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» Clarin
Fecha: 24/01/2026 08:47
Durante casi dos décadas, el nombre de Jorge Taranto quedó atrapado en una acusación que nunca logró sostenerse en la Justicia, pero que marcó su vida pública, familiar y profesional: la de haber estaqueado y torturado soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas de 1982. Oficial del Regimiento de Infantería 5, con asiento de paz en Paso de los Libres (Corrientes), Taranto combatió a los 24 años junto a 33 soldados y cinco suboficiales en la zona de Puerto Howard, en la isla Gran Malvina, y -como él mismo suele remarcar- regresó con todos ellos con vida al continente. En condiciones extremas de aislamiento, frío y escasez de alimentos, permaneció al frente de su sección durante toda la campaña, "sin solicitar relevo y manteniendo la cohesión del grupo hasta el repliegue final", recordó. Tras años de estar denunciado por supuestos maltratados, Taranto ahora decidió pasar a la contraofensiva y presentó denuncias penales por falso testimonio contra el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport; el secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, exsubgerente del PAMI para Veteranos de Guerra de Malvinas y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, Ernesto Alonso; y el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Andrés Vassel. Taranto consideró que las acusaciones en su contra formaron parte de "una maniobra política orquestada durante el kirchnerismo para desprestigiar a oficiales que combatieron en Malvinas". Este derrotero judicial se inscribe, además, en un contexto más amplio: en los últimos años, la sociedad argentina comenzó a mostrar un renovado reconocimiento público hacia los veteranos de Malvinas, visible en actos oficiales y manifestaciones espontáneas de apoyo, un clima que contrasta con el que -según relatan muchos excombatientes- enfrentaron al regresar de la guerra en 1982. El conflicto con Iluminados por el fuego En 2002, cuando se difundió el guion de la película Iluminados por el fuego, de Edgardo Esteban, Taranto criticó en su programa en radio 10 "Malvinas" lo que consideró inexactitudes y convocó a soldados que habían compartido destino con el autor para discutir pasajes del libro. Cuando la película se estrenó en 2005 y mantuvo sus críticas en Radio 10, empezaron a denunciarlo por torturas a sus soldados. En marzo de 2007, esa advertencia se materializó. En TN y América se difundió un video presentado por Pablo Vassel, entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, durante la gobernación de Arturo Alejandro Colombi (UCR). En ese material, el exsoldado Juan de la Cruz Martins acusó a Taranto de ser responsable de "la muerte del soldado Remigio Fernández y de haber estaqueado al cabo Héctor Manes". Para comprender el origen de esa denuncia, Taranto sostiene que existió un vínculo entre Vassel y Alonso -quien entonces trabajaba en el PAMI junto a quien luego sería la esposa de Vassel-, desde donde se impulsó una investigación sobre presuntos malos tratos en Malvinas. Según su relato, Alonso habría entregado 22 carpetas médicas de soldados correntinos, entre ellas la de Martins. Cuando Vassel recorrió la provincia con un camarógrafo para entrevistar a esos excombatientes, solo Martins lo denunció. En el video, Martins afirmó que Fernández había sido enterrado junto a una carpa. Taranto sostiene que esa versión es falsa y que en el expediente abierto por el juez Ariel Lijo constan los detalles médicos y operativos: "Fernández fue evacuado desde la primera línea, permaneció internado, padeció estrés postraumático y debilidad extrema, y falleció en el puesto principal de socorro". Según ese mismo expediente, fue enterrado con honores militares, tal como figura en el libro histórico de la unidad, el mismo día en que fue sepultado el capitán británico John Hamilton, de la SAS, muerto en combate. Primer sobreseimiento Ante el juez Lijo declararon el jefe del regimiento, el médico de la unidad, soldados bajo su mando y el propio Héctor Manes, quien desmintió haber sido estaqueado y aclaró que Taranto no era su jefe