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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 24/01/2026 11:07
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó el restablecimiento de la Ley 11.138 hasta el 31 de diciembre de 2026. La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el restablecimiento de la Ley 11.138 hasta el 31 de diciembre de 2026, en una sesión que expuso las profundas diferencias entre oficialismo y oposición sobre la gestión provincial. El peronismo cuestionó que el gobierno de Rogelio Frigerio lleve "tres de cuatro años" bajo régimen de excepción y acusó "fracaso en la planificación". La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles 21 -aunque lo sucedido no tuvo prácticamente trascendencia- la sesión donde se aprobó con el rechazo de la oposición el restablecimiento de la emergencia en obra pública hasta el 31 de diciembre de 2026, extendiendo así por tercera vez consecutiva un régimen de excepción que marcará tres de los cuatro años del mandato del gobernador Rogelio Frigerio. El expediente N° 28.925, que había sido tratado originalmente el 23 de diciembre pasado y modificado luego por el Senado provincial, regresó a la cámara de origen donde obtuvo el aval de 25 diputados presentes, aunque con votos negativos de los bloques opositores Más para Entre Ríos, encabezado por el peronismo, y apoyo crítico desde sectores minoritarios. La norma restablece la vigencia de la Ley 11.138 que había declarado la emergencia pública, económica y financiera en materia de obras y servicios públicos a partir del 1° de enero de 2026 y por todo el año calendario. Según los fundamentos del Poder Ejecutivo, la medida "posibilitará la negociación en mejores condiciones con empresas contratistas, facilitará el reconocimiento y cancelación de sus créditos, promoverá la rescisión o renegociación contractual cuando resulte necesario", y apunta a "reducir de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyen el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado Provincial". La defensa oficial: "obligaciones heredadas" y necesidad de tiempo La diputada oficialista Noelia Taborda, presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento, asumió la responsabilidad de fundamentar el proyecto ante el plenario. En su exposición, la legisladora recordó el trabajo realizado en comisión, donde participaron el ministro de Planeamiento y funcionarios de Hacienda y Técnica Legal del gobierno provincial. "Pudimos dar cuenta de las obras paralizadas que encontró esta gestión al asumir, a lo que se sumó el tiempo de negociación con Nación más de un año más el período de negociación de acuerdos con empresas", explicó Taborda. La diputada enfatizó que "en eso se sustenta este proyecto: se pide un poco más de tiempo para que el Estado provincial pueda cumplir con obligaciones asumidas, y muchas de esas obligaciones no eran nuestras, eran heredadas". Taborda fue categórica al señalar que la norma "no amplía facultades discrecionales, sino que ratifica herramientas legales ya autorizadas por la Legislatura", y concluyó asegurando que la ley aporta "continuidad, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal necesaria para cuidar el interés general de la provincia". En la misma línea argumental, la diputada oficialista Gabriela Lena apeló a "considerar una realidad: la obra pública atraviesa una situación crítica" y defendió que la emergencia "para nada implica una renuncia al Estado de Derecho, sino que, al contrario, permite revisar, negociar y encauzar controversias dentro de un marco legal y transparente". Lena fue particularmente enfática en la defensa del polémico artículo 5° de la ley que suspende la ejecución de sentencias y medidas cautelares en materia de obra pública, sosteniendo que "este artículo no viola derechos, sino que los protege, porque permite revisar, negociar y encauzar todas las controversias dentro de un marco legal transparente". Y agregó: "La verdadera inseguridad jurídica sería mirar para otro lado, dejar que los conflictos se acumulen, que las obras se abandonen sin respuesta". La legisladora cerró su intervención con un argumento de índole social: "La obra pública no es solo cemento, es salud, es educación, es rutas, producciones, empleos, desarrollo. Y es también una responsabilidad decidir que le demos a esta provincia