. Tanto como el desasosiego de otros muchos, temerosos ante la perspectiva de quiebra de sus empresas en un país invadido de productos importados y servicios extranjerizados. Las sensaciones locales contrapuestas ante el acuerdo de libre comercio, suscripto el 9 de enero por las máximas autoridades de los 27 países de la Unión Europea (UE) y los 4 del Mercosur Bolivia, el quinto integrante del bloque, no forma parte del pacto, quedaron en suspenso pocos días después, el 21. Ese día el Parlamento de la UE decidió congelar el entendimiento y remitir la cuestión al Tribunal de Justicia del bloque para que dictamine si es compatible con los tratados comunitarios. Un proceso que podría dilatarse por unos meses o hasta más allá de 2027, según distintas proyecciones. Otros analistas aseguran que la Comisión Europea tiene aún en sus manos herramientas para saltarse ese bloqueo y disponer la aplicación provisional del acuerdo. La iniciativa tratada en Estrasburgo fue aprobada por una estrecha mayoría (334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones) conformada por buena parte de la extrema derecha, los ecologistas y los eurodiputados franceses, polacos, austríacos e irlandeses. En este cambiante escenario, los defensores del pacto interregional argumentan que la documentación suscripta establece que el acuerdo no exige ratificación, sino el fin de los procedimientos internos. Por lo tanto, se pondría en marcha desde que lo apruebe un país del Mercosur. Oposición. Trabajadores agrícolas franceses se manifestaron en contra del acuerdo. Foto: Getty Images Aranceles Lo que estaba previsto, hasta la votación en el Parlamento Europeo, era un avance considerable en la integración comercial, como reflejo de la eliminación o fuerte rebaja de aranceles para más del 90% de los productos intercambiados, y de la decisión de suprimir o minimizar las barreras no arancelarias, incluso en el rubro de servicios. La expectativa era el mejor aprovechamiento de un mercado potencial de 770 millones de consumidores (63% europeos, con un PIB combinado de 18 billones de euros (86% de la UE), es decir, casi una cuarta parte del PIB mundial. Junto con las cláusulas sobre protección del medio ambiente, el acuerdo ahora paralizado contempla mantener los aranceles actuales en algunos casos «sensibles». O bien reducirlos únicamente para una cantidad limitada de productos (cuotas), tomando como base los niveles de intercambio ya existentes. Este sería el caso de los cupos predeterminados para los envíos de productos agrícolas sudamericanos. En tanto, una lectura desde el otro continente concretamente, del Banco de España destacaba las «importantes oportunidades para diversificar el suministro de materias primas críticas, fundamentales para la transición digital y ecológica». En su conjunto, el acuerdo reduciría el promedio ponderado de los aranceles aplicados en el comercio entre ambas regiones, conocido como «arancel efectivo», que para la UE bajaría de 4% a 2%, mientras el Mercosur reduciría esa barrera del 11% actual a apenas 1%. El impacto esperado sería considerable para productos específicos actualmente muy protegidos. Por ejemplo, los aranceles mercosureños en repuestos para automóviles, maquinaria, productos químicos, farmacéuticos, textiles y calzado pueden variar entre 14% y 35%. A la vez, los aranceles del bloque sudamericano sobre las importaciones de productos alimenticios, como lácteos, chocolate y confitería, licores o vinos, pueden variar entre 20% y 35%, según el texto del acuerdo. En líneas generales, se anticipaba que el acuerdo beneficiaría básicamente a la agricultura y la agroindustria del Cono Sur. Mientras, en la UE se estimaba que los más favorecidos fueran los sectores de vehículos de motor, de maquinaria y equipo, y de productos químicos. Se admitía también que algunos sectores agrícolas europeos podrían registrar una «leve disminución» en su producción, si bien en una proporción inferior al 1%. En el caso de las exportaciones del Mercosur a la UE se aplicaría el esquema de cuotas al 23% de los productos de origen animal, algo que se ve reflejado en el arancel efectivo, que para ese sector permanecería elevado. Lo mismo se aguardaba para el 7% de productos vegetales y el 6% de productos alimentarios. A modo ilustrativo, fuera de las cuotas permitidas la UE mantendría aranceles elevados en la carne de vacuno con hueso (46% a 75%), el azúcar (34%), el queso (32%), el arroz (21%) y la carne de ave (13%). En el caso de las importaciones procedentes de Europa, Mercosur aplicaría esta arquitectura en algunas manufacturas relevantes para sus industrias nacionales, como algunos productos en el sector del calzado, que mantendrían un arancel de alrededor del 15%, los vehículos de transporte de mercancías, del 28%, y la leche en polvo, del 25%. Salvaguardas El acuerdo contempla además un mecanismo de salvaguarda bilateral que la UE podría interponer si detecta un aumento considerable en las importaciones provenientes de Mercosur que puedan causar, o amenacen con provocar, daños graves a la producción europea. Este mecanismo implica una vigilancia continua de determinados productos agrícolas, la elaboración de informes cada seis meses y la posibilidad de iniciar investigaciones rápidas si se identifica algún posible perjuicio. Según lo estipulado, el aumento anual de las importaciones superior al 5% y la existencia de precios al menos un 5% más bajos en los productos importados respecto a los producidos dentro de la UE, serán considerados pruebas suficientes para adoptar medidas provisionales, que pueden incluir la suspensión temporal de la reducción de aranceles o incluso la reversión de las preferencias arancelarias. Otro aspecto clave del acuerdo es el compromiso de no discriminar en lo referente a la provisión de servicios. Las cláusulas respectivas prohíben someter a los proveedores extranjeros a normas y requerimientos más restrictivos que los que se aplican a los nacionales. Estas disposiciones se centran, en particular, en los servicios postales, las telecomunicaciones y los servicios financieros. Los firmantes del acuerdo también preveían una apertura inédita para las economías de Mercosur, mediante el acceso mutuo a las licitaciones públicas. Hasta ahora, solo las filiales de empresas extranjeras podrían aspirar a este tipo de contrataciones en los países integrantes del bloque regional. A la espera de que concluya la impasse en la UE, siguen en pie los reparos de pymes y sindicatos locales, ante un proceso que más tarde o más temprano, aseguran, derivará en una mayor concentración económica, menor soberanía y pérdidas de calidad de vida en nombre del «libre comercio».
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