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Parana » Radio La Voz
Fecha: 24/01/2026 08:59
Desde Martínez de Hoz hasta Milei, las patronales repiten las mismas zonceras: Bajar salarios, flexibilizar derechos y llamar competitividad a la transferencia de ingresos desde el Trabajo hacia el capital. El presente trabajo analiza la persistencia de los discursos patronales en torno a la reforma laboral en la Argentina entre 1976 y 2025. A partir de un enfoque histórico-político, se examinan los principales argumentos esgrimidos por cámaras empresariales y dirigentes políticos para justificar procesos de flexibilización del trabajo, reducción de costos laborales y limitación de derechos colectivos. El recorrido abarca desde la última dictadura cívico-militar y el programa económico de Martínez de Hoz, pasando por las reformas del menemismo, hasta las iniciativas impulsadas durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. El análisis muestra la notable continuidad de un mismo repertorio discursivo, centrado en la competitividad, la reducción de la litigiosidad y la supuesta incompatibilidad entre protección laboral y crecimiento económico. Peggy Noonan (1988), una de las más reconocidas redactoras de discursos del presidente Ronald Reagan, sostenía que no hay un gran discurso sin una gran política detrás (Crespo et al., 2011). Esta afirmación resulta especialmente pertinente para analizar los debates en torno a la Política Laboral en la República Argentina. En estas páginas, se propone recuperar, analizar y revalorizar los discursos políticos que han dado sustento a los distintos procesos de reforma laboral en el país, poniendo el foco tanto en los enunciados producidos por las patronales, como en aquellos formulados por dirigentes políticos que los retomaron, legitimaron o tradujeron en Políticas Públicas. Desde esta perspectiva, el análisis no se limita a las normas sancionadas o a los resultados económicos observables, sino que se centra en los discursos patronales, entendidos como un conjunto relativamente estable de argumentos, diagnósticos y prescripciones, producidos por actores empresariales y sus representantes, orientados a incidir sobre la regulación del Trabajo, el rol del Estado y la distribución del ingreso (Basualdo, 2006; Etchemendy, 2011). Estos discursos, lejos de ser coyunturales, muestran una notable persistencia a lo largo del tiempo y atraviesan distintos regímenes políticos. En ese sentido, pueden identificarse una serie de ideas recurrentes que se repiten a lo largo de la historia reciente del país. Al decir de Arturo Jauretche, se trata de verdaderas zonceras lanzadas por los patrones y reproducidas con notable eficacia en distintos contextos históricos. Sin demasiado esfuerzo, es posible reconocer varias de ellas: Que la disminución de los aportes patronales a la seguridad social facilita el aumento del empleo; que la legislación sobre accidentes de trabajo genera un negocio de los juicios; que el incremento de la inversión depende de la reducción de los costos laborales; que las retenciones a las exportaciones provocan la caída de la producción y la escasez de bienes esenciales; que la mano invisible del mercado asigna armónicamente los recursos; o que el Estado es, por definición, un mal administrador (Recalde, 2011). Estas afirmaciones, sostenidas por empresarios, cámaras patronales y por profesionales abogados, contadores, economistas que operan como sus voceros técnicos, han sido reiteradamente presentadas como verdades incuestionables. Sin embargo, la evidencia histórica muestra que, cuando tales postulados fueron llevados a la práctica, sus principales efectos se concentraron en el aumento de la rentabilidad empresarial, sin traducirse en mejoras sostenidas del empleo ni de las condiciones de trabajo. Si bien la disputa entre capital y trabajo se remonta a los orígenes mismos de la organización nacional, este escrito circunscribe su análisis al período comprendido entre la última dictadura cívico-militar y el año 2025, cuando el gobierno de Javier Milei presentó su proyecto de reforma laboral. Este recorte permite observar con claridad la persistencia de un mismo repertorio discursivo patronal, aun cuando cambian los contextos políticos, económicos e institucionales. Política anti-trabajadores de la dictadura de 1976 La instauración de la dictadura cívico-militar a través del Golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, marcó el inicio de un profundo proceso de desarticulación del Estado de Bienestar en la Argentina. El modelo que había garantizado derechos laborales y sociales, fue reemplazado por un Estado de orientación neoliberal, que introdujo en el lenguaje público una serie de nociones destinadas a justificar ese viraje: La supuesta ineficiencia del Estado, el carácter distorsivo de la regulación pública, la necesidad de abrir la economía para volverla competitiva y la atribución de la inflación a los salarios, entre otras (Basualdo, 2006; Azpiazu, Basualdo y Khavisse, 1986). A la luz de los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en las últimas décadas, quedó claro que el Golpe de Estado no respondió a una necesidad militar, sino a una necesidad económica: Reconfigurar la estructura de poder social a favor de los sectores más concentrados del capital. La política laboral fue un componente central de ese proyecto (Basualdo, 2011; Verbitsky, 2005). Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar al cumplirse un año del golpe, sintetizaba con crudeza los efectos de esa política: En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada laboral que necesita el obrero para pagar la canasta familiar, facilitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales(1977/2008). A ello se sumaron el congelamiento salarial, la abolición de toda forma de reclamo colectivo, la prohibición de asambleas y la intervención de los sindicatos (Novick, 2004; Recalde, 2011). En el plano normativo, la Dictadura impulsó un conjunto de leyes regresivas en materia laboral: La suspensión del derecho de huelga y de toda medida de fuerza (Ley 21.216), la autorización para cesantear sin sumario al personal de la administración pública, empresas estatales y universidades (Ley 21.259); y, la modificación de 99 artículos y derogación de otros 26 de la Ley de Contrato de Trabajo, mediante la Ley 21.297. Se alteraron principios fundamentales como la presunción de despido, los mecanismos de actualización salarial por costo de vida, el criterio de norma más favorable al trabajador y el reconocimiento de la antigüedad laboral (Recalde, 2011; Palomino, 2005). Estos cambios normativos se articularon con el programa económico impulsado por José Alfredo Martínez de Hoz, que concibió al salario como una variable de ajuste y al conflicto laboral como un obstáculo para la normalización del mercado. En su presentación del plan económico de abril de 1976, el entonces ministro propuso la liberación de precios, el congelamiento salarial, la apertura comercial, la reforma financiera y un fuerte endeudamiento externo, configurando un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera (Basualdo, 2006; Schorr, 2012). Las entidades patronales acompañaron activamente este proceso. La Sociedad Rural Argentina, en la inauguración de su exposición anual, sostuvo que era indispensable desterrar definitivamente los gravámenes, impuestos o derechos a las exportaciones y mantener un tipo de cambio realista. En 1977, la misma entidad reclamaba desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de estatización socializante, apelando al sacrificio de todos los sectores y a la liquidación de empresas estatales. Celedonio Pereda, Presidente de la SRA, expresaba su asombro ante quienes insistían en que los alimentos debían ser baratos, mientras que Juan Pirán celebraba en 1979 el fortalecimiento de la libre empresa y la iniciativa privada como únicas bases para el desarrollo (Basualdo, 2006; Heredia, 2004). Héctor Recalde señala que esta política anti-trabajadores se reflejó en la evolución de las cargas sociales, que pasaron de representar el 49% del salario bruto al 32%, recayendo íntegramente la reducción sobre los aportes patronales (Recalde, 2011). Al mismo tiempo, el esquema pro-financiero llevó a que la deuda externa pública aumentará un 377%, consolidando un modelo que combinó represión, disciplinamiento laboral y transferencia regresiva del ingreso (Basualdo, 2011). La reforma laboral del menemismo La reforma laboral impulsada durante el menemismo profundizó muchos de los lineamientos establecidos durante la dictadura, ahora en un contexto democrático. Bajo el objetivo declarado de reducir el costo laboral, se promovieron políticas de flexibilización del derecho individual del trabajo: Contratos a plazo fijo, menores indemnizaciones por despido, reducción de aportes patronales, movilidad funcional, flexibilización del pago del aguinaldo y menores costos asociados a accidentes de trabajo. A ello, se sumaron cambios en los derechos colectivos, como la descentralización de la negociación colectiva y la eliminación de la ultraactividad, así como la desregulación del sistema de obras sociales (Palomino y Trajtemberg, 2006; Recalde, 2012). Desde el ámbito político, estas iniciativas fueron defendidas abiertamente. María Julia Alsogaray afirmaba en 1990 que el Congreso tendría que darnos la reglamentación del derecho de huelga