un marco para poder salir de la crisis en la que todavía lamentablemente estamos atrapados". El diputado Fabián Fleitas, desde el bloque La Libertad Entre Ríos, también respaldó la prórroga para "ser consecuente" con acompañamientos anteriores y mencionó que tanto a nivel nacional como provincial "el estado en que se encontró" el sector justifica estas medidas excepcionales. La oposición: "Tres años de emergencia es un fracaso de gestión" Desde los bloques opositores, las críticas fueron contundentes y apuntaron tanto a aspectos técnico-jurídicos como a cuestiones de fondo sobre la capacidad de gestión del gobierno provincial. La diputada Silvina Deccó, del Bloque Más para Entre Ríos, desarrolló la argumentación técnica más detallada. Cuestionó desde el inicio la fundamentación del proyecto: "El fundamento administrativo que habla de 'volumen extraordinario de trámites' no es una fundamentación real ni efectiva. ¿De qué volumen estamos hablando? Es meramente enunciativo", sostuvo. Deccó apuntó también contra el argumento económico: "Se refiere a una deuda de aproximadamente 4 mil millones de pesos correspondiente a certificados emitidos y a emitir, pero si lo analizamos con el presupuesto 2026, el impacto sería mínimo porque no alcanza ni el 1% del presupuesto destinado para obras". La diputada se preguntó: "¿El tener un gran volumen administrativo habilita una declaración de emergencia? Yo entiendo que no". Pero el núcleo central de su crítica fue conceptual: "Si yo decido tomar la emergencia en obra pública y la vuelvo a renovar y la vuelvo a renovar, tengo que tener por lo menos alguna fundamentación real para ser extraordinario. Si no, pasamos de extraordinario a ordinario. Estamos ordinizando algo que tendría que ser excepcional. Estamos habilitando que un gobierno de cuatro años esté tres años en emergencia en obra pública". Deccó recordó, además, un dato político relevante: "Nosotros tuvimos un contexto de pandemia donde sí se ameritaba una emergencia, donde sí había una emergencia desde el punto de vista de salud pública y económica. En ese momento, lamentablemente, quienes hoy son oficialismo y entonces eran oposición, no la acompañaron. Y esa emergencia que era en un contexto muchísimo más grave fue por solamente un año". El diputado Juan José Bahillo sumó otro ángulo crítico: "Una emergencia en un tercer año de gestión, donde inclusive es hasta el 31 de diciembre, significa que vamos a culminar con un 75% de la gestión tres de cuatro años en emergencia". Bahillo recordó que el gobierno acompañó todas las declaraciones de emergencia al inicio de la gestión de Frigerio "porque entendíamos que teníamos que darle al Ejecutivo las herramientas que necesitaba para iniciar la gestión. Nadie puede decir que no somos una oposición razonable". Sin embargo, el legislador fue contundente: "El volumen de obra pública no justifica una emergencia. Hay menos de un tercio de cantidad de obra pública de la que tenía el gobierno anterior y no hubo nunca, salvo por la pandemia, ninguna emergencia para manejar las cuestiones administrativas. Indudablemente hay un problema de coordinación, hay un problema de gestión, hay un problema de organización en cuanto a lo administrativo que no logra resolverse aún después de dos años". Bahillo también reveló un dato político incómodo para el oficialismo: "El gobernador dijo el 17 de septiembre del año pasado ante la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) que no iba a haber prórroga de la ley de emergencia y anunció un plan de infraestructura. Ninguna de las dos cosas se están cumpliendo. Nos hubiera gustado que pasara por esta Legislatura un plan de obra de infraestructura provincial". La diputada opositora Lorena Arrozogaray fue más allá y planteó una "contradicción" política de fondo: "Hay una clara intención del gobierno provincial y de nuestro gobernador Frigerio de avanzar con la obra pública, pero el gobierno nacional y lo ha dicho en reiteradas oportunidades no va a financiar obras públicas. Esta contradicción que marco es casi inviable ante la situación económica que atraviesa la provincia de Entre Ríos". Arrozogaray presentó datos concretos: "El 27 de febrero del 2024 presenté una declaración sobre la situación de paralización de obra pública en Gualeguaychú. Hoy, al iniciar el tercer año de este mandato, esas grandes obras