directo. La investigación determinó además que Remigio Fernández no había estado bajo las órdenes de Taranto, sino de otro oficial, y que su muerte se debió a desnutrición y estrés traumático, en el marco del bloqueo aeronaval británico. Lijo dictó el sobreseimiento, destacando que Taranto "dormía y comía en las mismas carpas que sus soldados y que regresó con todos los hombres directamente a su cargo". Después el sobreseimiento en los tribunales Comodoro Py, Vassel impulsó en la Justicia Federal de Río Grande (Tierra del Fuego) otras supuestas torturas en Malvinas, basadas en videos y entrevistas a excombatientes correntinos. Taranto volvió a presentarse voluntariamente en Río Grande y su defensor oficial sostuvo que la causa debía cerrarse por cosa juzgada, dado el fallo firme dictado en Buenos Aires. Sin embargo -según el relato de Taranto- el juzgado fueguino continuó avanzando a fines de 2007. A pesar de que se aportó la causa completa de Comodoro Py. En ese marco, se volvió a convocar al cabo Héctor Manes, quien declaró por oficio y reiteró que nunca fue estaqueado, que Taranto no era su jefe y que la sanción que recibió se debió a un acto de desobediencia, considerado una falta grave en contexto de guerra. Tras esas declaraciones, Taranto acusó al fiscal Marcelo Rapoport y a la jueza Lilian Erraez de imprimir un sesgo ideológico, negarle pruebas de descargo e incorporar testimonios de personas que no pertenecían a su fracción o se encontraban a kilómetros de su posición durante la guerra. Como ejemplos citó al teniente Juan Carlos Pignataro, quien nunca estuvo en Malvinas, y al teniente Alberto Ramos, muerto en combate y considerado héroe nacional, ambos igualmente incluidos como presuntos autores de torturas. Casación dicta que no fueron delitos de lesa humanidad La defensa de Taranto apeló y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal con dos ejes centrales: que los hechos investigados no constituían delitos de lesa humanidad y que Taranto ya había sido juzgado y sobreseído en Comodoro Py. El 13 de noviembre de 2009, Casación sostuvo que los hechos atribuidos no constituían como lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad nunca prescriben independientemente de la fecha en que se hayan cometido debido a la ley 24.584 promulgada el 23 de noviembre de 1995. Y el fiscal de Casación Raúl Narvaiz agregó que la causa no podía reabrirse. Años más tarde, ya jubilado Narvaiz, el fiscal Javier De Luca impulsó una nueva presentación, argumentando que se trataba de delitos imprescriptibles y solicitando la incorporación de querellantes, entre ellos el CECIM La Plata, donde Alonso se desempeñaba como secretario de Derechos Humanos. Casación rechazó el planteo en un fallo breve, al considerar que se trataba de una sentencia firme. De Luca recurrió entonces en queja ante la Corte Suprema, que el 19 de febrero de 2015 rechazó los recursos y dejó definitivamente cerrado el caso: no eran delitos de lesa humanidad y Taranto ya había sido sobreseído. Pese a esos fallos, la causa continuó avanzando en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo del juez subrogante Federico Calvete, incorporando nuevamente al CECIM La Plata como querellante y sumando nuevos testimonios. El 18 de octubre de 2018, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que no se iniciara ni tramitara ninguna nueva investigación contra Taranto por esos hechos. La contraofensiva judicial de Taranto En septiembre de 2024, Taranto presentó una primera denuncia penal contra Alonso, Vassel y el fiscal Rapoport, a quienes responsabiliza por el armado de denuncias falsas. Tras una serie de excusaciones e inhibiciones, la denuncia fue desestimada, pero la Cámara de Comodoro Rivadavia hizo lugar a la apelación y ordenó profundizar la investigación. En diciembre de 2024, Taranto denunció la incorporación de dos nuevos testigos en su contra, Rolando Jacinto Pérez y Emilio Rodríguez, a quienes señala como ajenos a su fracción. A comienzos de 2025, presentó otra denuncia penal contra ambos, aportando documentación que -según sostiene- demuestra que nunca estuvieron bajo su mando. Esa