para hacernos la vida mucho más fácil. Respecto de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1991, el Poder Ejecutivo sostenía que la norma buscaba disminuir la excesiva litigiosidad (Recalde, 2012; Etchemendy y Collier, 2007). El sector empresario replicó estos argumentos casi sin matices. Marcos Migliardi, del Grupo Techint, sostenía que la Ley de Empleo de 1991 permitiría liberar las fuerzas económicas contenidas o esclerotizadas por el accionar político del Estado. Héctor Grancelli, de la empresa Murchison, advertía en 1992 que esto de los juicios es una amenaza latente, mientras que Alberto Álvarez Gaiani, entonces presidente de la UIA, afirmaba que el plan de convertibilidad era incompatible con una legislación laboral de carácter proteccionista (Basualdo, 2006; Beltrán, 2011). Un párrafo aparte merecen las declaraciones de Daniel Funes de Rioja, dirigente de la UIA y COPAL, quien desde los años noventa hasta la actualidad ha sostenido argumentos prácticamente idénticos. En 1992, afirmaba que solo una flexibilización efectiva de la legislación laboral permitiría compatibilizar costos y competitividad. En 1998, en plena crisis, proponía profundizar estas políticas, sugiriendo contratos permanentes con menores costos indemnizatorios y cargas impositivas (Beltrán, 2011; Recalde, 2012). En esta misma línea, la ley de reforma laboral del año 2000 fue aplaudida por las cámaras empresariales durante el gobierno de Fernando De la Rúa. El proyecto del ejecutivo proponía alargar el período de prueba hasta un año, rebajaba indemnizaciones, reducía las cargas sociales, entre otras modificaciones. Los argumentos dados por los funcionarios del PEN fueron los mismos de siempre: crearían puestos de trabajo estable y de calidad (Recalde, 2012:301). El proyecto fue aprobado y convertido en Ley n° 25.250. Sin embargo, por las versiones de compra de voluntades, nunca desmentidas, fue conocida como la Ley Banelco, trayendo como consecuencia la renuncia del vicepresidente Chacho Alvárez y una causa penal por cohecho, soborno y extorsión (Recalde, 2012). En este escándalo, hubo un marcado silencio por parte de las cámaras patronales. Los resultados de estas reformas fueron contundentes: El salario real industrial cayó un 3% durante el menemismo y un 13% durante el breve gobierno de Fernando de la Rúa. El desempleo, que era del 8% en 1989, alcanzó el 24% en 2003. A pesar de la reducción de las cargas sociales del 49% al 34% del salario, la informalidad laboral creció, llegando a rozar el 45% tras la crisis de 2001 (Basualdo, 2011; Schorr, 2012). Política laboral del kirchnerismo y oposición patronal A partir de 2003, la Política Laboral experimentó un cambio significativo respecto del ciclo previo de flexibilización y ajuste. Según Recalde, la desocupación alcanzó un mínimo histórico del 6,7% en 2011, cifra que no se registraba desde comienzos de la década de 1990. La subocupación y el subempleo se redujeron de manera sostenida, y se crearon cerca de seis millones de puestos de trabajo formales entre 2003 y 2015, tanto en el sector público como en el privado (Recalde, 2015). Este proceso estuvo acompañado por una recomposición del salario real, el fortalecimiento de la negociación colectiva y una mayor protección del empleo. Eduardo Basualdo señala que estos resultados no fueron producto de la mano invisible del mercado, sino de Políticas activas impulsadas desde el Estado, orientadas a la reindustrialización, la expansión del mercado interno y la recuperación del rol regulador de lo público (Basualdo, 2008). En una línea similar, Héctor Palomino caracterizó este período como el surgimiento de un nuevo régimen de empleo con protección social, que marcó un quiebre respecto del régimen de precarización laboral dominante durante la convertibilidad y los años posteriores (Palomino, 2007). Asimismo, durante estos años se registró una reducción significativa del empleo no registrado: Mientras que en 2003 cerca del 49% de los asalariados se desempeñaban en la informalidad, para 2015 ese porcentaje había descendido al 33,1%, según datos del INDEC (2016). Estos indicadores permiten afirmar que la mejora en las condiciones laborales y salariales no fue incompatible con la creación de empleo, sino que estuvo asociada a un modelo de crecimiento basado en la ampliación de derechos y la recuperación de la capacidad regulatoria del Estado (Basualdo, 2011; Schorr, 2012). Aún así, y en línea con lo observado en los períodos anteriores, las patronales mantuvieron una oposición persistente a estas políticas. Desde distintos sectores empresariales se denunciaba una supuesta rigidez del mercado de trabajo y un clima antiempresarial que, según sus voceros, desalentaría