que financiaba el gobierno nacional aún continúan paralizadas". Y agregó un dato llamativo: "Si googlean, Entre Ríos es la única provincia que tiene emergencias en obras públicas". La legisladora, en su conclusión, dijo: "Como no se puede gobernar un mandato entero entre prórrogas y emergencia, esto no fortalece al Estado, lo debilita; no ordena la gestión, la precariza; y no garantiza transparencia ni eficiencia, que es una de las banderas que levantó este gobierno provincial al inicio del mandato. Dejemos a la provincia una herramienta duradera y no parches que se renueven cada año. Gobernar con seriedad no es pedir prórroga en las emergencias, sino planificar, cumplir y dar respuesta". El diputado Carlos Damasco, del bloque La Libertad Entre Ríos, fue breve pero contundente: "Las leyes de emergencia son para tratar situaciones excepcionales o imprevisibles. La excepción se está convirtiendo en regla". El cruce: herencia versus gestión El debate derivó en un cruce directo entre bancadas. La diputada Lena replicó a la oposición con dureza: "Me resulta medio paradójico que quienes gobernaron durante tantos años en esta provincia y donde se acumuló gran parte del pasivo que hoy nos llevó a este desequilibrio, a tener la obra pública de la manera en que la recibimos, tengan este tipo de discursos y se opongan o parece como que no se hacen cargo de dar las herramientas necesarias para poder salir adelante". La respuesta de Bahillo no se hizo esperar: "Esto no tiene nada que ver con el gobierno anterior. El punto es una realidad que después por decisiones del gobierno nacional se transforma en un problema: el 75% de la obra pública que se llevaba adelante en la provincia se financiaba con fondos nacionales. El gobierno nacional tomó una decisión de no financiar más esas obras y obviamente se le produce un inconveniente al gobierno provincial". Bahillo recordó que en su momento había advertido sobre el error de paralizar el 100% de las obras: "Había obra pública que estaba en un 90, 92, 95% de ejecución, sobre todo barrios de vivienda. Era más barata y más fácil terminarla que pararla por el lucro cesante y la indemnización a las empresas. Unilateralmente pararon toda la obra pública, no analizaron caso por caso". El diputado defendió además el derecho de la oposición a ejercer su rol: "Que nos hayan puesto en el lugar de la oposición significa que tenemos que asumir el rol de la oposición, no censurarnos. Censurar a la oposición porque antes fue oficialismo no es una práctica sanamente democrática y no hay antecedentes en esta provincia de ese tipo de convivencia. Los entrerrianos votan bien siempre: cuando nos votaron a nosotros y cuando votaron a Frigerio". Unanimidad en ordenamiento territorial En contraste con el debate polarizado sobre la emergencia, la sesión logró unanimidad en la sanción de tres leyes referidas a demarcación de ejidos municipales y comunales: la ampliación de límites jurisdiccionales del municipio de Bovril (departamento La Paz), el establecimiento de límites de la comuna Antelo (departamento Victoria) y la fijación de límites de la comuna Distrito Sauce (departamento Nogoyá). La diputada María Elena Romero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, fundamentó los proyectos: "No discutimos líneas en el mapa o cuestiones de orden técnico o administrativo; se trata de una definición política sobre el modelo de provincia que queremos construir. Definir límites jurisdiccionales no es un capricho sino un instrumento indispensable para ordenar el territorio, garantizar servicios públicos, planificar infraestructura y brindar seguridad jurídica". Romero destacó que los expedientes cuentan con dictamen favorable de organismos técnicos como la Dirección de Catastro y la ATER, y que responden "a demandas reales de las comunidades involucradas", con solicitudes que datan de 2023 en el caso de Antelo y de mediados de 2025 en Bovril. La sesión concluyó también con la aprobación en conjunto de diez proyectos de declaración acordados en Labor Parlamentaria, cerrando así una jornada legislativa que dejó en evidencia las profundas diferencias de criterio entre oficialismo y oposición sobre el rumbo de la obra pública provincial y la capacidad de gestión del gobierno de Rogelio Frigerio en su tercer año de mandato.
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