presentación también fue desestimada en primera instancia y apelada, con nuevo fallo favorable de la Cámara. La respuesta de Alonso Consultado por la denuncia de Taranto, Alonso rechazó de manera absoluta las acusaciones y las calificó como una maniobra de impunidad, habitual en causas de derechos humanos. Por su parte Vassel no contestó las consultas de este medio. Alonso sostuvo que este tipo de denuncias cruzadas buscan desprestigiar a las víctimas, a los querellantes y a los abogados, pero que "no tienen sustento probatorio". Afirmó que las denuncias contra Taranto y otros imputados están respaldadas por "pruebas documentadas, testimoniales y archivos oficiales de las propias Fuerzas Armadas, y no por relatos armados". Mirá también Negó que se hayan fabricado testimonios o que alguien haya enviado soldados a declarar, y remarcó que los denunciantes "son excombatientes que denunciaron los hechos al regresar de Malvinas, en actas oficiales, y luego ante la Justicia Federal desde 2007". Según Alonso, existen "más de 200 denuncias, múltiples testigos y documentación desclasificada en 2015" que, a su entender, confirman los hechos investigados. En ese marco, consideró que los argumentos de Taranto -como la supuesta existencia de pagos a testigos o la utilización de personas con problemas psicológicos- son falaces, no tienen asidero y no afectan en nada la causa. Finalmente, sostuvo que los únicos denunciados con pruebas son los imputados, que cuentan con nombre, apellido, testigos y respaldo documental. Consultado sobre si fue notificado de la denuncia presentada por Taranto y si se presentará a declarar en ese expediente, Alonso respondió que no va a ir a responder. El jueves 18 de diciembre de 2025, Taranto se presentó ante la Cámara de Comodoro Rivadavia y tras ello afirmó ante este medio que la causa se encuentra en un laberinto sin salida y cuestionó la falta de investigación y de interés sobre sus denuncias. No hace falta ser juez o fiscal para entenderlo; cualquier persona con sentido común encontrará las respuestas en mis presentaciones, sostuvo. Por otra parte, apuntó a la justicia federal del sur argentino y que no quieren investigar a sus pares a pesar de toda la evidencia ya expuesta. Su expediente original llegó a los dos altos tribunales de la nación en donde fue sobreseído y agrega que los dos nuevos denunciantes no estaban a su mando y que no lo acusan de nada y afirma que fueron "implantados" por los autores de las falsas denuncias hacia su persona. Antes los nuevos casos de Rodríguez y Pérez, Taranto contestó: -Que Rodríguez, en 1982, figuraba como tirador bajo el mando del teniente Gustavo Lugo (fue un oficial de la Infantería de Marina argentina) y del sargento Mansur, sin referencia alguna a él, y que recién en 2009 empezó a incluirlo en su relato. -Que Pérez declaró en 1982 que sus jefes eran Lugo y el cabo Primero Benítez, que era abastecedor de ametralladoras pesadas MAG, y que nunca lo vinculó a él; y que posteriormente, casi cuarenta años después, comenzó a asociar su nombre a malos tratos y heridas que -según Taranto- no coinciden con su legajo ni con documentación militar de época. Apoyado en documentación castrense (todos los documentos, archivos y registros relacionados con las Fuerzas Armadas, el Ejército y la vida militar) a, declaraciones notariales y expedientes previos, encuadra ambas conductas en el artículo 275 del Código Penal, que castiga el falso testimonio agravado cuando se declara en causa criminal y en perjuicio directo de un imputado. Reconocimientos Mientras denuncia lo que define como un ensañamiento institucional, Taranto subraya que recibió reconocimientos del Congreso Nacional -uno del Senado por su desempeño en Malvinas y otro por la recuperación del cuartel de La Tablada-, además de agradecimientos de veteranos y familiares de caídos. La guerra de Malvinas, para Taranto nunca termina porque hace veinte unos años que la libra en los tribunales por denuncias falsas. Manuel de Domenico y Juan Cruz Fanego , maestría de la Universidad de San Andrés y Clarín Newsletter Clarín
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