la inversión. Héctor Méndez, presidente de la Unión Industrial Argentina, expresaba en 2006 que el Poder Legislativo se había convertido en una fábrica de proyectos de corte antiempresario y reclamaba generar condiciones que permitieran trabajar en paz, aun cuando los indicadores de empleo, salario y formalización mostraban una mejora sustancial (Beltrán, 2011; Basualdo, 2018). De este modo, el período kirchnerista vuelve a poner en evidencia la brecha entre el discurso patronal y la evidencia empírica: Mientras los datos reflejaban un proceso de expansión del empleo y fortalecimiento de derechos, las cámaras empresarias continuaban reclamando reformas flexibilizadoras similares a las impulsadas en etapas previas (Beltrán, 2011; Recalde, 2015). Nueva arremetida de los sectores patronales: de Macri a Milei La llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno en diciembre de 2015, significó una nueva reactivación del programa de reformas laborales orientadas a la flexibilización del trabajo y a la reducción de los denominados costos laborales. Lejos de constituir una novedad, esta agenda retomó y actualizó los argumentos históricos del discurso patronal, ahora enmarcados en un diagnóstico de exceso de regulación, rigidez normativa y falta de competitividad de la economía argentina (Basualdo, 2018; Beltrán, 2011). Una de las primeras decisiones del gobierno de Mauricio Macri fue avanzar con despidos masivos en el sector público durante el primer trimestre de 2016, a través del recientemente creado Ministerio de Modernización. Según los datos de empleo registrado del sector público, entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 se registraron 56.904 trabajadores menos (Strada, 2018). A ello se sumó una fuerte contracción del empleo privado: De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y junio de 2016 se produjeron 112.881 despidos y suspensiones en el sector privado (CEPA, 2016). Es preciso tener en cuenta que el número de puestos de trabajo asalariado formal presentó una caída del 4% en los dos últimos años del gobierno de Cambiemos (2018 y 2019) (Retamozo y Trujillo Salazar, 2025). Esta tendencia no solo no se revirtió, sino que se profundizó en los años siguientes y volvió a acelerarse con la asunción de Javier Milei. El gobierno de Alberto Fernández, signado por la pandemia de COVID-19, desplegó políticas públicas centradas en sostener los ingresos de los asalariados privados y el sostenimiento del empleo en las empresas, a través de transferencias vía la institucionalidad de protección social e instrumentos ad hoc, especialmente el Ingreso Familiar de Emergencia y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) en el año 2020, continuado luego por el Programa de Recuperación Productiva (REPRO II) en 2021 (Retamozo y Trujillo Salazar, 2025). Estas políticas públicas fueron festejadas por el empresariado local. No obstante, al finalizar su mandato, la inflación interanual rondaba el 120%, con fuertes problemas de restricción externa (acceso al crédito) y múltiples tipos de cambio. El deterioro del salario real es un indicador significativo de la situación económica, así como el fenómeno de la baja desocupación abierta con incremento de la pobreza. Se puede afirmar, entonces, que las cámaras empresariales pasaron de un apoyo moderado inicial a una postura de confrontación abierta debido a la inflación, los controles de precios y el "impuesto a la riqueza" (Aporte Solidario y Extraordinario). En lo que va del mandato de Javier Milei, se registraron 71.900 despidos en el sector público y 194.200 puestos de trabajo perdidos en el sector privado registrado entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, según datos oficiales de la Encuesta de Indicadores Laborales (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social [MTEySS], 2025). Estos números permiten observar que, una vez más, el ajuste sobre el empleo precedió y acompañó los intentos de reforma normativa del mercado de trabajo (Schorr, 2024). Los objetivos centrales de los proyectos de reforma laboral impulsados durante el gobierno de Macri en 2017 y retomados y profundizados por la administración de Milei presentan claras continuidades. Entre los ejes principales del proyecto macrista se encontraban: La reducción de los costos laborales mediante la baja de cargas patronales; la disminución de la litigiosidad laboral a través de modificaciones en los mecanismos de actualización de deudas e intereses judiciales; y la creación de un fondo de cese laboral como alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones por despido (Recalde, 2018; Palomino y Trajtemberg, 2019). El proyecto impulsado por Javier Milei retoma estos lineamientos y los lleva a un extremo liberal más profundo. De las propuestas centrales, se destacan la ampliación del período de prueba y la facilitación del despido; la posibilidad de negociar condiciones laborales a nivel de empresa por encima de los convenios colectivos sectoriales; la reducción de aportes patronales e indemnizaciones; la habilitación de nuevas formas de remuneración, incluyendo pagos en moneda extranjera o en especie; y una serie de restricciones a los derechos sindicales, como la exigencia de autorización empresarial para la realización de asambleas, la limitación del derecho de huelga y la definición amplia de servicios esenciales. Estas iniciativas buscan redefinir la relación capital-trabajo en favor del empleador, debilitando los mecanismos de protección colectiva construidos históricamente (Recalde, 2024; Schorr y Wainer, 2024). Como en etapas anteriores, las patronales expresaron un fuerte respaldo a estas reformas. Durante el gobierno de Macri, diversas entidades empresariales celebraron el proyecto de reforma laboral presentado por el Poder Ejecutivo. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), afirmó que la iniciativa constituía un punto de inflexión en la política argentina, al sentar las bases para atacar la pobreza y crecer. En el mismo sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostuvo que el objetivo principal de la reforma era mejorar la competitividad, y su entonces titular, Fabián Tarrío, insistía en la necesidad de reducir la litigiosidad laboral, señalando que las pymes fuimos escuchadas(Beltrán, 2018; CEPA, 2017). Otros actores del empresariado reforzaron estos argumentos. El empresario textil Teddy Karagozian, al frente de TN&Platex, destacó la necesidad de reducir el déficit fiscal y el denominado gasto improductivo del Estado, así como de aliviar la carga tributaria sobre las actividades productivas, en línea con las exigencias de los inversores internacionales. Por su parte, CONINAGRO expresó su apoyo a reformas profundas en los sistemas tributario y laboral, señalando la importancia de eliminar la litigiosidad y generar condiciones para la creación de empleo (Basualdo, 2018). Este mismo repertorio discursivo reaparece con fuerza durante el gobierno de Javier Milei. Las principales Bolsas de Cereales del país Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe emitieron comunicados públicos de respaldo a la reforma laboral, considerándola un paso estratégico para fortalecer la competitividad, promover inversiones, ampliar la capacidad productiva y atraer tecnología. Cámaras industriales, como la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), manifestaron su apoyo a medidas que mejoren las condiciones de inversión y crecimiento económico (Schorr y Wainer, 2024). De la misma manera, entidades como la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) valoraron positivamente el impulso de reformas laborales junto con cambios tributarios y regulatorios, interpretándolos como señales de certidumbre política para la inversión privada. La Unión Industrial Argentina (UIA), por su parte, sostuvo que una modernización de la normativa laboral resulta imprescindible para remover obstáculos estructurales en la generación de empleo formal, destacando la necesidad de reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad a las empresas (UIA, 2024). El recorrido por las reformas laborales impulsadas durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei muestra, una vez más, que los discursos patronales que las acompañan no responden a diagnósticos novedosos ni a transformaciones estructurales recientes del mundo del trabajo. Por el contrario, se trata de la reactivación de un repertorio argumental largamente conocido, que reaparece con notable regularidad cada vez que se intenta avanzar en una reconfiguración regresiva de la relación capital-trabajo (Beltrán, 2011; Basualdo, 2006). Bajo nuevas etiquetas modernización, competitividad, certidumbre jurídica se actualizan viejas demandas que ya han sido ensayadas en otras etapas de la historia argentina, con resultados ampliamente documentados. Este último ciclo de reformas permite observar con particular nitidez la persistencia de esos discursos y su capacidad de adaptación a distintos contextos políticos. La continuidad entre los planteos empresariales de las décadas anteriores y los actuales no es meramente retórica: Expresa una concepción estructural del trabajo como costo y del salario como variable de ajuste, que atraviesa los distintos proyectos neoliberales desplegados en el país desde 1976 (Basualdo, 2011; Recalde, 2024). Por lo expuesto, no sorprende que la UIER, adhiera al Decálogo del Nuevo Contrato Productivo que la UIA hizo público. Allí se especifican las demandas del sector y se enfatiza la necesidad de una modernización laboral. Es imprescindible adaptar la legislación laboral a los desafíos del siglo XXI, reducir la litigiosidad, disminuir las cargas no salariales, promover la formalización y favorecer el aumento de la productividad interna de las empresas, dentro del marco del respeto a los derechos de los trabajadores, sostiene uno de los diez puntos resonantes del mencionado Decálogo (Terenzano, 2026). Consideraciones finales A lo largo de este análisis se ha podido observar que, desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, las entidades patronales han sostenido un discurso notablemente coherente en relación con el mundo del trabajo. Más allá de los cambios de gestión política, de contexto internacional o de coyuntura económica, los núcleos centrales de ese discurso se mantienen prácticamente inalterados: La reducción de los costos laborales, la flexibilización de las relaciones de trabajo, la limitación de los derechos colectivos, la disminución del rol del Estado y la subordinación del salario a las necesidades de la acumulación de capital. Desde la implementación del plan económico de Martínez de Hoz en 1976 con su congelamiento salarial, apertura económica, reforma financiera y endeudamiento externo hasta las actuales propuestas de reforma laboral impulsadas por actual gobierno libertario, se despliega una misma lógica: Disciplinar al trabajo como condición necesaria para garantizar la rentabilidad empresaria. En ese recorrido histórico, las reformas laborales no aparecen como respuestas técnicas a problemas coyunturales del mercado de trabajo, sino como piezas centrales de proyectos económicos más amplios orientados a reconfigurar la distribución del ingreso y las relaciones de poder social. En este sentido, el cuarteto de las 4 M Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei sintetiza con claridad las distintas etapas de un mismo programa. Cada uno, con sus particularidades, impulsó políticas laborales regresivas sustentadas en un repertorio discursivo común: La promesa de que la flexibilización generaría empleo, la idea de que los derechos laborales constituyen un obstáculo para el crecimiento y la convicción de que la competitividad sólo puede lograrse a través de la reducción del salario y de la protección social. La reiteración de estos argumentos a lo largo de casi cinco décadas permite afirmar que no se trata de diagnósticos fallidos, sino de una estrategia persistente. La evidencia empírica, presentada a lo largo del texto muestra, sin embargo, que estas políticas no lograron cumplir las promesas que las legitimaron. Ni la reducción de cargas patronales, ni la flexibilización contractual, ni la limitación de la acción sindical se tradujeron en un aumento sostenido del empleo formal ni en una disminución duradera de la informalidad. Por el contrario, los períodos de mayor desregulación y ajuste laboral estuvieron asociados a la caída del salario real, al aumento del desempleo y a una mayor precarización de las condiciones de trabajo. En contraposición, las etapas en las que el Estado asumió un rol activo en la regulación del mercado laboral, en la promoción del empleo y en la protección de los derechos de los trabajadores mostraron mejores resultados en términos de creación de empleo, reducción de la informalidad y mejora del salario real. Estos datos no solo cuestionan la validez de los argumentos patronales, sino que ponen en evidencia su carácter ideológico y su función legitimadora de políticas que favorecen la transferencia regresiva del ingreso. En definitiva, el análisis histórico de los discursos patronales permite concluir que las reformas laborales celebradas por los sectores empresariales no constituyen respuestas novedosas a los desafíos del presente, sino la reiteración de viejas zonceras que se reciclan bajo nuevos formatos. La persistencia de estos enunciados, aun frente a su reiterado fracaso, da cuenta de una disputa estructural en torno al sentido del trabajo y al lugar que este ocupa en el modelo de desarrollo. Comprender esta continuidad histórica resulta indispensable para desnaturalizar los discursos que, una vez más, se presentan como inevitables y para reponer el debate sobre el trabajo como un derecho y no como una mera variable de ajuste. Barreto, Jorge. Diputado de la Nación (MC). Richardet, Tatiana. Lic. en Ciencia Política (UBA). Bibliografía Azpiazu, D., Basualdo, E., & Khavisse, M. (1986). El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Buenos Aires: Legasa. Basualdo, Eduardo. M. (2018). 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